Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron la edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este instrumento registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados.
Por tercer año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC: 31 puntos. La escala del índice va de cero, la peor calificación, a 100, la mejor calificación posible. Con 31 puntos, México se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.
México obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán. Los países mejor evaluados en 2022 fueron Dinamarca (90 puntos), Finlandia y Nueva Zelanda (87 puntos), seguidos de Noruega (84 puntos), Singapur y Suecia (83 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Sudán del Sur con 13 puntos, y Somalia, el peor calificado, con 12 puntos.
Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupó la última posición. En el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia ocuparon los últimos lugares.
Análisis de los resultados de México en el IPC 2022
Los resultados de México en este índice en 2019 y 2020, ilustraban una tendencia positiva para este país en materia de control efectivo de la corrupción. Sin embargo, la ausencia de sentencias firmes para los involucrados en los grandes casos de corrupción, como Odebrecht o la Estafa Maestra, o los vinculados con el caso de Agronitrogenados en PEMEX o de Segalmex, han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio.
Pese a que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas; ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados. Cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían utilizar estas instituciones con un sesgo político-electoral.
Recomendaciones para México
—Dado que el Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de las instituciones de control, fiscalización e investigación de la corrupción en el país, México puede aprovechar su potencial y orientarlo a la sanción de los grandes casos de corrupción que han lastimado al país.
—México tiene una tarea pendiente en la recuperación de activos desviados: es una oportunidad para cicatrizar la herida social dejada por años de corrupción e impunidad.
—La estrategia anticorrupción debe poner energía en la reparación del daño a las víctimas y especialmente en la garantía de no repetición.
—Además de la protección a denunciantes y alertadores de corrupción, México debe dar garantías a quienes investigan la corrupción de que no recibirán represalias o que serán amedrentados
—El uso de la anticorrupción con fines político-electorales sigue siendo uno de los mayores riesgos para el trabajo de instituciones anti-lavado de dinero o de procuración de justicia. La autonomía constitucional de la Fiscalía General no puede ser pretexto para el abuso de poder.
—Es especialmente delicada la actuación de las autoridades mexicanas en casos de corrupción trasnacional: mientras que otros países sancionan la corrupción ocurrida en México, las autoridades locales no avanzan en estos temas.
Nota metodológica del Índice de Percepción de la Corrupción 2022
Los resultados del IPC 2022 consideran los avances y retrocesos en el comportamiento de la corrupción de los 180 países. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) agrega datos de 13 fuentes de información de 13 instituciones distintas que recopilan percepciones de empresarias y empresarios, así como de expertos y expertas en la materia de anticorrupción en los 180 países evaluados. Para que una fuente sea considerada como válida debe cumplir como mínimo con los siguientes criterios: cuantificar percepciones de corrupción en el sector público, tener una metodología rigurosa que clasifique a varios países en la misma escala, debe ser desarrollado por una institución creíble, variación en las puntuaciones, calificaciones a un número sustancial de países, la calificación otorgada debe ser de un experto del país o persona de negocios y que la evaluación se repita, por lo menos, cada dos años.
Los datos son estandarizados en una escala de 0-100, en la que 0 es igual al nivel más alto de corrupción percibida y 100 es igual al más bajo. Para que un país esté dentro del IPC, debe estar evaluado como mínimo en tres fuentes y su puntuación resulta del promedio de todas las puntuaciones estandarizadas disponibles para ese país y, si es necesario, es redondeada a números enteros. Finalmente, se calcula el error estándar y un intervalo de confianza del 90 por ciento que refleja la varianza en el valor de los datos de origen. Además, se identifican e informan los cambios en las puntuaciones del IPC que son estadísticamente significativas.
