Recientemente, unas nuevas normas ambientales en UE, presentadas por la Comisión Europea, pretenden proteger a los consumidores contra las falsas afirmaciones medioambientales e introducen la prohibición del greenwashing y la obsolescencia programada.
De acuerdo con edie, estas actualizadas iniciativas garantizarán que la clientela europea pueda decidir con conocimiento de causa, si están comprando productos respetuosos con el medio ambiente. Los consumidores tendrán derecho a saber cuánto tiempo está previsto que dure un artículo y cómo puede repararse, si es que lo hace.
Nuevas normas ambientales en UE para viejas prácticas
El comisionado de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, aseguró que estas nuevas reglamentaciones responden a la lucha ambiental, ya que «si no cambiamos nuestro comportamiento, si no consumimos menos, si no consumimos mejor, no alcanzaremos el objetivo fijado en el Green Deal. Es tan sencillo como eso».
Añadió que puede ser difícil para los consumidores saber cómo contribuir a contener el cambio climático, por lo que deben estar mejor informados, para que tomen decisiones sostenibles y protegidas de las prácticas engañosas.
Creemos que los consumidores tienen derecho a disponer de la información que necesitan para tomar decisiones sostenibles.
Didier Reynders, comisionado de Justicia de la Unión Europea (UE).
Asimismo, señaló que, como lo reporta un estudio reciente, el 86% de los encuestados quiere una mejor información sobre la duración de un producto y el 82% considera difícil encontrarla
Por ello, para advertir a los consumidores y protegerlos contra las prácticas comerciales desleales, la Comisión de Justicia presentó una iniciativa sobre «capacitación del consumidor para la transición ecológica», que modifica dos directivas existentes: la Directiva sobre prácticas comerciales desleales y la Directiva sobre derechos de los consumidores.
Las modificaciones obligarán a los comerciantes a facilitar a datos específicos sobre la durabilidad y la posibilidad de reparación de los productos. En el caso de la tecnología, como los teléfonos inteligentes, se tendrán que aclarar las actualizaciones de software proporcionadas por el fabricante «de forma clara y comprensible», ya sea en el embalaje o en línea. De igual manera, se introducirá un pasaporte digital de artículos para una gama más amplia y la clasificación «de la A a la G» se convertirá en lo habitual.
Prohibición del greenwashing y de la obsolescencia programada
La propuesta reglamentaria también busca «una prohibición del greenwashing y de la obsolescencia programada». Los vendedores no podrán poner una etiqueta de sostenibilidad en su producto si no existe una certificación o reconocimiento por parte de una autoridad pública para ello, destacó Reynders.
Y se les prohibirá hacer afirmaciones genéricas sobre el medio ambiente, como «respetuoso con el medio ambiente», «verde» o «ecológico», si no pueden demostrar su rendimiento medioambiental. Por lo que el ejecutivo de la UE propuso actualizar la «lista negra» de prácticas prohibidas en virtud de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (DPC).
Asimismo, se restringirá el exhibir una etiqueta voluntaria de sostenibilidad si no se basa en la verificación de un tercero o de un organismo público.
La iniciativa pone el foco en las empresas tecnológicas, con una nueva norma que las obliga a informar a los consumidores «sobre las características introducidas para limitar la durabilidad, por ejemplo, un software que detiene o rebaja la funcionalidad del bien después de un periodo de tiempo determinado».
Esto se hace eco de las demandas del Parlamento Europeo, que pidió a la Comisión que tomara medidas sobre el derecho a la reparación, ya que se han detectado varios obstáculos que impiden a los consumidores arreglar sus aparatos, como son los altos costos, la falta de información, el acceso limitado a las piezas de recambio y las limitaciones técnicas, ya sea por la ausencia de normalización e interoperabilidad.
Reacciones
Gracias a los esfuerzos, The European Consumer Organisation (BECU) ha elogiado a la Comisión por «elevar su nivel de exigencia» en la lucha contra el greenwashing, dado que considera se necesitan urgentemente normas para guiar las compras a través de la jungla de afirmaciones ecológicas, como «neutro en emisiones de CO2» o «sostenible», destacó Monique Goyens, directora general de la BEUC.
Es alentador ver que la Comisión de la UE está abordando las declaraciones verdes engañosas en la propuesta, pero el diablo está en los detalles.
Esperamos que la otra iniciativa para este verano llene los vacíos. La exigencia de que cualquier declaración ecológica sea aprobada previamente sería un buen punto de partida.
Monique Goyens, directora general de la BEUC.
Sin embargo, los grupos ecologistas advirtieron de las posibles lagunas jurídicas, por ejemplo Blanca Morales, coordinadora de la etiqueta ecológica de la UE en European Environmental Bureau (EEB) y BEUC, expresó que se requieren medidas más audaces para prohibir las certificaciones poco fiables, «especialmente en lo que respecta a la neutralidad climática, y enumerar las que se basan en métodos armonizados y sólidos».
En este sentido, aunque la EBB se congratula de que se haya puesto fin al greenwashing, le preocupa que el endurecimiento de las normas medioambientales pueda suponer un aumento del precio. Ante ello, Didier Reynders, comisionado de Justicia de la Unión Europea (UE) dijo que:
Puede que el uso de un producto reparable suponga un costo ligeramente superior. Pero la diferencia vendrá cuando puedas seguir usándolo y reparándolo y no tengas que comprar sistemáticamente un producto nuevo
Una mayor reparabilidad también podría aumentar la competencia, lo que beneficiaría a los consumidores.
Por último, las dos directivas modificadas de la Comisión Europea pasarán aún al Parlamento Europeo y a los países de la UE para su aprobación y posibles cambios adicionales. Y a lo largo de este año se presentarán más sobre la economía circular, con una próxima propuesta sobre la justificación de las declaraciones ecológicas.