Por Helena Ancos
Desde hace tiempo somos muchos los que nos preguntamos si la RSC tiene la fuerza y el vigor suficiente para ir marcando una hoja de ruta alternativa al modelo económico imperante. Y esta inquietud se acrecentaba a medida que la fuerza de los acontecimientos económicos en España ha ido ahondando la brecha social provocada por el divorcio entre lo macro y lo micro, entre las políticas públicas y las aspiraciones de los ciudadanos, entre los intereses de la mayoría y los de ciertos grupos de interés.
Más allá de definiciones y de su justificación voluntaria u obligatoria, el desarrollo sostenible es la auténtica razón de ser de la RSE. La RSE surgió como un nuevo paradigma económico, ético y vital, donde todos, y no sólo las empresas, estamos implicados. Una suerte de destrucción creativa que requiere de cambios tecnológicos y de nuevos modelos productivos pero también de innovación institucional y educación para el cambio.
De ahí que, como decíamos en la primera parte de este post, el Business case de la RSE y el moral case sean compatibles y necesarios, sencillamente porque estamos hablando de niveles distintos de la responsabilidad social y de incentivos para aclimatarnos al nuevo modelo. Desde un punto de vista estratégico, la sostenibilidad que queremos conseguir es un bien público, y los bienes públicos necesitan de esfuerzos cooperativos a todos los niveles, incluido el ineludible compromiso personal.
Es aquí precisamente donde han surgido las mayores reticencias empresariales a la RSE y donde se está fallando. La libertad de empresa se esgrime entre bambalinas como dogma negador de las bondades de la RSE, aunque éstas sean tan persuasivas como la reducción de costes, tan empáticas como el compromiso de los trabajadores, o tan atractivas como la fidelización de los clientes. La libertad de empresa como motor de modelos de gestión empresarial autónomos y excluyentes de la competencia.
Es por esto que la identificación de la responsabilidad social con la gestión de los bienes públicos y la gestión de riesgos a nivel macroeconómico, se haya hecho de forma a todas luces insuficiente. La responsabilidad social ha de asociarse de forma prioritaria con la gestión de los riegos a nivel macro y micro, y con una promoción decidida de la coherencia de políticas a través de la evaluación de costes. La transparencia sin duda facilitará la construcción de puentes entre ambos niveles. Es aquí donde la regulación cobra su verdadero sentido.
Es necesaria una estrategia coordinada a nivel macro que sepa identificar prioridades complementarias de actuación. Sin embargo, la penetración del discurso de la RSC en políticas públicas vitales para la recuperación económica ha sido muy tímida. No es una cuestión de recursos económicos y humanos, sino de contraste entre lo proclamado como necesario y los medios disponibles para alcanzarlo.
La RSC necesita de perfecta capilaridad para avanzar. A nivel micro, la RSC en las grandes empresas se ha quedado atascada en el gobierno corporativo. Y son muy pocas las organizaciones empresariales y líderes realmente comprometidos.
Las pymes por su parte, aparecen capturadas en muchas ocasiones por medidas legislativas que tienen un desigual impacto en las grandes, medianas y pequeñas empresas. Cuando hablemos de incentivos para la RSE y de un nuevo marco institucional hay que tener todo esto en cuenta.
La RSE no crecerá sólo movida por un efecto top-down sino también bottom-up. La RSE ha de fluir por todos los poros de la sociedad. Y ahora es el momento.
No hay que huir de los fallos de la RSC sorteándola o desviando la atención a través de la promoción de la innovación o de los emprendimientos. No hay que pasar página a la RSE como decía recientemente Manuel Escudero. Una y otros son necesarios pero forman también parte de la RSC, junto con el buen gobierno corporativo, las políticas laborales o la integración de los Derechos Humanos en la cadena de valor. No son sustitutivos ni hay que renunciar a unos a favor de otros más amables, menos arriesgados o más rentables en la cuenta de resultados.
Pero no pasemos página. No matemos a la RSE antes de que nazca.
Helena Ancos Franco
Coordinadora del Programa de Trabajo de Responsabilidad Social Empresarial del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Representante en la UCM de la RedUNIRSE, red Iberoamericana de Responsabilidad Social Empresarial y Promotora en la Universidad Complutense de Madrid de la Red Interuniversitaria de Responsabilidad Social Empresarial. Ha sido Abogado y Profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Europea de Madrid y en el Centro Universitario Francisco de Vitoria y en el Centro Universitario de Estudios Financieros de Madrid. Sus actuales líneas de investigación se centran en la búsqueda de modelos jurídicos y económicos que promuevan la rentabilidad de los negocios y el desarrollo social, así como mecanismos de colaboración público-privada para el desarrollo.
