Gracias a que 34 países —incluidas 11 naciones latinoamericanas— han iniciado reformas bancarias para expandir los préstamos sostenibles, los mercados emergentes se han convertido en una fuerza mayúscula para impulsar el desarrollo y enfrentar el cambio climático, según el primer y exhaustivo Informe de Progreso Global de la Red de Banca Sostenible (SBN, por sus siglas en inglés), una organización de asociaciones y reguladores bancarios respaldada por la Corporación Financiera Internacional (IFC).
Estos 34 países representan $42,6 billones de dólares en activos bancarios —más del 85 % de los activos bancarios totales de los mercados emergentes. Algunos son más acaudalados que otros, pero todos ellos avanzaron en la fomentación de la financiación sostenible. Ocho países —Bangladesh, Brasil, China, Colombia, Indonesia, Mongolia, Nigeria y Vietnam— alcanzaron una etapa avanzada mediante la implementación de reformas a gran escala y la puesta en marcha de sistemas para la medición de resultados. En América Latina, cinco países miembros —Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú— lideran el camino.
Estas reformas requieren que los bancos evalúen e informen sobre los riesgos sociales y ambientales involucrados en sus operaciones de préstamo, y establezcan incentivos de mercado para que los bancos otorguen préstamos a proyectos ecológicos.
«Este progreso es un paso importante hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU para 2030 en aras de terminar con la pobreza, proteger al planeta y promover la prosperidad para todos», indicó Ethiopis Tafara, vicepresidente de IFC para Asuntos Jurídicos, Riesgos de Cumplimiento y Sustentabilidad. «Muestra que incluso los países más pobres pueden adoptar reformas financieras sostenibles. La SBN demostró en poco tiempo cuánto se puede lograr cuando reguladores, legisladores, asociaciones comerciales e instituciones de desarrollo colaboran para avanzar en el área de la financiación sostenible».
El informe aporta indicadores prácticos y herramientas para que los países apliquen a sus propios mercados nacionales, independientemente de su tamaño o etapa de desarrollo. Esto es importante porque facilita el aprendizaje de todos los miembros y acelera el ritmo del cambio. Se basa en un enfoque innovador de medición de resultados acordado por los 34 países miembros: un logro notable que abre caminos nuevos para medir el progreso a nivel mundial.
América Latina
América Latina representa alrededor de un tercio de los miembros de la SBN: 11 de 34 países. Cinco países miembros —Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú— allanan el camino en la región al establecer políticas y principios de financiación sostenible.
Por ejemplo, el Banco Central de Brasil aprobó una resolución obligatoria que requiere que los bancos desarrollen y ejecuten una Política de Responsabilidad Social y Ambiental, dirigida a gestionar riesgos sociales y ambientales, prevenir pérdidas por daños, y comprometerse con las partes interesadas afectadas. Colombia es considerada como un modelo de participación de las partes interesadas, con el gobierno y el sector privado alineados para respaldar el Protocolo Verde —un conjunto de directrices voluntarias sobre las mejores prácticas en la gestión de riesgos sociales y ambientales en el sector bancario.
La membresía en SBN promueve el aprendizaje entre iguales y la adopción acelerada de políticas de financiación sostenible. México y Perú tomaron como aprendizaje la experiencia de Brasil y Colombia y desarrollan con rapidez iniciativas propias de financiación sostenible.
Los cinco países miembros que lideran políticas y principios de financiación sostenible son:
Brasil:
El informe indica que la regulación de gestión de riesgos de Brasil es ambiciosa y requiere que las instituciones financieras adapten su gobernanza y sus procesos para cumplir con los requisitos. Brasil se destaca como uno de los pocos países en los que los flujos financieros hacia sectores verdes son monitoreados y se divulgan de manera pública desde 2013. La resolución del Banco Central demanda que las instituciones financieras realicen consultas con las partes interesadas, una buena práctica para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. El informe sugiere que la orientación complementaria podría esclarecer los requisitos de información, y que la divulgación podría mejorarse aún más al exigir a las instituciones financieras que difundan los flujos hacia sectores verdes a nivel corporativo.
Colombia:
El informe destaca el compromiso de múltiples partes interesadas de Colombia para impulsar el desarrollo del Protocolo Verde, un proceso que involucra a la asociación bancaria Asobancaria, así como al presidente y al Ministerio de Desarrollo Sostenible. El informe también reconoce la exhaustiva guía sobre gestión de riesgos AyS emitida por Asobancaria, que proporciona a los bancos ejemplos claros y herramientas para su implementación. El informe sugiere que el Protocolo Verde podría extenderse a otras actividades financieras, incluidas las aseguradoras y los inversores institucionales. Asobancaria, la asociación bancaria del país, también podría ampliar la orientación sobre mejores prácticas internacionales de los bancos.
Ecuador:
En Ecuador, el trayecto hacia la banca sostenible se inició en noviembre de 2016, cuando la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) emitió el Protocolo de Banca Sostenible y estableció un Comité de Sustentabilidad para ayudar a facilitar la implementación del protocolo junto con el sector financiero y otras partes interesadas clave, tales como académicos, organismos reguladores y la bolsa de valores. El Protocolo fue firmado por diez bancos, comprometiéndose estos a cumplir con sus requisitos. Dichos requisitos incluyen la implementación de sistemas de gestión de riesgos ambientales y sostenibles (AyS), el desarrollo de inversiones ecológicas y la gestión de sus propias huellas sociales y ambientales.
México:
El Protocolo de Sustentabilidad de la Banca en México es una iniciativa voluntaria impulsada por la industria, respaldada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras agencias gubernamentales relevantes, y firmada por el 97% del sector financiero mexicano. La Asociación Bancaria Mexicana (ABM) creó un Comité de Sustentabilidad con los signatarios del protocolo a fin de impartir acciones específicas para cumplir con los objetivos del mismo. El Comité de Sustentabilidad representó al sector bancario mediante un grupo de trabajo que define los Principios de Bonos Verdes para México, liderado por la Bolsa Mexicana de Valores. México es uno de los primeros países en desarrollo en comprometerse con el objetivo específico de reducir el carbono mediante el uso de tecnología limpia, y desarrolló una serie de normas y regulaciones de eficiencia energética para cumplir con dichos objetivos.
Perú:
En 2015, la Superintendencia de Banca (SBS) de Perú desarrolló el Reglamento para la Gestión del Riesgo Social y Ambiental, que describe los requisitos mínimos de evaluación de riesgos sociales y ambientales para todas las instituciones financieras del país. El reglamento provee instrucciones detalladas sobre cómo crear un cuestionario para evaluar y gestionar riesgos AyS. La SBS también emitió un documento titulado El Rol de la Debida Diligencia Mejorada en el Reglamento de Gestión del Riesgo Social y Ambiental de las empresas financieras, que define claramente el alcance de los proyectos para los cuales se deben implementar requisitos mínimos de gestión de riesgos AyS.
Comunicado de prensa.
