No más Bangladesh

Por Josep Maria Canyelles

La tragedia de la fábrica textil de Bangladesh, con más de 1.000 personas muertas, reabre el debate de la responsabilidad de las marcas.

El interés de las compañías del textil para usar los trabajadores tiene un precio: el sueldo mínimo más bajo del mundo: 29 euros al mes

Alimentarnos y vestirnos… Los sectores alimentario y textil siempre están en el punto de mira y cada vez serán más, ya que todo el mundo es más consciente de los impactos enormes en un buen grupo de grupos de interés, ¡incluidos nuestros cuerpos!

Las grandes multinacionales de estos sectores van siempre buscando el mejor lugar para producir. Compañías con enormes beneficios huyeron hacia Bangladesh cuando los costes laborales en China empezaron a subir. Y en el caso del textil, la deslocalización permanente es incomparablemente sencilla en comparación con otros sectores. Es muy fácil poner unos cientos de trabajadores ante una máquina de coser en una nave industrial. Pero el precio social de la moda es, en palabras del nuevo Papa Francisco este Primero de mayo, trabajo esclavo.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tiene un lugar destacado en todas las grandes marcas y desde hace años publican informes anuales. La pregunta recurrente es si con este episodio la Responsabilidad Social Corporativa entra en crisis. Pues sí y no. Podemos encontrar los dos puntos de vista:

a) No porque algunas compañías realmente aplican seriamente la gestión de la RSC, con compromisos, objetivos de mejora permanente, y auditorías externas. Y ante los incumplimientos aplican planes correctivos a los proveedores, y después de un plazo se repite la auditoría y algunas quedan descartadas. Pero difícilmente podían prever el derrumbe del edificio de la empresa local subcontratada ya que las auditorías de RSC ponen el foco en otras cuestiones.

b) Sí porque después de dos décadas de trabajo en RSC, las condiciones laborales en ciertos países no han mejorado mucho, y parece evidente que pagar un salario con el que es imposible subsistir con dignidad no puede considerarse responsabilidad social, aunque el trabajador no sea propio sino de una empresa subcontratada.

El problema es que la RSC no parece mostrar capacidad por sí misma de corregir un modelo de negocio que se fundamenta en unos vectores opuestos a los que un modelo sostenible requeriría. Ante esto, la RSC sólo puede poner alguna limitación, correctivo, compensación… No es sencillo. A la RSC, tal como la están llevando a cabo en estos sectores, se le escapan cosas:

A menudo, aunque las empresas subcontratadas tengan rotundamente prohibido subcontratar de nuevo sin permiso, cuando no pueden soportar los plazos lo hacen, de manera que las condiciones laborales quedan ocultas a las marcas. Pero esto se da por el hecho de que existe una presión enorme en las fechas de entrega, lo que acaba facilitando el «tú cumple los plazos y no me cuentes cómo lo haces».

El edificio que colapsó un día después del descubrimiento de grietas había pasado dos auditorías de empresas occidentales. Según Eva Kreisler, coordinadora de Ropa Limpia, «esto demuestra que el sistema no funciona, que las auditorías y los códigos de conducta son insuficientes».

Ante las auditorías, en muchos casos los capataces instruyen a los trabajadores sobre qué responder. Y quien se aparte de la respuesta marcada es despedido, tal como aportaba un informe de Ropa Limpia donde se decía que: «Las auditorías tienen más que ver con asegurar pedidos que con la mejora del bienestar de los trabajadores, por eso los gerentes hacen sólo cambios cosméticos para impresionar a los auditores y no mejoran nuestras condiciones».

Pero, sobre todo, hay un problema de competencia feroz en el sector, que tiene como consecuencia una camiseta fabricada en Bangladesh que se vende a 20 euros solo tenga unos costes laborales de 1,5 céntimos (según el sindicato Industriall, que representa a 50 millones de trabajadores en todo el mundo).

Para algunas empresas lo más razonable en su gestión de riesgos es aguantar tanto como puedan, deseando que no pase nada. Y si por mala suerte la desgracia ocurre, lo más fácil de cara a su reputación es marchar: cut and run, pirar. Es la política de tierra quemada. Por ejemplo, Walt Disney, la empresa que más vende vía licencias en el mundo, ha anunciado que abandona Bangladesh. Y quizá otros también lo hagan. Pero esta no es la solución. Otros continuarán trabajando ahí, y si quedan las compañías con marcas de menor valor, quizás las exigencias serán menores y las condiciones laborales aún empeorarán. Por ello, las ONG quieren que se queden, que den trabajos y salarios dignos y que ejerzan presión para que mejoren las leyes y se apliquen. Ellos sí pueden hacerlo. De hecho, la corrupción es cotidiana en Bangladesh, y las autoridades locales muestran gran interés para atraer negocio textil, y muchos políticos ya se han convertido empresarios (como es el caso de Sohel Rana, el propietario del edificio, ya detenido).

Otro grupo de interés implicado son las compañías auditoras. No quiero dar a entender que su trabajo sea fácil. Pero se dan ciertos aspectos que no parecen suficientemente responsables. Ya no me referiré a la típica discusión sobre el hecho de que la misma firma realice tanto las consultorías como las auditorías y otras malas prácticas que terminan poniendo en riesgo la veracidad de la auditoría. Me referiré a la credibilidad de su firma ante la opinión pública. Si la firma del auditor no es meramente un grafismo técnico administrativo sino que realmente pretende aportar una credibilidad, ¿donde está la auditora cuando la auditoría no ha demostrado fiabilidad? Seguro que se pueden dar explicaciones. Deberían darlas. O explicar en qué han fallado. O proponer que se debería corregir. Porque de lo contrario este agente tan relevante de la cadena de la RSC se convierte meramente en un proceso sin valor añadido. Por sentido de responsabilidad, los auditores deberían dar la cara, salir del armario y explicar la relación entre los hechos y sus trabajos.

Pero hay otros grupos de interés. El más importante sería la gente que, en tanto que cliente o ciudadano cabreado, puede ejercer el castigo comercial y reputacional. Pero no parece que esta misma semana, los mil muertos de Bangladesh hayan comportado ningún titubeo a la hora de entrar a comprar en los comercios de moda barata. Las ONGDs hacen sus campañas y van llegando a la gente. Pero la gente tiene muchos problemas, y finalmente cree que corresponde a los poderes públicos garantizar el respeto a los derechos humanos. Con la crisis económica, aun se hace más difícil pedir el compromiso en la compra. A la gran mayoría se le hace difícil percibir la relación de causa – efecto entre la falta de respeto a los derechos humanos en países del Sur y la desindustrialización que hemos sufrido los procesos con menor valor añadido. La tendencia era inevitable, pero no habría sido tan drástica exigiera ciertas condiciones en los países donde ahora se hace la producción.

Podríamos también hablar de grupos inversores y de bancos. Pero es evidente su i-responsabilidad. Como el rey, no consideran que deban tener ni asumir ninguna responsabilidad ante la sociedad. Sólo hacen su trabajo de acuerdo con sus intereses privados. Se limitan a decir que cumplen la ley ya defender el libre mercado, aunque a menudo hagan fraude de ley y por otro lado la ciudadanía tenga que pagar para evitar que entren en quiebra.

Pero no nos podemos dejar los poderes públicos. Comprendemos que las relaciones internacionales no son un marco apto para la ética. Sabemos que la Organización Mundial del Comercio impide que se puedan introducir condicionantes éticos o de derechos humanos. Sabemos que en las puertas de la Unión Europea sólo podemos cerrar el paso a los productos que, por ejemplo, tengan un componente tóxico o supongan un peligro para los niños… pero no podemos preguntar por la manera como han sido producidos o los impactos que han generado.

De hecho, la RSC tiene un doble carácter :

Por una parte, en contextos locales con marcos legales desarrollados, la que se produce en empresas que buscan la excelencia social, y que encuentran en el diálogo con los grupos de interés una oportunidad para innovar.
Por otra parte, en las cadenas globalizadas, la que actúa como sustituto de una legislación efectiva que garantice los derechos humanos.

Mientras que el primer modelo se debería potenciar ahora mismo y desear que aumente en el futuro, el segundo modelo de RSC deberíamos desear que desapareciera por innecesario. Es decir, porque la legislación y las garantías del cumplimiento hubieran hecho innecesario este sentido sustitutorio de la RSC. Vale la pena mostrarlo así, porque de otra manera, si no se entiende que hablamos de modelos diferentes alguien puede extender este sentido crítico hacia la primera, y considerar que también el otro modelo -que no es sustitutivo de ninguna ausencia, sino innovador y desarrollador- debe tender a desaparecer.

Creo que los estados deberían poner más determinación en estos aspectos, aunque sea de manera indirecta. Por ejemplo, puede que no podemos evitar la entrada de los productos «manchados de sangre» pero se podrían explorar sanciones y cargas impositivas para las empresas que tengan malas prácticas en la cadena de abastecimiento fuera de la UE. En todo caso, sí creo que la RSC podría dar más de sí misma, por medio de tres vías:

Con grandes marcas que opten por marcar la diferencia, y hagan un pacto con su clientela, con la sociedad. Esto implica una gran determinación empresarial, pero también una gran conciencia ciudadana, y la predisposición a pagar más por la moda de bajo precio. Bajo pero no tanto.

Con autorregulación a través de grandes acuerdos sectoriales, abordando la lógica conflictiva de buscar precios más baratos y al mismo tiempo pretender el cumplimiento de unos mínimos laborales. Reformulando el modelo productivo (aceptando un mayor costo laboral, mejorando la gestión de los plazos, procurando relaciones a largo plazo con los proveedores…).

Con implicación de los stakeholders para inducir y asegurar estos compromisos. A través de diferentes vías y resortes, los clientes, el regulador, los inversores, las ONGDs, etc., deben encontrar maneras de fortalecer los compromisos y detener la lógica de crecer desde un modelo insostenible desde el punto de vista de los derechos humanos.

Josep Maria Canyelles

Experto en Responsabilidad Social de las Empresas y Organizaciones. Promotor del think tank Responsabilitat Global. Promotor de collaboratio, iniciativa para los Territorios Socialmente Responsables. Coordinador de la Comisión de RS de la Asoc. Catalana de Contabilidad y Dirección. Asesor técnico de la Cámara de Comercio de Barcelona en materia de RSE. Colaborador de la Asoc. para las Naciones Unidas en materia de RS. Asesor de gobiernos en RS. Ha realizado una comparecencia parlamentaria en la Subcomisión de RSC del Congreso de los Diputados en calidad de experto. Colaborador docente de diferentes universidades y programas formativos de alta dirección.

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