Si bien, tras la promulgación de legislación agresiva contra ESG por parte del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que prohíbe la exclusión de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en los contratos estatales, podría parecer que el movimiento anti-ESG está ganando fuerza, esto puede ser solo una apariencia superficial.
En algunos estados controlados por el Partido Republicano, que se opone firmemente al movimiento de inversión responsable, están surgiendo divisiones en su postura contra las inversiones centradas en ESG. Parece ser que no todos en el partido están de acuerdo en que dejar de lado las preocupaciones ambientales y sociales sea lo mejor para la economía del país, según informa Bloomberg.
¿Qué es ESG y por qué lo atacan?
La inversión ESG, también conocida como inversión responsable, ha sido objeto de llamados de diferentes organismos internacionales para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, que contribuyen significativamente al calentamiento del planeta.
Sin embargo, en los últimos meses los republicanos han emprendido una agresiva cruzada contra ESG bajo argumentos de que obstaculiza las ganancias y prioriza factores como el cambio climático y preocupaciones de justicia social. No obstante, varios especialistas en el tema han tachado tal argumento de falso.
Brandon Owens, vicepresidente de sostenibilidad en la consultora Insight Sourcing Group, sostiene que a medida que las empresas y los inversores se den cuenta de la importancia de considerar los riesgos y oportunidades relacionados con el medio ambiente, la sociedad y el gobierno corporativo, la ESG se convertirá en un factor central en las decisiones financieras y de inversión.
La visión de Owens sugiere medida que los riesgos ambientales y sociales se vuelven más evidentes y relevantes en el panorama económico, se espera que las evaluaciones de riesgo financiero integren cada vez más estos aspectos en lugar de tratarlos como entidades separadas.
Republicanos no están seguros de ir contra ESG
En el caso específico de Indiana, se devolvió un proyecto de ley anti-ESG. El operador de pensiones del estado estimó que, de implementarse, costaría a los jubilados aproximadamente 7 mil millones de dólares durante la próxima década. Esto implica que los jubilados podrían perder esa cantidad de dinero si se lleva a cabo la legislación anti-ESG.
Por otro lado, en Kansas, el jefe de los fondos de pensiones estatales expresó su preocupación acerca de una propuesta que estaba siendo considerada inicialmente. Según él, de ser aprobada, los rendimientos de los fondos de pensiones se verían reducidos en aproximadamente 3.600 millones de dólares. Esto indica que los beneficios futuros que los fondos de pensiones podrían generar para los jubilados se verían afectados negativamente.
Divisiones dentro del movimiento anti ESG
Pero la reacción agresiva ante la campaña anti-ESG en algunos estados más pequeños, liderados por republicanos, resalta la división dentro del propio partido. Mientras que algunos funcionarios apoyan la idea de que los políticos no deben intervenir en las decisiones empresariales ni imponer restricciones o regulaciones que limiten la forma en que las empresas operan, otros conservadores con una mentalidad fiscal están preocupados por los posibles costos para los contribuyentes. Esta división plantea preguntas sobre si la cruzada anti-ESG está perjudicando más que beneficiando a los estados.
Bob Nicholas, republicano y presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes del estado de Wyoming, cuestiona si las acciones tomadas podrían tener consecuencias no deseadas y perjudiciales para el estado. Plantea la preocupación de que al imponer restricciones estrictas a las inversiones basadas en factores ESG, el estado podría perder dinero y la capacidad de obtener los mejores productos al mejor precio.
En febrero de este año, los legisladores de Wyoming rechazaron proyectos de ley que proponían que los administradores de dinero solo tuvieran en cuenta aspectos financieros al hacer inversiones, sin considerar otros factores como el impacto social o ambiental de una empresa. La propuesta también se oponía a la idea de evitar firmar contratos con empresas que no apoyaran ciertas industrias específicas, como la industria de las armas de fuego o los combustibles fósiles.
Esto significa que defendían la libertad de las empresas para elegir en qué industrias desean operar y no querían imponer restricciones a las relaciones comerciales basadas en las posturas de una empresa con respecto a estas industrias.
Movimiento anti ESG se fortalece
En Texas y Florida, estados gobernados por republicanos que podrían aspirar a la presidencia en 2024, el movimiento anti-ESG se fortalece, con propuestas adicionales en consideración en ambas cámaras estatales. En este contexto, BlackRock Inc., la empresa de gestión de inversiones más grande del mundo, y su CEO, Larry Fink, han sido fuertemente criticados por su aparente apoyo excesivo a causas ambientales que podrían afectar los rendimientos de las empresas.
En 2021, Texas aprobó una ley que prohibía que los fondos de pensiones invirtieran directamente en acciones de bancos y gestoras de activos que se consideraran discriminatorias hacia la industria de los combustibles fósiles.
Mientras tanto, en Florida, como mencionamos al principio, los legisladores están avanzando con un proyecto de ley que prohíbe considerar intereses sociales, políticos o ideológicos al invertir fondos públicos. Aunque se ha señalado que puede haber un aumento en los costos administrativos para las agencias estatales y los gobiernos locales, no se han proporcionado estimaciones detalladas.
Por otro lado, en Indiana, el órgano de control presupuestario estima que una propuesta anti-ESG tendría un costo de $6.7 mil millones durante la próxima década. También se están observando divisiones en otros estados en contra de la inversión ESG. En Arizona, los tesoreros de 14 de los 15 condados han enviado una carta abierta a la legislatura, instando a los legisladores a no aprobar dos proyectos de ley que, según ellos, «politizarían nuestro proceso de contratación pública en detrimento de nuestra economía estatal y de los contribuyentes de Arizona».
La falta de consenso y la ambigüedad en torno a las políticas ESG generan debates sobre cómo equilibrar las preocupaciones financieras con las ambientales y sociales. A medida que este debate continúa, legisladores y expertos en derecho comercial, como Jill Fisch de la Universidad de Pensilvania, resaltan la importancia de distinguir entre políticas basadas en una gestión de riesgos prudente y aquellas con motivaciones políticas, con el fin de tomar decisiones informadas y equilibradas.
