México cayó 28 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, al pasar de la posición 95 a la 123 de 176 países que conforman este ranking elaborado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana y que fue dado a conocer la noche de este martes.
El país obtuvo una calificación de 30 puntos en una escala del 0 al 100, en donde 0 es el país peor evaluado en materia de corrupción y 100 el mejor, lo que significa que obtuvo cinco puntos menos que en 2015, cuando tuvo una puntuación de 35.
México se mantiene en el lugar 35 de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En su informe, Transparencia Internacional destacó que «las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción».
Además, aseguró que tras esta evaluación, México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos, pues 40 posiciones separan al país de China, India y Brasil.
La organización internacional afirmó que «no basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas del país. Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes».
Para poder enfrentar el problema, Transparencia Internacional exhortó que las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos sean investigadas, perseguidas y desmanteladas.
Expresó que es necesaria una Fiscalía General de la República «capaz, autónoma e independiente» para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa y pidió apertura en el proceso de designación de su titular.
Adicionalmente, el Congreso, y en particular los congresos locales, deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y «cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local».
Además, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción, pues 19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho.
Por otra parte, en el ámbito federal las reformas en materia de adquisiciones y obra pública deben ser una prioridad, aseguró la organización.
Planteó que las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción tengan no sólo autonomía jurídica, sino independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional.
«Debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales», afirmó.
Finalmente, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.
Fuente: Milenio
