Parece mentira pero es verdad. Las autoridades federales han cometido violación a los derechos humanos y como consecuencia, tendrán que pagar una compensación de: 115 millones 77 mil 809 pesos. Desde 2015, hasta septiembre del presente año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) registró que se ha pagado esa cantidad, con recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integra.
Pero…¿Quiénes son los responsables?
Son 39 casos reportados en ese periodo, en el cual se atendieron a 216 afectados y los responsables son:
- La Secretaría de Marina (Semar)
- La Procuraduría General de la República (PGR)
- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
- La Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (CNS)
- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
- La presidencia municipal de Apatzingán
- Los gobiernos de Jalisco, Baja California, Michoacán y del Estado de México.
Durante el 2015 hubo 62 víctimas beneficiadas; un año más tarde fueron 105 y en lo que va de este año se contabilizaron 49.
Además, las violaciones a los derechos humanos que se resaltaron están: a libertad personal, a la integridad, a la impartición de justicia, al acceso a los derechos que les corresponden a las víctimas y ofendidos del delito, a la vida, a la legalidad y la seguridad jurídica, a la verdad y a la debida procuración de justicia, a la protección de datos personales, a la vida privada y a la presunción de inocencia.
También están otras por detención y ejecución arbitraria, desaparición forzada, retención ilegal, tortura y tratos crueles, atentados contra la libertad sexual y privación ilegal de la libertad.
Montos otorgados
En la segunda compensación de 2015 se entregaron cinco millones 655 mil 530 pesos para una víctima directa y siete indirectas por privación de la vida.
En 2016, la misma cantidad de afectados recibieron, también por asesinato, seis millones 908 mil 587 pesos. En ambos la autoridad responsable fue la Sedena.
Existe el riesgo de que este tipo de acciones se incrementen, pues consolidaría y alargaría su presencia en el espacio público, según Jorge Tejada Montaño, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
“El Ejército, cuando sale a las calles, tiene una misión. Se le entrena no para usar su criterio (como a las policías preventivas), sino para seguir órdenes, y todos sus operativos son para aplastar al enemigo”.
Montaño dijo que la iniciativa tiene lógica, pues los soldados no quieren ser juzgados por tribunales locales e internacionales debido a sus actos, es necesario que el Senado la rechace. En caso de ser aprobada, se tendría que aclarar la temporalidad del estado de emergencia que le permite al presidente mandar a los militares a la vía pública.
