Las grandes compañías-coartada por la crisis su voraz actividad empresarial de la época de bonanza- han comprendido que la Responsabilidad Social Corporativa ha de trascender el simple maquillaje corporativo al que muchas estaban acostumbradas, introduciéndose en el núcleo mismo de la actividad empresarial para servir de soporte a un desarrollo empresarial sostenible en el tiempo.
La herramienta de gerencia empresarial conocida como “Triple Bottom Line”, que hace referencia al desempeño de una empresa expresado en tres dimensiones, económica, ambiental y social, está comenzando a extenderse entre las compañías, a pesar de que todavía se mantienen las prácticas arcaicas, la comunicación con los grupos de interés todavía no es lo fluida que debiera.
DEFENSA
El respeto a los derechos humanos por parte de las empresas multinacionales sigue siendo una asignatura pendiente. Así, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha publicado actualizada su guía destinada a las víctimas y a las ONG, que recoge los mecanismos de recurso disponibles en el marco de las violaciones cometidas por empresas.
El documento presenta una síntesis completa de las diversas posibilidades que se ofrecen a las víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de empresas transnacionales, comparando estas posibilidades y evaluando sus méritos respectivos. Además da fe de la profunda transformación que experimenta el derecho internacional.
Los Estados siguen siendo los principales responsables en materias de derechos humanos, pero el derecho internacional que se ocupa de estos tiene cada vez más en cuenta a los actores no estatales, especialmente a las empresas que operan en varios territorios y que el Estado no siempre logra controlar de manera totalmente eficaz.
La existencia de mecanismos de defensa para las víctimas de estos desmanes es muy necesaria. Ya en su día el Observatorio de Multinacionales en América Latina revelaba que durante los últimos años la calidad del empleo en las transnacionales españolas ha empeorado a través de un aumento de la subcontratación y que la Responsabilidad Social trata de ocultar esos impactos y violaciones a derechos fundamentales como el de la sindicalización. Es, por lo tanto, un barniz brillante pero cuajado de grietas que busca que los grupos de interés y los organismos internacionales perciba que las multinacionales han mejorado su comportamiento hacia las comunidades emergentes. Las cifras, sin embargo, están ahí; y OMAL asegura que la mayoría de las transnacionales españolas más fuertes en Latinoamérica destinan apenas un 1% de sus beneficios a programas de RSE.
Así pues, la lucha contra la corrupción precisa de nuevas armas para llegar a buen puerto y ha de ser abordada desde múltiples frentes: el marco legal y los códigos de conducta de voluntaria asunción por parte de las compañías. Un paso hacia adelante es la acción voluntaria y conjunta de las empresas, creando así un marco internacional y acuerdos capaces de regular la acción de cada empresa, facilitando la identificación de situaciones de corrupción, proporcionando herramientas para combatirlas y, sobre todo, fortaleciendo a las empresas para que, de manera conjunta, puedan eliminar la corrupción dentro del sector privado, según aseguran los autores del documento.
DEBATE
El documento de la FIDH recuerda que el debate sobre cómo mejorar la rendición de cuentas de las corporaciones multinacionales en lo que se refiere a los derechos humanos se reactivó al aumentar la preocupación, a finales de la década de 1990, sobre los impactos de la desenfrenada globalización económica en valores como el medio ambiente, los derechos humanos o los derechos de los trabajadores. En el Foro Económico Mundial de Davos de 1999, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, propuso un Pacto Mundial basado en valores compartidos en campos como los derechos humanos, el trabajo y el medio ambiente, a los que se añadió la lucha contra la corrupción en 2004. Los diez principios a los que se adhirieron los participantes en el Pacto Mundial se derivan de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
En los últimos tiempos, traslos escándalos derivados de la explotación de mano de obra infantil en sus filiales de comunidades emergentes, algunas compañías- sobre todo del sector textil- parecen haber aprendido la lección. Adidas -denostada junto con Nike con la publicación en 2003 del informe “We are not machines” de un grupo de trabajo internacional de organizaciones pro derechos humanos, en que se reprochaba a ambas compañías las pésimas condiciones laborales de sus trabajadores en comunidades emergentes- ha dado una vuelta de tuerca a su política de proveedores anunciando que ha dejado de trabajar con nueve de sus proveedores que no cumplieron con los requerimientos sociales y ambientales .
Otras multinacionales están siguiendo la misma estela. Así, Dell ha hecho público el nombre de casi la totalidad de sus proveedores como respuesta a la demanda de sus grupos de interés, fomentando de ese modo la transparencia hacia los stakeholders, uno de los requisitos básicos de una buena política de Responsabilidad Social Corporativa.
Fuente: Icnr.es
Escrita por: Beatriz Lorenzo
Publicada: 05 de Enero 2012/strong>
