Impulsar ciudades resilientes, compactas, inclusivas y neutrales en carbono permitirá aumentar los estándares de vida de la población, impulsar el desarrollo económico, atajar la inequidad social y crisis climática, objetivos establecidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Para diversos especialistas urbanos, crear ciudades sustentables traerá dividendos políticos a corto plazo y prosperidad nacional a largo plazo. Es una oportunidad que no puede perderse, tomando en consideración que sólo 200 ciudades mexicanas tienen planes de crecimiento urbano ordenado.
Oscar Huerta, asesor político del Centro de emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), comentó que para el desarrollo sostenible de las urbes se requiere de un balance entre crecimiento económico, desarrollo social y prevención del cambio climático.
Denunció que México no trabaja en sinergia en estos tres elementos, y como ejemplo citó a las empresas privadas del sector inmobiliario que construyen viviendas alejadas de centros urbanos, apostando sólo al crecimiento económico y olvidando lo social y ambiental.
Detalló que las empresas inmobiliarias son corresponsables de la mala aplicación de la política urbana mexicana que genera pobreza, hacinamiento, falta de movilidad y segregación social.
“Las empresas son responsables de sólo buscar el beneficio lucrativo, comprando terrenos baratos para vender viviendas caras que se edifican sin conexión con los servicios básicos, alejadas del transporte y sin acceso al comercio establecido.
Esta falta de planeación urbana mexicana ha producido 6 millones de viviendas abandonadas, inaccesibles y sin servicios básicos, mientras que la población tiene una demanda de 6 millones de hogares con acceso a los servicios básicos.
Se estima que más de 50% del crecimiento urbano en México se presenta de manera informal e ilegal, de acuerdo con el Royal Institute British Architects.
Añadió que “el gobierno debe proveer incentivos al sector privado para que construya vivienda enfocada a todos los sectores poblacionales con construcciones que fomenten la regeneración urbana para todos los niveles socioeconómicos”.
Carina Arvizu, subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), detalló que el Programa Nacional de Vivienda y el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbana 2019-2024 requerirán de una participación responsable de la iniciativa privada, ya que el sector inmobiliario y de construcción son de los mayores empleadores de personas y movilizan muchos recursos económicos.
Los planes federales necesitan de sinergias de trabajo con el sector empresarial, pues el país requiere de 6 millones de acciones de vivienda, de las cuales 30% serán nuevas y 70% son hogares que necesitan algún grado de remodelación.
Explicó que la vivienda no sólo debe analizarse con un enfoque económico, sino con perspectiva social y ambiental, en concordancia con las políticas urbanas de la OCDE.
El 72.3% de los mexicanos vive en 384 ciudades y el crecimiento poblacional en las periferias urbanas crece cuatro veces más rápido que el centro de las metrópolis, provocando falta de acceso a servicios básicos, hacinamiento y pobreza.
Greenpeace México realizó una medición de presencia de contaminantes aéreos en Puebla, Pachuca, Toluca, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, resultando que sólo la capital tapatía no rebasó los límites máximos de contaminantes establecidos en las normas oficiales mexicanas de salud ambiental.
¿A qué deben apostar las ciudades?
El estudio presentado subraya que la inversión a nivel global requerida para reducir las emisiones urbanas de CO2 sería de 1.83 billones de dólares (cerca de 2% del PIB mundial) por año, pero representaría ahorros anuales de 2.80 billones de dólares hacia 2030 y de 6.98 billones de dólares hacia 2050.
El conjunto de medidas bajas en carbono identificadas en este reporte representan una oportunidad de 23.9 billones de dólares; adoptar estas acciones también equivale a crear 87 millones de empleos al 2030 en sectores primarios de la economía y 45 millones de empleos en el sector transporte al 2050.
