El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU elaboró un informe en el que se muestra «preocupado» porque buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad es administrada en un ente privado como Teletón (Televisa).
Expertos de la ONU pidieron a México que investigue y procese penalmente a las instituciones que aplican esterilizaciones forzadas a niñas y mujeres con discapacidad, y que además garantice las reparaciones a las víctimas.
Esta es una de las recomendaciones más destacadas que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace en su informe sobre México, el cual fue publicado ayer viernes 3 de octubre después que la ONU examinara a México los días 16 y 17 del pasado mes.
En el informe, los expertos de Naciones Unidas también se muestran “preocupados” porque buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad es administrada en un ente privado como Teletón (Televisa).
“Al Comité le preocupa que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad sean objeto de administración en un ente privado como Teletón. Además, observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”, señala el informe de la ONU en el apartado ‘Toma de conciencia’, artículo 8.
Asimismo, el Comité instó al estado mexicano a que establezca “una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad”, y le recomienda “desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos”.
En cuanto a la esterilización de personas con discapacidad “sin su consentimiento libre e informado”, la ONU refiere que tiene conocimiento de que esta práctica se lleva a cabo en instituciones como Casa Hogar Esperanza, donde, “según fue informado este Comité, se recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas o realizadas bajo coerción a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad“.
“El Comité urge al Estado parte a iniciar procesos de investigación administrativa y penal a las autoridades judiciales y sanitarias e instituciones que recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, y a que garantice el acceso a la Justicia y reparaciones para las víctimas”, señala el informe.
Otras de las preocupaciones que muestra la ONU en su informe, es “el escaso acceso” a la justicia de personas con discapacidad de comunidades indígenas, y de mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia y abuso; y que la legislación mexicana “autorice la privación de la libertad de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial por motivo de su discapacidad”.
En particular, la ONU dice estar especialmente preocupada porque las personas con alguna discapacidad sean privadas de su libertad en instituciones psiquiátricas como parte de tratamientos médicos o psiquiátricos, por lo que plantea al gobierno mexicano dos recomendaciones:
(a) Elimine las medidas de seguridad que implican forzosamente tratamiento médico-psiquiátrico en internamiento y promueva alternativas que sean respetuosas de los artículos 14 y 19 de la Convención; y
(b) Derogue la legislación que permita la detención basada en la discapacidad y asegure que todos los servicios de salud mental se suministren con base en el consentimiento libre e informado de la persona concernida.
En cuanto al tema de la accesibilidad, el Comité recomienda adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones.
“Y diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público”.
Fuente: Animal Político
