“Made in Bangladesh”: el coste humano y la responsabilidad de las marcas internacionales

El pasado sábado 24 de noviembre, 124 personas perdieron la vida en el incendio de la fábrica de ropa Tarzeen Fashions en Bangladesh. Muchos trabajadores/as murieron al precipitarse al vacío huyendo de las llamas, los demás murieron abrasados. Tarzeen producían en el momento del incendio para grandes empresas internacionales como C&A, Walmart y Li&Fung. Este mismo año Sfera e Hipercor (del grupo El Corte Inglés) y la alemana KIK también fueron clientes de la fábrica. Es el accidente industrial más grave ocurrido en la historia de Bangladesh. ¿Pero puede llamarse realmente “accidente”?

Bangladesh es el 2º mayor productor de ropa del mundo, sólo por detrás de China. La industria de ropa es la columna vertebral de la economía del país inyectando el 80% de los ingresos por exportaciones. Los principales mercados a los que se dirige la ropa “Made in Bangladesh” son Europa (algo más del 50%) y Estados Unidos (25%).

Empresas como las españolas Zara (grupo Iditex) o El Corte inglés, la sueca H&M, la francesa Carrefour, las estadounidenses Walmart, Gap o el grupo PvH (Calvin Klein, Tommy Hilfiger), entre muchas otras marcas de moda muy conocidas, producen su ropa en las fábricas más baratas y probablemente más inseguras del mundo. La industria de ropa de Bangladesh tiene un escalofriante historial de “accidentes” que se ha cobrado la vida de casi 700 personas en los últimos 7 años. Todas las empresas anteriormente citadas se han visto involucradas en accidentes mortales causados por la falta de seguridad en las fábricas donde se suministran.

Sólo entre 2006 y 2009, 414 trabajadores/as murieron según el cuerpo de bomberos de Bangladesh. En 2010, al menos 79 personas murieron en 21 fábricas. Incomprensiblemente el patrón se repite: ausencia de salidas de emergencia, escaleras demasiado estrechas donde malamente caben dos personas, barrotes de hierro en las ventanas, equipos de extinción de incendios escasos y falta de formación a los trabajadores en su uso, fábricas atestadas de personas y de mercancías altamente inflamables, trabajadores/as a los que se les niega la salida y conmina a seguir en sus puestos.

La industria de ropa de Bangladesh ha crecido muy rápidamente en la última década. Se estima que hay entre 4000 y 5000 fábricas y entre 3 y 3,6 millones de trabajadores. Las cifras bailan ya que es habitual que las fábricas no estén registradas y que hayan emergido sin control al calor del boom de la industria; bien sea construyendo más pisos de los permitidos, edificando en áreas no adecuadas (zonas pantanosas) o reconvirtiendo edificios en fábricas sin preocuparse de adecuarlos a su nueva función. Los trabajadores de Bangladesh, el 80%-85% de los cuales son mujeres muy jóvenes provenientes de áreas rurales con escasa formación, reciben salarios de 31 €, los más bajos del mundo en la industria de ropa. Sus jornadas son de 11h/día, 6 a 7 días a la semana. Menos del 1% de los/as trabajadores/as están afiliados a un sindicato lo que dificulta pelear por mejores condiciones laborales y los que lo intentan son fuertemente reprimidos. Así, en abril de 2011 era torturado y asesinado Aminul Islam por su actividad de denuncia de la explotación laboral en las fábricas de Bangladesh.

Las empresas transnacionales que deslocalizan su producción beneficiándose de estos bajos costes laborales tienen el deber de proteger los derechos humanos de los/as trabajadores/as. Para ello es evidente que deben responsabilizarse por saber dónde y en qué condiciones se produce su ropa. Sin embargo, las marcas internacionales vienen demostrando la más absoluta negligencia al no abordar seriamente los graves problemas de seguridad en las fábricas donde subcontratan la producción lo que las convierte en trampas mortales para las trabajadoras. No basta con realizar auditorías o poner en marcha proyectos caritativos para compensar a las familias de los/as trabajadores/as muertos. No es admisible escuchar a las empresas decir que fue culpa de una subcontratación no autorizada o que no pueden controlar su cadena productiva.

La fábrica Tarzeen, había recibido visitas de firmas auditoras adscritas a la iniciativa empresarial Business Social Compliance Initiative (BSCI) en Diciembre de 2011. También Ali Enterprise, la fábrica que se incendió el pasado mes de Septiembre matando a 300 trabajadores/as, había pasado una auditoría de la prestigiosa Social Accountability International (SAI). Una vez más, las auditorías de las empresas clientes se convierten rápidamente en papel mojado pues no consiguen detectar violaciones muy graves de los estándares laborales internacionales y de los propios códigos de conducta de las multinacionales. Las inspecciones de trabajo y la vigilancia gubernamental sobre la legislación laboral son lamentablemente insuficientes e inadecuadas. Resultado: los/as trabajadores/as siguen pagando con su vida la negligencia criminal de unos y otros. La impunidad permite describir estas tragedias simplemente como “accidentes”. Todo el mundo se lamenta pero ni el Gobierno de Bangladesh, ni la patronal bengalí ni las marcas internacionales toman medidas estructurales para prevenir más muertes.

Según los principios rectores de Naciones Unidas para las empresas y los derechos humanos, las empresas deben operar con “diligencia debida” con el fin de identificar, prevenir y mitigar las consecuencias negativas de sus actividades.

Para prevenir nuevos incendios y otras tragedias derivadas de la falta de seguridad en las fábricas de ropa de Bangladesh, es preciso otorgar un papel central a la participación de los representantes de los/as trabajadores/as garantizando la libertad sindical. La red internacional Clean Clothes Campaign junto con los sindicatos de Bangladesh, el sindicato global Industri-All y organizaciones de derechos laborales de Estados Unidos y Canadá hemos desarrollado un Programa de Seguridad para las fábricas de Bangladesh que comprende inspecciones independientes y transparentes, reparaciones obligatorias de las deficiencias de construcción identificadas, revisión de todas las leyes y reglamentos de seguridad, compromiso por parte de las transnacionales de pagar precios adecuados para costear las mejoras necesarias en las fábricas y la participación directa de los sindicatos en formación de los y las trabajadoras en materia de derechos laborales, salud y seguridad. Dicho programa es vinculante jurídicamente lo que le diferencia de las políticas de RSC habituales. Ya ha sido firmado por dos empresas internacionales pero el programa no se pondrá en marcha hasta que cuatro se sumen ¿cuántas muertes más necesitan las demás empresas de moda para que se decidan a hacerlo?

Fuente: Ropa Limpia