La buseta asciende por la estrecha y sinuosa carretera hacia Toribío y un fuerte olor a marihuana entra por la ventanilla. Los cultivos están esparcidos por la ladera de la montaña, algunos incluso a pie de carretera y todos ellos iluminados por un mar de bombillas que aceleran el proceso de fotosíntesis. Los indígenas del norte del Cauca han cultivado esta planta desde tiempos ancestrales, pero ahora la producción se ha sistematizado y el objetivo es su venta al exterior.
En esta región montañosa, lastrada durante años por la guerra y el abandono estatal, muchos han buscado en el cultivo de marihuana una forma de escapar de la pobreza. Esta salida es, sin embargo, una práctica ilegal. Ahora, aprovechando la nueva legislación que permite el cultivo y venta del cannabis con usos medicinales, 52 familias de indígenas nasa del norte del Cauca han creado su propia cooperativa, Caucannabis. Juntos esperan poder cumplir los exigentes y caros requisitos que la legislación colombiana ha puesto para que el cultivo de marihuana pase a la legalidad.
Este proyecto es sólo un ejemplo de las numerosas iniciativas económicas comunitarias que los nasa han venido elaborando desde hace años. A falta de inversión, infraestructuras y fondos económicos, los indígenas han optado por la asociación y la economía solidaria y respetuosa con su territorio para tratar de salir adelante. Apoyadas por sus propias administraciones políticas, los cabildos indígenas, y complementadas por otros proyectos culturales, sanitarios y educativos, una red de cooperativas y asociaciones de agricultores y ganaderos está germinando en esta región olvidada por el Estado.
“Nosotros hemos dicho que, si el Estado no nos apoya, a nosotros nos toca buscar la manera de sobrevivir en este territorio”, declara Ricardo Gembuel, ex alcalde de Jambaló, un municipio ubicado a una hora en coche de Toribío, por un camino sin asfaltar. Ante la inacción del Gobierno para garantizar su derecho a la tierra en los resguardos, los indígenas comenzaron desde los años setenta a ocupar fincas de terratenientes y a trabajarlas de forma comunal. “Nos tocó sacarlos a ellos para poder posicionarnos en el territorio y empezar de cero y se crearon terrenos colectivos para poder desarrollar ahí nuestros proyectos comunitarios y asociativos”, explica el líder indígena.
Arrastrados a la guerra
Más allá de la falta de inversión estatal y el desigual reparto de la tierra, los resguardos indígenas del norte del Cauca han sido uno de los principales escenarios del conflicto que ha azotado a Colombia desde los años sesenta. Aquí, el sexto frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hostigó y mantuvo enfrentamientos cotidianos con las fuerzas estatales durante las dos últimas décadas hasta que declaró el alto al fuego definitivo el pasado verano. Los indígenas colombianos habían visto sus derechos políticos y territoriales finalmente reconocidos en la constitución del 91 tras años de luchas y ocupaciones de tierras. Sin embargo, la paz se mantuvo alejada del Cauca. Con el recrudecimiento del conflicto en su territorio, los nasa se vieron arrastrados en medio de la guerra entre el Estado y la guerrilla.
Aunque algunos indígenas se unieron a las FARC, las organizaciones políticas y la mayor parte de la población trataron de mantenerse neutrales. Ante la situación de violencia desatada en la zona, los pueblos indígenas respondieron con la acción de cientos de hombres y mujeres, armados tan sólo con un bastón de madera y organizados en la conocida como Guardia Indígena. “En 2001, en una situación en la que había paramilitares y asesinatos constantes, las autoridades nos llamaron a algunos para formar la guardia indígena”, declara José Albero Camacho, coordinador de la guardia de todos los resguardos indígenas del norte del Cauca.
Tras 50 años azotada por la guerra, la región se ha convertido en una de las zonas con mayores índices de pobreza y desigualdad
Esto produjo no pocos roces con ambos actores armados que acusaban por igual a los nasa y a su guardia de colaborar con el enemigo o con paramilitares, que sin embargo nunca tuvieron demasiada presencia ni en Toribío ni en Jambaló. En 1996, Marden Betancourt fue asesinado a tiros por otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en las calles de Jambaló. Era el primer alcalde del municipio elegido por un partido indígena y la guerrilla lo acusó de colaborar con grupos paramilitares.
En tiempos más recientes, tras la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia, el Estado trató de armar a los indígenas en su ofensiva total contra las FARC. Tras la muerte de varios de ellos a manos de guerrilleros mucho más preparados militarmente, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se enfrentó al Gobierno, oponiéndose a que se armara a los indígenas nasa. El vocero del CRIC en esta causa y actual alcalde de Toribío, Alcibíades Escué, fue entonces detenido y acusado también de colaborar con grupos paramilitares para ser finalmente absuelto por falta de pruebas.
“En esos días el CRIC venía promoviendo una movilización para parar el país”, explica Acibíades Escué, elegido alcalde en 2015 por el Movimiento Alternativo Indígena y Social. “El gobierno Uribe, con su fiscalía, me mandó detener porque seguramente pensaba que yo era la figura y que, deteniéndome a mí, paraban la movilización”, añade el alcalde en referencia a la marcha indígena que tuvo lugar en 2004 contra el Tratado de Libre Comercio que se negociaba por aquel entonces con Estados Unidos.
Una economía solidaria
Tras 50 años siendo azotada por la guerra, la región se ha convertido en una de las zonas con mayores índices de pobreza monetaria y desigualdad del país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Sin embargo, de forma paralela, e impulsadas ahora por las negociaciones de paz y el cese de las hostilidades, numerosas iniciativas económicas han empezado a surgir por el territorio.
Los cabildos indígenas, que desde 1991 reciben fondos estatales como una entidad de gobierno autónoma, han financiado y apoyado aquellos proyectos económicos destinados a lograr la autonomía alimentaria para el pueblo nasa. Además, todas las iniciativas responden a la cosmovisión de los indígenas y se basan en el respeto a la tierra y a la naturaleza. “La comunidad decide en asamblea unas líneas productivas para el territorio para fortalecer la economía propia”, explica Vicente Quimboa, secretario de Desarrollo de la Alcadía de Jambaló. “Las asociaciones llevan sus proyectos y lo sustentan ante la asamblea y esta decide si se les conceden los recursos”, añade Quimboa.
La Cooperativa Indígena Multiactiva de Zumbico, con 129 socios, es uno de los proyectos más longevos de la región. Tiene más de 50 años de antigüedad, tanto como el conflicto entre las FARC y el Estado. Agrupa siete empresas cooperativas que van desde una gasolinera hasta una asociación de cultivadores de fique. “Nosotros no somos como otras empresas que buscan el beneficio para ellos nada más”, explica Luis Hernando, secretario del consejo administrativo. “Por nuestros estatutos, el 20% de nuestros beneficios deben ir destinados a financiar los centros educativos del resguardo”.
A escasos kilómetros, en los territorios comunales de la vereda de Loma Gorda, varias familias de comuneros se han asociado para crear una piscifactoría. “Apenas estamos empezando desde hace un año. Vimos que la trucha era un alimento de la zona que la gente consumía y decidimos crear esto y experimentar a ver cómo iba”, explica en la propia piscicultura Julio Medina, el presidente de la asociación de ocho familias que conforman la empresa. A pocos metros, otro edificio se está levantando para albergar la nueva fábrica de lácteos, gestionada por 60 socios de forma cooperativa. La misma empresa gestiona el ganado vacuno que pasta en los prados cercanos.
La financiación es el gran problema en los primeros pasos de estos proyectos económicos. Ante los escasos recursos estatales, las donaciones por parte de ONG y el ingenio se convierten en la única salida. Los fondos rotativos indígenas son un ejemplo de lo segundo, basado en la rotación de recursos comunitarios entre las distintas familias para permitir el ahorro. “Aquí (en Jambaló) se entregan una serie de animales durante cinco años a varias familias para que obtengan los beneficios derivados de su explotación y puedan fortalecer sus propios proyectos productivos. Después, el ganado pasa a otras familias durante otros cinco años”, explica el secretario del núcleo económico, Vicente Quimboa.
Con el recrudecimiento del conflicto en su territorio, los nasa se vieron arrastrados en medio de la guerra entre el Estado y la guerrilla
De vuelta en Toribío, se encuentra una de las empresas comunitarias mejor establecidas de la región. La fábrica de zumos y agua embotellada Fxize —frío, en el idioma de los nasa— se ha convertido en un referente gracias, en parte, a la profesionalización de su equipo de administración. Como empresa comunitaria, propiedad de los cabildos indígenas, una de sus directrices es utilizar la materia prima de los cultivadores locales. Ardwin Pinilla regresó hace cinco años desde Bogotá, donde se crió y estudió, a su tierra natal, el norte del Cauca. Licenciado en administración de empresas, ahora invierte sus conocimientos en hacer avanzar esta empresa. “De unos años hacia acá se empezó a contratar personal cualificado para la parte de administración y gracias a eso en los últimos años Fxize ha crecido y en el tema de bebidas artificiales ya ocupamos el 80% del mercado de la zona”, explica Pinilla.
El proyecto nasa y la incertidumbre
Los proyectos de economía cooperativa no son lo único que caracteriza al particular plan de vida de los resguardos indígenas del Cauca. Los cabildos también gestionan sus propios sistemas educativos y sanitario. “Nosotros hablamos incluso de desaprender. No sólo ir a una escuela todos los días sino ir al campo a conocer nuestras plantas medicinales, cuándo se siembran y cómo debemos usarlas”, explica Juan David Silva, coordinador del plan de vida indígena de Jambaló. “A nosotros se nos enseñaba cuándo llegó Cristóbal Colón, qué hizo no sé qué rey o Simón Bolívar, pero no nos contaban qué hicieron nuestros caciques como Juan Tama”, añade Silva sobre el sistema educativo, en el que también se enseña el idioma propio nasa yuwe.
Por otra parte, la medicina convencional —o medicina occidental, como la llaman los indígenas— se combina con cuidados homeopáticos basados en la medicina ancestral e incluso con curas espirituales, llevadas a cabo por una suerte de sabios místicos. “Cuando uno está enfermo, si los mayores espirituales ven que su enfermedad es de cura occidental le derivan al hospital y si en el hospital no encuentran ninguna enfermedad, entienden que es algo espiritual y le mandan con los mayores”, explica Rafael Cuetia, ex gobernador indígena de Jambaló.
El proyecto de vida de los nasa se ha desarrollado en condiciones tremendamente precarias, en una situación de pobreza y un contexto de guerra. Sin embargo, la solidaridad y el apoyo mutuo de los indígenas logró sacar adelante una red de proyectos que depositaban todas sus esperanzas en la paz. “Nos queda un gran desconsuelo tras el plebiscito”, declara Irne Conda, autoridad indígena del cabildo de Jambaló. “Pero la comunidad y el pueblo indígena siempre han sido persistentes. Desde estos procesos y nuestro ejercicio construimos paz y el reto es seguir resistiendo y persistiendo”.
Fuente: El País
