México carece de un registro sobre los ciudadanos que padecen algún tipo de discapacidad en el país y sus necesidades, así como el nivel de acceso de este sector a la salud, a la educación, al trabajo, al deporte y a la justicia, entre otros, que permita orientar las políticas públicas, se reconoce en el anteproyecto que elabora la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la Aplicación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que revela los rezagos que existen para que sean personas en el goce pleno de sus derechos.
A pesar de que México promovió y ratificó en 2007 esta convención —por lo que deberá entregar su primer informe a Naciones Unidas (ONU) en los próximos meses—, en el documento preliminar se aceptan las deficiencias legales y la falta de oportunidades en diversos ámbitos para este sector, que de acuerdo con el último censo del año 2000 ascendía a un millón 795 mil personas, equivalente a 1.8% de la población.
La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2005 reveló que 94% de esta población se siente discriminado, en un país en el que sólo 17 estados tienen ahora leyes contra estas conductas, en el que a 41.8% se le negó el trabajo por su discapacidad, y 33 de cada 100 personas de 15 y más años no sabían leer ni escribir. Aún hoy, de acuerdo con el informe de la SRE, sólo cerca de 10% de los inmuebles federales son accesibles físicamente para estas personas, que enfrentan casos, como el de las personas con discapacidad visual, a quienes se les impide ser titulares de cuentas bancarias.
En el anteproyecto de la cancillería de 258 artículos —que está sujeto a consulta de las organizaciones civiles y autoridades hasta el 7 de marzo próximo— se detallan las acciones que se han emprendido en los últimos años para enfrentar este escenario, pero también advierte los rezagos.
Texto a consulta
En el texto de la SRE se reconoce que “México no cuenta con sistemas de información específicos que permitan dar seguimiento a las demandas y necesidades de las personas con discapacidad”.
Por ello, se elabora un Sistema de Información sobre Discapacidad que podría operar en su totalidad a finales de 2012, y que permitiría identificar la oferta de servicios disponibles de salud, rehabilitación, educación, trabajo, desarrollo social, cultura, deporte y asistencia jurídica, para los diferentes grupos de edad y tipos de discapacidad.
Entre las cifras que sí existen, destaca que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha dado cauce a 163 reclamaciones y quejas entre 2008 y 2010, relacionadas con la discapacidad, ante la falta de accesibilidad en espacios públicos, educación, derecho al trabajo y trato digno, entre otros, además de 21 reclamos por conductas discriminatorias, aunque el documento no dice qué se ha hecho ante estas denuncias.
Sobre “Detección, investigación y resolución de casos de violencia contra personas con discapacidad”, sólo informa que la PGR desde 1995 tiene una agencia especial para personas con discapacidad mental, pero no informa sobre cuántos casos se han indagado, resultados y sanciones.
Entre los rezagos que reconoce la SRE para cumplir con la Convención de la ONU, es que “la legislación continúa limitando la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad, particularmente en los códigos civiles, familiares y procedimentales de las entidades federativas”.
Aunque el censo de 2000 reveló que poco más de dos quintas partes contaba con algún grado de primaria, una décima parte con algún grado de secundaria y sólo 5.5% tenía estudios de preparatoria y menos de 4% formación universitaria, a 10 años de esos datos el anteproyecto dice que en el país hay “un debate sobre la necesidad de transformar el Sistema Educativo Nacional hacia un modelo de educación inclusiva, en el que la educación regular asuma un papel protagónico con el apoyo de las modalidades de educación especial y educación indígena” y pueden pasar varios años para que se concrete.
En materia laboral el informe preliminar reconoce que los impactos de los programas que se aplican “todavía son modestos”, cuando entre 2009 y el primer trimestre de 2010 la Secretaría de Trabajo ofreció capacitación a 292 personas con discapacidad.
Fuente: El Universal, Nación, A21.
Reportero: Silvia Otero.
Publicada: 28 de febrero de 2011.
