Los esfuerzos para la homologación de los informes escenifican las dificultades para conseguir una información comparable, unitaria y veraz
La elaboración del reporte de responsabilidad social corporativa implica retos como mantener el equilibrio entre lo relevante y lo anecdótico, entre la síntesis y la exhaustividad, entre lo local y lo global.
Aglutina todos los esfuerzos realizados por la compañía en el último año para afianzar su compromiso social y a nadie se le escapa, y menos a las grandes compañías, que la RSC se ha convertido en un factor de competitividad relevante.
Por este motivo, los consejos, guías y recomendaciones para la elaboración de los informes de RSC se han multiplicado como si de panes y peces se tratara, al tiempo que se ha intensificado un corriente que exige más transparencia en estas comunicaciones.
El eurodiputado y secretario general de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, afirma que esta tendencia ha dado lugar a la creación de normativas para la elaboración de reportes en varios países de la Unión Europea, como Dinamarca, Suecia, Francia y Reino Unido.
Jáuregui, que fue el responsable de la Subcomisión para el fomento de la Responsabilidad Social de las Empresas en el Congreso de los Diputados, apunta que los fondos de inversión y los analistas financieros expertos en sostenibilidad de la Bolsa de Nueva York están reclamando una homologación de los reportes de RSC y argumenta que la aceptación de una norma común para todas las empresas del primer parqué estadounidense supondría un «impulso» definitivo a los esfuerzos de unificación de estos informes.
Las empresas, además, son cada vez más conscientes de la conveniencia de realizar sus informes conforme a las especificaciones de un modelo. Como apunta José Luis Blasco, socio de Global Sustainability Services de KPMG, que se hace eco de los resultados del ‘Estudio de KPMG Internacional sobre Informes de Responsabilidad Corporativa 2008’, y asegura que alrededor del 77% de las empresas encuestadas para su elaboración utilizaba el modelo establecido en el Global Reporting Iniciative (GRI) para escribir sus reportes.
«Creo que es absolutamente indispensable que exista un reporte unificado», asegura Juan Cardona, director del Foro de Reputación Corporativa, «sin embargo, este asunto reviste un gran complejidad».
Explica, por ejemplo, que cada país cuenta con una legislación laboral propia, lo que dificulta que las empresas puedan comparar el número de contratos fijos que han realizado en el último año. Por su parte, José Luis Blasco, de KPMG, asegura que un estándar obligatorio «no es la solución» y apuesta por un modelo en el que la homogeneización sea algo más «sucinto» que las normas establecidas en el GRI. Este modelo debería cumplir dos requisitos.
Por un lado, debe contener cifras comparables para todas las empresas y, por otro, debe intentar responder a los asuntos que interesan a esa compañía en concreto. Matiza que cada compañía se enfrenta a retos diferentes e indica que el respeto a la población indígena resultará vital para una petrolera, pero una papelera prestará más atención a cómo reducir su impacto en el medio ambiente.
Jáuregui asegura que la intervención política «va a ser necesaria para la ordenación del reporte» de RSC y opina que puede convertirse en una garantía para evitar la competencia desleal.
Indica, además, que esta ordenación será una forma de impulsar las prácticas sostenibles en las empresas. Hasta la fecha la opción por la que se han decantado lamayoría de las empresas es el GRI, seguida de los principios establecidos por iniciativa de Naciones Unidas para la ordenación de la RSE, Global Compact, según explica Cardona.
El responsable del Foro de Reputación Corporativa asegura que la tendencia más innovadora es utilizar como base los diez principios de Global Compact para después distribuir los 80 indicadores desarrollados entre cada uno de estos principios.
Otras de las iniciativas para la homogeneización de los informes es la guía ISO 26000, así como los esfuerzos alrededor del Informe de John Ruggie, el relator especial de Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, que apuesta por que las empresas incorporen el respeto a los Derechos Humanos en sus políticas de RSC.