A pesar de que en 2010 el gobierno federal prometió expulsar la comida chatarra de las escuelas, ese tipo de alimentos ha logrado echar raíces en los planteles educativos de México.
Organizaciones civiles consideran que esto se refleja en que se mantiene o incluso crece el porcentaje de menores en edad escolar con sobrepeso u obesidad. En 2012, por ejemplo, la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reveló que uno de cada tres niños de ese sector —5.6 millones de alumnos entre cinco y 11 años— tenía alguno de esos problemas.
Lo anterior, según las asocaciones, en parte se debe a que las autoridades federales no han podido verificar que los centros educativos cumplan la orden de prohibir la venta de comida chatarra.
«Hay presencia de alimentos chatarra, no hay creación de comités escolares, no hay un monitoreo desde el gobierno, y no hubo un proceso de capacitación en realidad», dijo a CNNMéxico Fiorella Espinosa, de El Poder del Consumidor.
Cambios en la estrategia
En enero de 2010, el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) presentó el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA), y reconoció: «México es el país con mayor número de personas adultas con sobrepeso en el mundo, el país con mayor problema de obesidad infantil en todo el mundo».
En aquel discurso dijo que el asunto debía atenderse «con la mayor urgencia». Sin embargo, seis meses después su gobierno señaló que no se debía prohibir la venta en escuelas de pastelillos y botanas procesadas, sino revisar porciones y contenidos.
Fue hasta 2013, ya en la gestión de Enrique Peña Nieto y con la promulgación de la reforma educativa, que se estableció en la Constitución que en las escuelas estarán prohibidos «los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos».
Entonces también se cambió el ANSA por la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Y un año después, en septiembre de 2014, Peña Nieto (2012-2018) informó de la publicación de los lineamientos generales para el expendio y la distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas.
«Los lineamientos se quedan en el papel»
El Poder del Consumidor señala que, a cinco años del lanzamiento de la primera estrategia en esta materia, «hay escuelas que no tienen conocimiento de esta regulación y por ende no es factible que se aplique».
«Los lineamientos se quedan otra vez en papel y no en la realidad», dijo Espinosa.
El propio gobierno, a través del Instituto Nacional de Salud Pública, dio a conocer en su último reporte de seguimiento (2014) que de 110 escuelas primarias públicas revisadas, en 80% aún se vendían bebidas azucaradas, y solo una tercera parte contaba con bebederos de agua, como marca la estrategia.
Más aún, hasta 80% de los directores, profesores, vendedores de alimentos y padres desconocía que existiera la prohibición de vender comida chatarra.
«Es determinante la postura de directores. Cuando tienen un interés genuino por el bienestar de los niños, sí buscan las maneras de modificar la oferta de alimentos. Luego, dentro de las escuelas sí hay un mejor control, pero sigue el comercio fuera de las escuelas», dijo Espinosa, especialista en nutrición.
También mencionó que cuando su organización ha solicitado información al gobierno, la secretarías de Salud (SSa) y de Educación Pública (SEP) han argumentado que «no tienen recursos humanos y financieros para dar seguimiento» a la aplicación de la estrategia.
¿Y las empresas?
La organización empresarial ConMéxico, que agrupa a 44 compañías de alimentos presentes en las escuelas, se comprometió en 2010 a impulsar cuatro medidas a favor de los alimentos más saludables.
Éstas fueron reformular la composición de sus productos con «mejores opciones», hacer «más clara» la información nutrimental, adoptar un «código de autorregulación» en la publicidad, y promover la actividad física y el deporte.
«La industria se ha sumado con entusiasmo a esta iniciativa, liderada por la Secretaría de Salud, porque se basa en el principio de responsabilidad compartida», dijo Jaime Zabludovsky, entonces presidente ejecutivo de ConMéxico.
Sin embargo, cuando se lanzó el ANSA, los empresarios presentaron amparos en contra de las restricciones a la venta de sus productos. Uno de los últimos fue promovido por Coca-Cola, pero en marzo pasado un juez rechazó su petición.
En un correo electrónico enviado a CNNMéxico, Ulises Albores, directivo del área de relaciones públicas de ConMéxico, dijo: «En próximas semanas daremos a conocer información relevante relacionada a las bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico».
La obesidad ‘se come’ el presupuesto
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 tiene las últimas cifras oficiales sobre el panorama del sobrepeso y la obesidad en el país, problemas que derivan en enfermedades cardiovasculares y diabetes, las cuales, a su vez, implican gastos para el sector salud.
De 1999 a 2012, la obesidad en los niños en edad escolar creció de 26.9% a 34.4%. Entre los adolescentes y jóvenes (12 a 19 años), el exceso de peso pasó de 11.1% en 1988 a 35.8% en 2012.
En la población adulta, México tuvo 35.2% de personas mayores de 20 años con obesidad, mientras que en 1988 solo había 9.5% de personas en esa condición.
Además, el gobierno advirtió en 2012 que estos problemas no solo impactan en la calidad de vida de las personas, sino que estimó que el gasto público para atender a dichos pacientes se ha disparado desde 2010.
El costo directo de atención a los problemas de obesidad pasó de 26,283 a 42,246 millones de pesos (mdp) entre 2000 y 2008, es decir, 61% de incremento. A ello se le suma el costo indirecto —por la pérdida de productividad de las personas—, que pasó de 9,146 a 25,099 mdp.
Para 2017, las autoridades estiman que los costos directo e indirecto sumarán unos 150,860 mdp.
Ante ese panorama, el gobierno ha reconocido —otra vez— la urgencia de detener el crecimiento del sobrepeso y la obesidad entre los niños y jóvenes. Y para ello, asegura, es necesario hacer realidad la expulsión de la comida chatarra de las aulas.
Fuente: CNN
