Por Javier Visoso
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con su propia página web, “tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar de manera definitiva, otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad”.
El primer punto a destacar es si realmente está cumpliendo su compromiso de tratar asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad. En las últimas resoluciones en materia penal, hemos visto un cumplimiento trunco o disfuncional de esta tarea. Si cumpliera con este tema, tal vez los ciudadanos estaríamos viendo resoluciones en contra de quienes infringen la ley y secuestran, matan y extorsionan a la sociedad mexicana.
Pareciera que la Suprema Corte no trabajara en México y que no se diera cuenta del estado de emergencia en el que vivimos. Pareciera no notar que todos los días los ciudadanos vivimos secuestros, extorsiones, asesinatos e injusticias derivadas de la impunidad.
Este máximo y honorable tribunal, tuvo su primera nota en medios con el caso de Florence Cassez, donde salió a explicarnos a los ciudadanos que entendiéramos su postura, pues lo que analizaban no era si la señora era culpable o inocente, sino si se había seguido o no un proceso adecuado para juzgarla y habían determinado que no, por lo tanto, debía de salir libre.
El análisis que un máximo órgano debe realizar, tiene que ser exhaustivo y debe visualizar todas las aristas. Por eso es la última instancia jurídica de la Nación.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”.
Ante esta premisa, yo me pregunto, ¿cómo es que el Máximo Tribunal de la Federación se ha encargado de que las leyes aseguren la reparación del daño causado, especialmente cuando, al dar seguimiento a un proceso, pareciera olvidárseles el motivo por el que inició?
En el caso Cassez, el Tribunal Superior olvidó que ese caso inició porque la francesa privó de su libertad a terceros y terminó resolviendo únicamente a favor de la delincuente olvidando que se debía reparar el daño que ésta había causado.
Pese a la inconformidad de la ciudadanía, la Suprema Corte parece no entender cuál es su papel, parece no asimilar el estado de emergencia y de transgresión de la seguridad nacional que vivimos en México y parece no darse por enterada de las necesidades y exigencias de justicia de los ciudadanos. Esto lo menciono porque una vez más, la institución olvida hacer un análisis exhaustivo de 360° y vuelve a poner en una situación vulnerable a las víctimas con el caso de infracción cometida por Sergio Vázquez Linas, donde este señor ha sido acusado por el asesinato de una ciudadana, frente a su nieto, con la finalidad de robarle ochocientos pesos.
Seis de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, deciden dar un amparo a este hombre porque “se violó su derecho a tener una defensa adecuada”, dicen los ministros. Cabe mencionar que Vázquez Linas no saldrá en libertad, pero no se tomarán en cuenta las audiencias en las que no estuvo presente su abogado, para efectos de la resolución del juicio, lo cual puede dejar fuera argumentos de trascendencia para hacer justicia a la víctima y a su familia. ¿Por qué no se dicta la repetición de estas audiencias obligando la comparecencia del abogado? ¿Cómo es posible que un abogado defensor no se presente a las audiencias en las que lo que está en juego es la libertad de su cliente?
Es indispensable que la justicia mexicana avance hacia una transparencia, hacia procesos claros y bien llevados que eviten que inocentes caigan en prisión y cumplan penas que no les corresponden. Pero precisamente por esto es que debemos comenzar por exigir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la primera institución que haga su trabajo con plena conciencia, que haga análisis completos, integrales y efectivos que cubran TODOS los aspectos de un caso. Y si algo se sale de su jurisdicción, que se vincule con las autoridades competentes para llegar a las últimas consecuencias de cada caso, pero definitivamente NUNCA debería de dejar aspectos sin cubrir, pues de acuerdo con la Constitución “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”. Con esta simple premisa, podemos evidenciar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tanto presume de ser un ente que analiza y da cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no está cumpliendo con su nivel más básico de responsabilidad en nuestra sociedad.
Busquemos los mecanismos y la unidad ciudadana para exigir que nuestras instituciones funcionen bien, y esto quiere decir, comenzar por el cumplimiento más básico de su razón de ser. En el caso de la Suprema Corte de Justicia: alcanzar el esclarecimiento de TODOS los hechos, proteger SIEMPRE al inocente, GARANTIZAR que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito SIEMPRE se reparen.
Francisco Chávez Visoso
Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. En la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) cursó la maestría en Administración y Mercadotecnia. Desde 2008 ha trabajado en actividades de Responsabilidad Social en empresas trasnacionales de origen mexicano. Actualmente labora en Grupo Bimbo desde donde busca aportar un grano de trigo a la mejora y fortalecimiento de la Responsabilidad Social y la Sustentabilidad.
