Mujeres del D.F encubren la violencia de género

A poco más de dos años de la publicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 82% de las capitalinas que sufren agresiones por parte de sus cónyuges o parejas sentimentales no lo denuncian.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), elaboradas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el Distrito Federal sólo 18% de las mujeres casadas o en unión libre que han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja han levantado una denuncia formal.

La misma encuesta señala que 46.2% de las capitalinas de más de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia –emocional, física, económica o sexual–.

Lourdes Enríquez, abogada del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), aseguró que este 18% de mujeres “son las que más educación tiene” y por eso se atrevieron a interponer la denuncia. El resto no lo hace, ya sea por miedo o por ignorancia”.

Enríquez afirmó que no hay información suficiente acerca de la ley que protege a la mujer de ser violentadas y que “falta que la gente se entere de que el gobierno del DF tiene la infraestructura para ayudarlas”.

El especialista en Derechos Humanos de la Universidad Panamericana Miguel Ángel Lugo coincidió en que la desinformación, sobre todo acerca de los refugios que operan en la capital y la ayuda que debe proporcionar el gobierno.

“Si usted no tiene información acerca de estos centros de atención o de información, pues difícilmente se animará a hacer la denuncia, porque sabe que está durmiendo con el enemigo”, aseguró Lugo.

Aunque las mujeres lo desconozcan, la ley, en su capítulo quinto, establece las características que deben tener las casas de emergencia y los centros de refugio para mujeres víctimas de violencia, así como el tiempo que pueden estar allí y qué servicios deben prestar.

La investigadora del PUEG agregó que tampoco existe el acompañamiento necesario para las mujeres que se deciden a denunciar. “Si no les das apoyo y refugio, se están jugando la vida (…); si no les diste la atención, como debía ser cuando denunciaron, acaban asesinadas por sus parejas”, subrayó la también investigadora.

El Inegi reportó que durante 2007 se registraron 627 muertes de mujeres, de las cuales 54 fueron suicidios y 106 homicidios, que en 70% de los casos se sabe que fue perpetrado por algún familiar.

El otro problema detectado dentro de esta ley es la falta de sensibilización del Poder Judicial. “Se ha ido muy lento en sensibilizar a los jueces, a los agentes del Ministerio Público, a todos los funcionarios del Distrito Federal que ven esta ley como un aumento a su carga de trabajo”, afirmó Enríquez.

En el Ministerio Público hay hombres muy “machines” que son violentos en su casas, “y al ver una mujer allí les refleja cómo se ven; entonces, les ponen trabas o no les dan entradas a sus denuncias”, indicó.

Por lo tanto, el problema no es la asesoría sino llegar al Ministerio Público, donde “si el funcionario no se comporta también hay que denunciarlo” y hacer visible la resistencia en el poder judicial.

Con sólo una llamada, las mujeres agredidas de forma grave por algún familiar pueden ser “rescatadas” y albergadas en casas de emergencia, en donde, además de protección de las autoridades locales, reciben herramientas físicas y emocionales para nunca más permitir un abuso.

Dichos espacios, coordinados por la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, de la Secretaría de Desarrollo Social, funcionan de manera “confidencial”, casi secreta, ya que deben ser refugio para aquellas que son perseguidas por sus agresores.

Tras recibir el reporte, que las afectadas hacen vía Locatel 5658 1111, el personal va en minutos por ellas y en silencio las liberan del agresor.

Mientras tanto, solicitan al Ministerio Público su protección judicial por un plazo de 72 horas, en lo que se relaja la tensa situación doméstica y se planea el apoyo a la mujer y sus hijos, quienes también son protegidos.

María Jiménez, titular de dicha dirección, explicó a Excélsior que, pese a lo estratégico que resulta el programa, se han topado con la resistencia de algunos jueces o magistrados que “todavía no creen en la peligrosidad de ciertos agresores” al resistirse a otorgar la protección a la mujer.

Quienes son acogidas por el gobierno local son atendidas con terapia emocional y apoyo económico que, aunque resulta simbólico, las dota de herramientas para construir una vida libre de violencia.

Desde hace dos años, cuando entró en vigor en el DF la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (el 8 de marzo de 2008), se puso en marcha un seguro que las dota, mensualmente, de mil 500 pesos.

“No es una beca para pobres, es un apoyo para que las mujeres se alejen del agresor, sumado a la terapia emocional y el inicio de un proceso jurídico para separarse del agresor”, precisó Jiménez.

Además, buscan engancharlas a proyectos sociales del GDF que las motiven a superarse. “Regresar con el agresor después de haber pasado por el sistema de atención significa estar fortalecida para armar una defensa. Cuando las mujeres llegan ni siquiera saben que la violencia no es natural, la mayoría alimentan el mito de haber provocado la situación”, aseguró.

Conforme a estudios hechos por la dependencia local, el ámbito familiar sigue siendo el principal espacio en donde las mujeres padecen los índices más peligrosos de violencia.

Por ello, la dependencia local también trabaja con las personas generadoras de violencia, en grupos de terapia grupal, mediante un modelo psicoeducativo que los ayuda a reconocer el daño que causan y obviamente a atenderlo para evitarlo.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el DF fue publicada en la Gaceta Oficial del DF el martes 29 de enero de 2008 y cobró vigencia el 8 de marzo del mismo año:

Su objetivo es establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, así como a establecer la coordinación interinstitucional para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla.

Esta ley identifica la “misoginia” como las conductas de odio contra las mujeres, por el hecho de serlo.

Califica la “violencia contra las mujeres” como toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, busque un daño o sufrimiento físico, sicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres.

Los principios rectores de dicha ley son: respeto a la dignidad de las mujeres; su libertad y autonomía; la no discriminación, la equidad de género; y la transversalidad de la perspectiva de género.