Las desapariciones, las agresiones a periodistas y los riesgos para los migrantes indocumentados siguen como temas pendientes en la agenda.
Este 23 de octubre, México se someterá al examen periódico universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que deberá rendir cuentas sobre las observaciones que han hecho en la materia organismos de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y otros países.
México, como cada país que presenta el examen, debe rendir un informe oficial, al cual se suman dos más de forma paralela, uno de la sociedad civil organizada y otro de los organismos de la ONU que han visitado el país. Los tres documentos se presentan ante el Consejo y estados miembros, los cuales emiten sus recomendaciones.
Según el informe previo entregado por las organizaciones de la sociedad civil, entre los temas que serán revisados están los vinculados a seguridad y acceso a la justicia, agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, el arraigo, la tortura, las desapariciones forzadas, así como la exclusión y violencia hacia grupos vulnerables como los indígenas, migrantes y mujeres.
En el informe previo que la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó, el gobierno mexicano destaca avances como la reforma constitucional en derechos humanos y en materia de amparo, así como la creación de protocolos y mecanismos para regular uso de la fuerza; en ese mismo documento, refiere que las recomendaciones serán incluidas en el Programa Nacional de Derechos Humanos, que elaborará la Secretaría de Gobernación.
El EPU es un mecanismo utilizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2008 para revisar el avance o retroceso en materia de derechos humanos de los 193 estados miembros. Esta es la segunda vez que México se enfrenta a la evaluación; la primera ocurrió hace 4 años, entonces recibió 91 recomendaciones y aceptó 83.
Entre las organizaciones mexicanas que firman el informe están Centro Pro DH, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos, Tlachinollan, Cimac, Fundar, Gire y la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, que agrupa a más de 70 organizaciones.
Las recomendaciones que son emitidas por los países durante el EPU no son vinculantes, es decir que los países no están obligados a cumplirlas. Así llega México al EPU:
Periodistas y defensores de derechos humanos
El gobierno mexicano refiere que en el 2012 entró en vigor la ley y el mecanismo para su protección, el cual ha recibido 87 solicitudes de incorporación, aunque no detalla cuántas ni cómo se han resuelto.
Al respecto, 33 organizaciones de la sociedad civil (OSC) informaron a la ONU que desde el 2009 -cuando se rindió el primer informe-, las agresiones han incrementado y la impunidad permea el 98% de los casos. En 2010, documentaron agresiones contra 139 periodistas y 25 medios; en el caso de defensores entre 2009 y 2012, 44 fueron asesinados; 45, desaparecidos, y 305 sufrieron privación de la libertad. Las OSC refieren que el mecanismo no funciona, pues tiene problemas de coordinación institucional.
Seguridad ciudadana y derechos humanos
Después de las agresiones a periodistas, este fue el rubro que tuvo más recomendaciones durante el EPU anterior.
El gobierno de Enrique Peña Nieto enlista una serie de protocolos creados, tales como los lineamientos generales para regular uso de la fuerza en el 2012, la aprobación de la Ley General de Víctimas en el 2013, y -en el periodo del 2009 al 2012- la emisión de 149 sentencias judiciales por abuso de autoridad, de las cuales solo 116 fueron condenatorias. Así mismo, reconoce que aún no se ha publicado la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza Pública.
El gobierno reconoció que debe la reforma al artículo 57 del Código de Justicia militar, pero afirma que entre 2012 y 2013 un total de 231 averiguaciones previas y 180 causas penales fueron trasladadas del fuero militar al civil; no señala el avance en sentencias.
Las organizaciones de la sociedad civil reclaman que a partir del 2007 se incrementó el uso de militares en tareas de seguridad ciudadana en un 68%, por lo cual las violaciones a derechos humanos aumentaron: del 2006 al 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 7,441 quejas. También reprochan la falta de castigo para policías que abusan de la fuerza como el caso de las detenciones arbitrarias y agresiones ocurridas el 1 de diciembre del 2012 durante las manifestaciones por la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, o la represión de las protestas normalistas de Ayotzinapa, donde dos estudiantes murieron y aún no hay policías sancionados, como tampoco lo hay por la tortura sexual que -señalan- sufrieron 11 mujeres en el operativo policial de Atenco, en el año 2006.
Tortura y Desaparición forzada de personas
Sobre tortura, el gobierno de México reconoció que aún no se ha reformado la Ley Federal contra la Tortura, pese a las recomendaciones de la ONU. La CNDH ha emitido 65 recomendaciones por este delito, todas ellas aceptadas, a raíz de esos expedientes y otros casos, entre febrero y julio de 2013, y la PGR ha abierto 99 indagatorias por estos casos durante el último año.
Sobre desaparición forzada, tampoco se ha adecuado la ley federal en la materia a los estándares internacionales. El gobierno señala en su informe que en el 2012 se creó Províctima y entró en vigor la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; sin embargo, aún no cumple con emitir el reglamento para su operación. Menciona además la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas este año, dentro de la PGR, la cual fue creada de forma inconclusa.
En respuesta, la sociedad civil señaló que desde 2003 se han comprobado más de 120 casos de tortura en investigaciones de la PGR a través de peritajes; sin embargo, no hay a la fecha sentencias condenatorias.
Sobre las desapariciones, las organizaciones reclamaron falta de certeza sobre el número de víctimas de este crimen, pese a que existe la ley para crear el registro. Especifican que entre 2008 y marzo de 2012, en Chihuahua se interpusieron denuncias por 171 personas como víctimas de desaparición, pero a la fecha no hay sentencias a los responsables.
Combate a la pobreza y derechos sociales
Sobre las recomendaciones que se le hicieron en el examen anterior, el gobierno mexicano señaló que se ha mantenido crecimiento del gasto social año con año. Por ejemplo, entre 2011 y 2012 fue de 8.9%. Menciona al programa Oportunidades como uno de los principales elementos gubernamentales para acabar con la pobreza. Agrega que en el 2011, se reconoció en la Constitución el derecho a la alimentación y que creó la Cruzada Nacional contra el Hambre que busca atender a 7.4 millones de personas en pobreza extrema; sin embargo, apenas arrancó la estrategia se ajustó el número de población a atender a 3.3 millones.
Las organizaciones responden que, pese a ser reconocidos en la Constitución derechos como alimentación, medio ambiente sano, a trabajo digno, no son satisfechos. Por ejemplo casi 6 de cada 10 mexicanos están en pobreza y 2 de cada 10 en pobreza extrema; en el 2012, el desempleo llegó a 5.12% siendo los jóvenes los más afectados.
Migrantes
En el informe del gobierno mexicano, se indicó que en 2011 se reformó la Ley de Migración, despenalizando la migración indocumentada para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes. Según el documento, anualmente casi 17,000 niños mexicanos y extranjeros son atendidos en alberges de tránsito. Entre el 2009 y 2012 se consignaron a 3,793 inculpados por tráfico de migrantes, de los cuales 1,201 recibieron condena.
Las organizaciones sociales indicaron que, pese a los cambios legislativos, la migración sigue siendo atendida como asunto de seguridad nacional y los migrantes aún padecen agresiones por parte de criminales y en ocasiones de autoridades, como secuestro, extorsión y desaparición, siendo el caso emblemático la masacre de 72 migrantes en el 2010. Agregó que los migrantes arrestados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) o policías sufren extorsión, sin precisar en cifras.
«Las organizaciones señalaron que si bien en el 2011 se aprobó la reforma a la Ley de Migración que reconoce derechos de migrantes, en el 2012 se publicó un reglamento de dicha ley que da facultades discrecionales a la policía federal y agentes migratorios para realizar detenciones, lo cual ha dado lugar a abusos».
Fuente: CNN Mexico.
