Greenpeace se refirió a las conclusiones del informe de la Contraloría General de la República chilena, publicado el día de ayer, que señala las graves irregularidades por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas, para la aplicación de medidas que previenen el agotamiento de los recursos hídricos en el país.
Según indica el reporte, que comprende el análisis de los planes de acción entre el 1° de enero de 2016 y el 30 de junio de 2020, el órgano encargado no habría dado “cabal ni oportuno cumplimiento” para prevenir y evitar el agotamiento de acuíferos para cada cuenca.
“Lo que reporta la Contraloría son hechos gravísimos, como que para las 101 cuencas en Chile, hay sólo dos Planes Estratégicos de Gestión Hídrica publicados. No hay información, ni estaciones de monitoreo suficientes que permitan saber cuál es la cantidad y calidad, tanto de las aguas subterráneas como de los ríos”.
Estefanía González, coordinadora de campañas en Greenpeace.
Señaló además que “demuestra lo que las comunidades y las mismas organizaciones ambientales hemos denunciado, respecto que el problema del agua en Chile no sólo es por la sequía y el cambio climático, sino que tiene que ver por cómo se gestiona el agua, en un contexto donde sólo el 2% de total del agua del país se utiliza en agua potable y saneamiento”.
La Contraloría en su informe, “corroboró que esa entidad (DGA) no ha ejecutado en forma eficaz y oportuna los aludidos planes para las 101 cuencas del país, toda vez que contaba, al 19 de febrero de 2021, de 2 planes publicados; 3 planes en proceso de publicación; 9 en ejecución; 13 en proceso de licitación; y 18 en elaboración de bases de licitación, para un total de 45 planes que abarcarían 58 cuencas.
Desde la organización además, puntualizan sobre la falta de acción del Estado, a través de órganos como la DGA, donde hay responsabilidades sobre la crisis hídrica, más allá de la sequía y factores del cambio climático, donde el Estado sigue sin asumirlas, y ha hecho caso omiso de sus facultades”, afirmó la vocera de la organización.
Sobre esto, señalan que desde la propia ONG, se ha solicitado, vía ley de transparencia, conocer cuántas veces se han utilizado facultades que tiene la DGA para suspender temporalmente derechos de aprovechamiento de agua subterráneas cuando se esté afectando la fuentes hídricas, obteniendo como respuesta que dicha facultad nunca ha sido implementada por el este organismo, desde su establecimiento.
González indicó que “esto requiere de acciones concretas; la ciudadanía ya no necesita más excusas asociadas a que no hay presupuestos, a que no hay funcionarios suficientes, ya que hoy las pocas herramientas que hay en los organismos públicos para gestionar de mejor manera las aguas en Chile, no se están utilizando, y como si fuera peor, hay incumplimientos graves respecto a las funciones, como es el caso de la DGA, en un momento en que el 50% de las comunas del país ha estado bajo decretos de escasez hídrica al comenzar el 2022”.
Desde la ONG agregaron que el llamado es al Gobierno a implementar medidas inmediatas, y “no responder a través de excusas y utilizar las atribuciones que hoy la ley permite a los organismos públicos, que permitirán avanzar en esta materia y al mismo tiempo, ver que hay elementos muy importantes como la consagración del derecho humano al agua, la garantía de los equilibrios de los ecosistemas, en los que debemos avanzar de manera urgente”.
