Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020 es el nombre del estudio que se llevó a cabo en ocho países para mapear los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción, el cual afirmó que México sacó un 5 de 10 en combate a la corrupción.
Tal calificación coloca a nuestro país en el antepenúltimo lugar entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá, y Perú. Y aunque la respuesta del porqué pueda ser evidente, te contamos cuáles fueron los motivos que determinaron esta calificación y posición en el listado.
¿Qué es la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020?
Se trata de un estudio regional en los ocho países mencionados que a diferencia de otros esfuerzos que se enfocan en medir la corrupción o la percepción de la corrupción, este estudio se enfoca desde la práctica jurídica para analizar los esfuerzos legislativos, regulatorios y el marco institucional para prevenir, sancionar y combatir la corrupción.
Dicho documento recoge la visión de profesionales del derecho dedicados a la práctica anticorrupción de diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
¿Cómo se califica?
Este estudio aborda por cada uno de los países analizados siete aspectos muy relevantes para la lucha anticorrupción:
- Corrupción en el sector público y privado.
- Mecanismos de denuncia y protección a denunciantes/alertadores.
- Autoridades especializadas.
- Mecanismos de coordinación institucional.
- Participación de la sociedad civil.
- Transparencia.
- Acceso a la información.
La información obtenida mediante dos cuestionarios completados por las firmas de los integrantes del Lawyers Council y la comunidad jurídica de los países participantes, se dividió en tres categorías: Legislación, implementación y autoridades.
Con esta información y de acuerdo con la metodología desarrollada, se calculó la calificación final en una escala del cero (0) al diez (10), donde cero es la calificación más baja y diez la más alta.
¿Cuánto obtuvo nuestro país? 5.51 puntos, calificación reprobatoria. Mientras Chile obtuvo la calificación más alta y Guatemala la más baja.
México saca un 5 de 10 en combate a la corrupción
Según el estudio y un artículo de El economista, nuestro país destaca por la falta de implementación de la norma derivada de una baja capacidad institucional y una alta influencia política en autoridades anticorrupción. ¿Por qué?
1. Preocupación por la corrupción del pasado
Los expertos participantes en el informe advierten que a pesar de que una de las banderas de la administración actual es la lucha contra la corrupción, la voluntad política tiene mucha influencia en este aspecto, pues mencionaron que:
Existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos de funcionarios actuales.
2. INAI Y SFP, órganos poco eficaces
Aunado a que se identificó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un órgano eficaz para la prevención de la corrupción a través de las políticas de transparencia, y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la menos eficaz.
3. Difícil aplicación de leyes y regulaciones
Curiosamente, la medición señala que, en el caso de México, obtuvo la segunda mejor calificación (9.05) en materia de legislación para combatir la corrupción, sin embargo, ha sido complicada la aplicación de una o más de las leyes o regulaciones anticorrupción, lo que se deriva de falta de especificidad, claridad o definición en relación con otras legislaciones o regulaciones.
4. La existencia de excepciones
El documento añade que aunque en nuestro país existen mecanismos de prevención de la corrupción al interior de la administración pública, como Políticas y procedimientos para identificar y gestionar conflictos de intereses o medidas que requieran a los funcionarios públicos rendir declaraciones patrimoniales, hay casos como en las contrataciones públicas, donde la autoridad busca excepciones para llevar a cabo adjudicaciones directas, lo cual es un espacio importante para la discrecionalidad y la corrupción.
5. Falta de obligación del sector empresarial
Se subrayó que mientras en México personas jurídicas de carácter privado pueden ser sujetos de la responsabilidad administrativa, penal y civil, existe un área de oportunidad para obligar a las empresas a implementar programas de cumplimiento y políticas anticorrupción.
6. Sistema de denuncia insuficiente
En materia de denuncia, se dijo que, pese a que existen medios y mecanismos para que los ciudadanos presenten denuncias por corrupción, tanto en la vía administrativa como en la penal (inclusive, de manera digital), “este marco de protección a informantes o denunciantes es insuficiente, y debería operar a nivel nacional, de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción, y no ser funcional únicamente para el ámbito de aplicación de la Secretaría de la Función Pública federal”.
7. Falta de compensaciones económicas
Además, no existe en México la previsión de compensaciones económicas por la realización de reporte o alerta, ni por la recuperación de activos del Estado como consecuencia de las denuncias o alertas de ciudadanos.
8. Falta de nombramiento de los magistrados anticorrupción
Sobre las autoridades especializadas en materia anticorrupción, los expertos mostraron preocupación por la falta de nombramiento de los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De manera particular, mencionaron que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública trabajan “a petición del presidente”.
9. Ineficiencia de dependencias
Por último, el análisis subraya que pese a que en la Constitución y en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, está previsto un mecanismo de cooperación y coordinación interinstitucional para prevenir, combatir, investigar y sancionar la corrupción, denominado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que está conformado por diversas dependencias federales, “el SNA no ha operado a plenitud ni con plena eficiencia en los últimos 2 años por falta de voluntad política, aunque la Secretaría Técnica de este sistema ha presentado avances”.
Si bien las observaciones que ha hecho este estudio no resultan un misterio para quienes somos testigos de la corrupción en México, es preciso que el ejecutivo considere hacer cambios en su estrategia en combate a la corrupción.
Y uno de los obstáculos para lograrlo, además de las mencionadas, es la posición adoptada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ejemplo de ello es su reciente postura frente a las investigaciones realizadas por el equipo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
¿AMLO contra la corrupción o contra los errores de su estrategia?
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) es una organización no gubernamental de México dedicada a realizar investigaciones periodísticas, académicas, litigios estratégicos, análisis y comunicación contra la corrupción y la impunidad en su país.
Durante la «Mañanera» del 12 de mayo, el Presidente López Obrador aseguró que “Mexicanos a favor de la corrupción”, como él la llamó, recibe 2 millones 500 mil dólares de la Embajada de Estado Unidos, para “atacar” a su Gobierno.
Ante ello, Sergio López Ayllon, integrante de dicha asociación civil, afirmó:
Al gobierno del Presidente Peña Nieto le molestaron las investigaciones realizadas por el equipo del MCCI; ahora le molestan al gobierno del Presidente López Obrador. Denunciar actos de corrupción con evidencia incomoda al poder. Nosotros podemos dar testimonio de ello.
Sergio López Ayllon, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Por lo que recientemente MCCI ha acusado a AMLO de falsear información y persecución política:
Exhibir desde la tribuna del Presidente de la República documentos fiscales con datos sensibles es inconstitucional. Viola el artículo 6º apartado A y 16, segundo párrafo de la Carta Magna, el principio de reserva fiscal y diversos artículos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Y añadió: “Las reiteradas acusaciones proferidas esta mañana son falsas y constituyen un uso indebido de información protegida por la Constitución y las leyes”. MCCI sostuvo que al ser utilizada la información fiscal por quien es autoridad se vuelve un acto de acoso e intimidación que transgrede los límites de libertad de expresión.
La organización indicó que los recursos con los que opera provienen de agencias de desarrollo internacional, de fundaciones e instancias privadas al amparo de las leyes mexicanas y en congruencia con su objeto social, que es la investigación aplicada, periodística y jurídica sobre las causas, mecanismos y costos de la corrupción, así como de la promoción del Estado de derecho.
¿Será oportuno que el presidente de la República que siempre ha liderado con una bandera «contra la corrupción» enfoque su atención en una asociación civil alegando «un complot» mientras que la estrategia que ha tomado simplemente está resultando ineficaz e insuficiente a la vista de cualquiera?
Hoy México saca un 5 de 10 en combate a la corrupción en un estudio a nivel latinoamericano, y nuestro presidente argumenta que la supuesta corrupción de su Gobierno tan solo se trata de una campaña en contra de su administración. Que no nos extrañe reprobar de nuevo en el estudio del siguiente año… ¡Que viva México señor presidente!
