En un nuevo esfuerzo por proporcionar a los usuarios un control más directo sobre su historial de ubicación, la nueva política de Google genera controversia. El epicentro de la disputa es el uso de «órdenes de geovalla» y el delicado equilibrio entre la protección de datos personales y la capacidad de las fuerzas del orden para utilizarlos en investigaciones, de acuerdo con Mashable.
La empresa, al restringir prácticas que podrían considerarse invasivas a la privacidad de los usuarios, pone de manifiesto un dilema clave de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Reconoce que las acciones tecnológicas tienen consecuencias más allá de las fronteras comerciales y afectan directamente la vida y la privacidad de las personas.
Google reforma su política de navegación
En un reciente anuncio, Google reveló cambios sustanciales en su política de servicios de ubicación que podrían tener repercusiones más allá del ámbito del uso individual de los teléfonos móviles. La nueva política permite a los usuarios almacenar su historial de ubicación, conocido como «Timeline», directamente en sus dispositivos en lugar de mantenerlo en la nube. Además, Google acortará el período de retención de datos (predeterminado de tres meses) y ofrecerá a los usuarios la opción de eliminar datos relacionados con ubicaciones específicas.
Aunque el historial de ubicación ya era una función optativa, la empresa ha facilitado a los usuarios activar o desactivar estos controles mientras utilizan Google Maps. Este enfoque refleja un esfuerzo de la empresa por aumentar la transparencia y la facilidad de uso en relación con las configuraciones de privacidad, otorgando a los usuarios un mayor poder sobre la información que comparten y cómo se utiliza.
Sin embargo, estos cambios también limitan directamente los esfuerzos de las fuerzas del orden que han utilizado la recopilación de datos de Google como herramienta de investigación. A través de las llamadas «órdenes de geovalla» o «órdenes de ubicación inversa», los investigadores han logrado legalmente obligar a las empresas tecnológicas, principalmente Google, a proporcionar datos de historial de ubicación para identificar los movimientos de personas en cualquier área, ya sean sospechosas o no.
Un cambio para frenar las «órdenes de geovalla»
Estas órdenes de geovalla han experimentado un aumento significativo en los últimos años. Según Google, la compañía recibió 11,554 órdenes de las fuerzas del orden en 2020, un aumento considerable desde las 982 en 2018. El año pasado, la cifra se disparó aún más, con Google informando de 50 mil citaciones, órdenes y otras solicitudes legales solo en la primera mitad del año, según NPR.
Organizaciones defensoras de la privacidad denuncian tácticas de vigilancia como «inconstitucionales», instando a prohibir la práctica. La Electronic Frontier Foundation (EFE por sus siglas en inglés), entidad sin fines de lucro, sostiene que las órdenes de geovalla violan la Cuarta Enmienda al permitir búsquedas generalizadas en el historial de ubicación, sin dirigirse específicamente a individuos y obligando a Google a buscar en su conjunto de datos para identificar usuarios o dispositivos en una ubicación y tiempo determinados.
Argumentan que la única «evidencia» que respalda estas órdenes es que ocurrió un delito en una zona específica y que el perpetrador probablemente llevaba un teléfono celular que compartía datos de ubicación con Google. La Cuarta Enmienda protege contra búsquedas e incautaciones irrazonables y establece que las órdenes de registro deben ser específicas y dirigidas a individuos o dispositivos particulares.
Reacciones y desafíos legales
El aumento en la aplicación de estas órdenes ha llevado a reacciones significativas. En 2022, Nueva York reintrodujo un proyecto de ley que prohibiría a las fuerzas del orden estatales obtener datos privados de los residentes. En 2023, el primer caso de una orden de geovalla llegó a un tribunal federal con el respaldo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y las defensorías públicas de todo el país.
La organización sin fines de lucro sostuvo en un escrito de intervención como tercero que se debe limitar el uso de pruebas recopiladas mediante estas órdenes. Un juez federal en Virginia dictaminó que el uso de la orden de registro era inconstitucional. Grupos bipartidistas de legisladores también han expresado su preocupación por los peligros potenciales de permitir este tipo de búsquedas generales por parte de las agencias gubernamentales.
Impacto en manifestantes y derechos reproductivos
Estas órdenes de geovalla, al igual que las órdenes de palabras clave similares, han generado temores sobre la privacidad de los manifestantes y de aquellos que buscan servicios de aborto. En 2022, tras la derogación de las protecciones de privacidad bajo Roe v. Wade, grupos de privacidad advirtieron que los datos de ubicación y el historial de búsqueda podrían usarse para procesar a personas que viajan para obtener abortos. Poco después, un legislador de California presentó un proyecto de ley para abordar el impacto potencial de estas órdenes en la salud reproductiva.
Electronic Frontier Foundation ha destacado el uso de órdenes de geovalla como un medio utilizado para obtener datos de ubicación de manifestantes en dos eventos específicos: después del tiroteo policial de Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, y después del asesinato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. El señalamiento de la EFF sugiere que estas prácticas plantean preocupaciones sobre la privacidad y la posibilidad de que se utilicen para monitorear o rastrear a manifestantes pacíficos.
Perspectivas divididas y argumentos a favor
Quienes respaldan el uso de órdenes de geovalla creen que los beneficios superan los peligros potenciales, considerándolas herramientas de investigación importantes que agilizan el trabajo de las fuerzas del orden en la resolución de delitos locales. Según una declaración dada a Forbes, Google confirmó que la reciente revisión no solo tiene como objetivo empoderar a sus usuarios, sino también «poner fin explícitamente a tales búsquedas generales de ubicación».
Estas búsquedas son solo una de las muchas tácticas de vigilancia preocupantes por parte de gigantes tecnológicos y funcionarios de la ley. Descubrimientos recientes sobre la capacidad de las agencias de aplicación de la ley y los organismos gubernamentales para monitorear datos de notificaciones automáticas de individuos han alimentado temores similares sobre la privacidad. El 14 de diciembre, Apple actualizó silenciosamente sus políticas para hacer más difícil a los investigadores obtener dichos datos.
Privacidad, vigilancia y el papel de las grandes empresas tecnológicas
Aunque los investigadores aún pueden solicitar los detalles completos de la cuenta de un individuo, la nueva política de historial de ubicación de Google aborda simultáneamente las preocupaciones sobre la privacidad y retira la decisión de permitir o no órdenes generalizadas de las manos de legisladores y jueces, al menos por ahora.
Este cambio en la política de Google, aunque destinado a fortalecer la privacidad del usuario, ha generado controversia al cuestionar el equilibrio entre la necesidad de la aplicación de la ley de acceder a datos para investigaciones y la protección de la privacidad de ubicación de los usuarios.
Finalmente, la discusión sobre la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas en el ámbito de la privacidad está lejos de concluir, pero este paso de Google marca un hito significativo en la conversación en curso sobre cómo las empresas tienen responsabilidad en equilibrar la seguridad pública con la preservación de los derechos individuales en la era digital.
