¿Necesaria una ley de responsabilidad social en México?

Erika Barón

El pasado 21 de septiembre el senador Germán Martínez Cazares, perteneciente al grupo parlamentario MORENA, presentó una iniciativa para crear la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, que pretende regular y verificar el cumplimiento social del sector en México.

Al respecto, expertos en la materia consideraron que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) parte de la premisa fundamental de que es voluntaria y debe ir más allá de las obligaciones legales, respetando el marco legal ya existente.

¿Qué implicaciones contempla esta ley?

En entrevista para Expoknews, Adalberto Méndez López, Business & Human Rights Counsel de la firma Ecija Abogados y asesor en la realización de esta iniciativa, indicó que los puntos más relevantes para la implementación de esta ley contemplan:

1. Primer ordenamiento en México y América Latina en regular la responsabilidad empresarial por violaciones a derechos humanos, en concordancia con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, de Naciones Unidas.

2. Crear un Registro sobre responsabilidad empresarial, para fiscalizar el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos y RSE, así como para dar fe de la reparación efectiva de daños cometidos por las empresas hacia terceros.

3. Le confiere a la RSE un valor jurídico relevante al “normar adjetivamente” el mandato constitucional sobre la materia originado del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Incorpora al arbitraje y a la mediación como forma para dirimir controversias en la materia, en concordancia con las Reglas de La Haya sobre Arbitraje que involucren empresas y derechos humanos,

5. Incorpora una visión de prevención de riesgos mediante la implementación de mecanismos de control y cumplimiento en materia de derechos humanos, transformando a su vez a la RSE con un mecanismo eficiente de control y mitigación de daños y no sólo como un instrumento de reputación corporativa.

Por otro lado, las sanciones abarcan desde multas y apercibimientos administrativos, así como clausuras y sanciones penales. Es decir, la ley clasifica las sanciones en leves y graves (Art. 51) y equipará algunas conductas a delitos.

El también abogado detalló que éstas van desde la simulación de programas de responsabilidad social a sanciones en materia de derechos del consumidor (Art. 32 Ley Consumidor) o el incumplimiento en materia de reparación de daños, equiparando ciertas conductas a delitos (Arts. 16 y 17), tales como delitos contra el consumo y la riqueza nacionales y falsedad en informes dados a una autoridad (Arts. 247 y 251, Código Penal Federal, respectivamente).

“Hoy en día no existe ninguna normativa secundaria a nivel constitucional que regule este requisito constitucional de las empresas, es una ley que busca derivar y llevar a cabo una omisión regulatoria que existe desde la década de los 80 que fue cuando se incorporó a la constitución”, resaltó Méndez López.

Agregó que la ley también busca ser el primer instrumento de México en incorporar y armonizar los principios rectores de empresas, los derechos humanos de Naciones Unidas así como la Guía de Conducta Empresarial Responsable de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Además, busca implementar mecanismos de control y cumplimiento en materia de riesgos asociados a los derechos humanos por actividad comercial o empresarial, y no sólo eso, en caso de que la empresa falle en el cumplimiento de los mismos se podrán generar los mecanismos adecuados de reparación de daños.

“Si la ley llega a ver la luz, es importante que ésta sea un mecanismo para saber qué empresas cumplen o no cumplen con las obligaciones en materia de derechos humanos”, puntualizó el asesor de Germán Martínez.

¿Qué sigue para esta iniciativa?

Informó que la iniciativa ya cuenta con registro y se turnó a la Comisión de Economía y a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para su estudio, por lo que se espera que el próximo año “tome fuerza” e inicie un ejercicio parlamentario en el que se involucre al sector empresarial, la sociedad civil y la academia.

El proceso de una iniciativa de ley contempla su presentación ante la mesa directiva del Senado de la República y su publicación en la Gaceta para dar constancia, luego se turna a las distintas comisiones pertinentes y se asigna número de registro, y al término del análisis en el Senado se envía a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación.

Adalberto Méndez mencionó durante la entrevista que la recepción de esta iniciativa ha sido buena; “tuvimos una invitación por parte de la oficina de la Agenda 2030 de Presidencia para platicar y la directora se expresó bastante bien de la iniciativa, también hay interés de despachos, de la Asociación de Bancos de México (ABM) así como de grupos académicos”.

En Expok buscamos a Gemma Santana, directora general para la Agenda 2030 en la Oficina de Presidencia del Gobierno de la República, sin embargo por motivos de agenda no pudo ofrecernos su postura.

El especialista aseguró que en la actualidad existe una resistencia de los abogados de las empresas al tema de derechos humanos, y por el contrario se cree que el tema es ajeno a éstos, “la educación legal de este país ha llevado a eso”.

Destacó que en México hay una falta de educación al respecto, “la oferta en el país es escasa sobre empresas y derechos humanos, sólo existen tres escuelas que abordan el tema y, por otro lado, el tema tampoco es fácil para un abogado de derechos humanos pues difícilmente entienden cómo se gesta un negocio.

Subrayó que México no está preparado para una ley de esta procedencia; sin embargo, “el reto está ahí, tampoco puede ser argumento para decir que no la presentamos, al contrario, que la presentación sirva para obligar a la discusión, para provocar la actualización de planes de estudio, que sirva para generar un nuevo perfil de profesionales que comprendan el ámbito de derechos humanos y el de las empresas”, culminó.

“En México se estaba construyendo un Plan Nacional de Acción sobre empresas y Derechos Humanos desde 2014 y en 2017 se detuvieron las negociaciones y ese trabajo se fue a la basura”, puntualizó.

Agregó que al asesorar a German Martínez sobre este proyecto se discutió la necesidad de rescatar este trabajo, “en los transitorios se menciona la necesidad de rescatarlos para que México pueda por fin publicar el suyo e implementarlo como política pública, ya hay tres países de AL que tienen un plan (Colombia, Estados Unidos y Chile) y México no puede quedarse atrás”.

La propuesta prevé la elaboración de un Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos de carácter anual entre la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se encuadre dentro del Plan Nacional de DDHH.

Recordó que otros países europeos como Alemania, Suiza y Holanda ya están trabajando en leyes similares y refirió el compromiso de la Unión Europea y la Comisión Europea de Justicia de introducir reglas para la debida diligencia obligatoria corporativa sobre el medio ambiente y los derechos humanos en esa región, misma que prevé su promulgación hacia 2021.

¿Qué opinan los expertos?

Académicos y expertos en RSE coincidieron en que es importante verificar y cuantificar el cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas, pero la implementación de una ley que rija esta temática no es viable, por el contrario podría significar un retroceso en la materia pues se trata de un tema voluntario y de compromiso.

Miguel Ángel Santinelli Ramos, director de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac y del CLARES, señaló la importancia de un programa de responsabilidad social empresarial que sea verificable y cuantificable pero que además esté alineado a la estrategia y operación de la empresa u organización, donde se encuentran las fortalezas para implementar un programa en la materia.

“Hoy en día, al ser voluntario, las empresas cada vez lo hacen de manera más natural, es decir, invierten esos recursos pero también miden el retorno social de la inversión y eso genera una sinergia muy interesante acerca de esta visión socialmente responsable”, agregó.

Señaló que el trabajo de los legisladores es hacer leyes y las leyes tienen que establecer atribuciones y diferentes formas para regular la conducta de los seres humanos frente a lo social, económico y lo ambiental.

No obstante, “solamente Perú tiene una ley de RSE («Perú Responsable» Decreto Supremo Nº 015-2011-TR) y es como un distintivo obligatorio que necesitan las empresas,  entonces no creo que sea una ley que aporte mucho valor”.

Consideró que los temas de RSE al ser voluntarios deben continuar con ese esquema “hay experiencias previas en los casos de organizaciones de la sociedad civil que cuando las auditorías son selectivas se pueden utilizar como instrumento de control más que de impulso o promoción”, informó.

El experto dijo a Expok que México ha madurado en temas de RSE, pues pasaron de ser temas filantrópicos a ser temas de generación de valor compartido y ésta es una iniciativa que no viene a abonar los esfuerzos que han hecho las empresas.

“Por ejemplo, si mi programa de responsabilidad social es ir a reforestar y soy un despacho de abogados no tiene nada que ver con lo que hago en el despacho de abogados, pero si habla de acercarme a grupos vulnerables para poderles dar asistencia jurídica, creo que ahí se está alineando el programa de RSE con la empresa y entonces esto se convierte en un ganar ganar”.

En Expok nos dimos a la tarea de buscar al Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) para conocer su postura sobre la necesidad de una ley de responsabilidad social y, en específico, sobre esta iniciativa, sin embargo, decidieron declinar a la petición respondiendo que por ahora no tienen ninguna postura sobre el tema. 

Paola Selene Vera Martínez, profesora titular de la facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, opinó que se debe hacer un mapeo para evitar riesgos como la implementación de infracciones que no sean justas. ”No es algo punitivo sino algo que apoye a las empresas, pues ayuda a que éstas tengan mayor credibilidad”.

Indicó que la presentación de esta ley ha evidenciando que no es un tema nuevo para México, “hay un trabajo previo, la recomendación de la CNDH en 2019, donde se señala la necesidad de alinear otras leyes, que debe ser transversal, coherente”.

Por su parte Alejandro Sosa, director de la Iniciativa Gemi, organización empresarial no lucrativa comprometida con el medio ambiente, la salud y la seguridad, resaltó que México “no está preparado para enfrentar una ley de esta naturaleza en los términos que se están planteando, pues ofrece subjetividad e incertidumbre. Los sistemas de administración social no existen, y no se puede, es como si quisieras regular el amor y decir que ahora todos se van a amar a fuerza y deben presentar un comprobante”.

“No existe de forma legal ningún ejercicio en el mundo que pudiera equipararse a este ejercicio que se pretende a través de esta iniciativa, porque lo que tendríamos sería un efecto contraproducente”, enfatizó.

Detalló que durante el análisis se puede encontrar sobreregulación, subjetividad e inviabilidad en la aplicación así como un uso generalizado de las Secretarías tanto para la verificación como para el seguimiento a través de la entrega de reportes.

“Por ejemplo, hay una figura de un auditor externo con experiencia de 5 años, en la parte social como la administrativa, que en ninguna parte del documento señala que sea exclusiva para para las grandes empresas, somos millones no sé qué va a hacer la secretaria revisando esa cantidad de reportes en su archivo electrónico. Esta ley representa una fuente de litigio en términos de responsabilidad para las empresas e incluso para los servidores públicos”, finalizó.

Pese a que el senador Germán Martínez apunta en su propuesta que “no es intención rivalizar con el sector privado, sino modernizar la gestión empresarial”, las primeras reacciones a esta iniciativa son de opiniones encontradas y piden que se revise a detalle por todos los actores involucrados antes de su aprobación.