Hacer política ambiental con frecuencia equivale a hacer política industrial. La ausencia de regulaciones en México sobre emisiones de Gases de Efecto Invernadero para vehículos abre la puerta a autos y camionetas chatarra de Estados Unidos, de acuerdo con las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La principal industria del país, la automotriz, sufre entonces competencia desleal y una (literalmente) sucia embestida que amenaza al crecimiento económico y a la generación de empleos.
Ni más ni menos. La exigencia al gobierno federal de expedir cuanto antes normas oficiales mexicanas de emisión de CO2 por kilómetro (en realidad, normas de eficiencia energética), tanto a vehículos nuevos como usados no deriva sólo del imperativo de combatir el calentamiento global y de mejorar la calidad del aire.
También pretende evitar un enorme daño a la planta industrial. Y no se trata sólo de la expedición de las normas oficiales mexicanas correspondientes, sino de crear la infraestructura necesaria de inspección y vigilancia para impedir que vehículos altamente contaminantes e ineficientes ingresen y circulen en el país.
En días pasados, la Secretaría de Economía expidió un nuevo decreto que flexibiliza la importación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos y Canadá, que ahora podrán tener menos de 10 años de antigüedad.
Sólo se les impondrá 10% de arancel, que es insignificante como disuasivo o como compensación por los impactos ambientales que generan. (Al menos la recaudación de este arancel debiera etiquetarse para financiar un sistema eficaz de inspección y vigilancia, si es que algún día el gobierno federal emite la normatividad correspondiente).
Se trata de autos y camionetas desechados en aquellos países por su pésimo estado mecánico, obsolescencia general, consumo voraz de combustible y ostentosas emisiones de contaminantes y de CO2.
Los subsidios a la gasolina que otorga nuestro gobierno federal hacen atractiva la importación y el uso de tales vehículos. Sin subsidio, probablemente este problema desaparecería en forma casi automática.
Algún economista podría argumentar que la importación de autos chatarra a precios bajos es una decisión soberana de los consumidores en busca de un mayor bienestar y que, por tanto, en aras de la eficiencia económica debe respetarse.
Sin embargo, sería un argumento por lo menos parcial y por lo más tramposo, ya que no consideraría los subsidios a la gasolina ni los tremendos costos externos (externalidades) e impactos en bienes públicos clave como la calidad del aire y la estabilidad climática, independientemente del efecto nocivo de tales vehículos en la imagen urbana.
El caso es que con la vía libre a la importación de vehículos usados y con los subsidios a la gasolina la frontera mexicana se ha convertido en un sumidero de chatarra rodante, que de otra forma hubiera terminado refundida en hornos siderúrgicos de arco eléctrico para la manufactura de nuevas piezas de acero. Es posible que la eliminación de la Tenencia el próximo año agrave el problema.
Ciertamente, no es viable pensar en ir contra las reglas del Tratado de Libre Comercio, pero sí es fundamental urgir a las autoridades ambientales del país a que hagan su trabajo, por años anunciado y pospuesto.
La normatividad sobre emisiones de CO2 o eficiencia energética incluso está prevista y comprometida, quizá como una de las pocas acciones verdaderamente relevantes –como instrumento regulatorio real de política pública– en el llamado PECC (Programa Especial de Cambio Climático), que ha sido la etiqueta de política climática de la actual administración.
Es claro que esta normatividad sería uno de sus escasos legados posibles, en una materia –como la ambiental– que se ha vaciado de contenidos.
Fuente: El Economista, p. 28.
Por: Gabriel Quadri de la Torre.
Publicada: 8 de julio de 2011.
