Hace unos días el presidente Felipe Calderón Hinojosa se comprometió a reducir en 30% las emisiones de CO2 de aquí a 2020.
Esta situación se traducirá en la disminución de contaminantes que producen las dependencias, ahora bien, la medida pasará al sector empresarial con el fin de alcanzar la meta prometida. Esto se traducirá en cambios fiscales, medidas operativas (el no uso de las bolsas de plástico) e incremento en los precios de los combustibles. Esquemas que, para las empresas se traducirán en cambios operativos y administrativos, ya que las modificaciones se verán reflejadas en tecnología.
Este compromiso del Ejecutivo no sólo es un capricho, sino una tendencia mundial a la que México está comprometido bajo programas como es el Acuerdo de Copenhague. De acuerdo con Jesús González Arellano, socio de Asesoría a cargo de la Práctica de Desarrollo Sustentable de KPMG en México, varios países no se comprometen a presentar objetivos de reducción, lo cual, aunado a la falta de desarrollar los mecanismos para el financiamiento de mitigación y adaptación, se plantea que varias empresas se enfrenten a regulaciones enfocadas al efecto “obligación de reducción y venta/comercialización de bonos de carbono”, cuyos efectos se sentirán en el futuro.
El acuerdo abre obligaciones y oportunidades, lo cual puede ayudar a que muchas compañías tengan una carrera ascendente y puedan mitigar impactos relativos a inversiones requeridas. Los rubros con mayor impacto son el surgimiento de mecanismos de mitigación y los cambios en patrones de inversión en respuesta a las oportunidades que ofrecen los proyectos con bajas emisiones de carbono.
Todo parece indicar que Profeco, al mando de Antonio Morales Peña, se lavara las manos en el tema: Grupo Mall, de Julio Noval Arias, y las 156 denuncias interpuestas a ese desarrollador. Ya que notificó que fueron rechazadas 93, por considerar que fueron interpuestas fuera de tiempo. Grupo Mall comenzó a solicitar a los inversionistas el pago total de las viviendas del complejo denominado Campeche Playa, Golf, Marina, & Spa Resort ubicado en el municipio de Champotón, Campeche, sin dejar que los compradores corroboren las condiciones del desarrollo.
¿Será que todo se resolverá a favor del desarrollador de origen español? O ¿todo se irá a tribunales? La realidad es que el tema se encuentra en disyuntiva, mandando señales negativas de la certidumbre que puede existir para inversionistas extranjeros en territorio nacional. Ya sea como inversionista o como comprador.
Puede leer la nota completa dando Click sobre la imagen para ampliar
