El presidente de EEUU apuesta por subir los impuestos a los más ricos y, por primera vez, recortar programas importantes programas sociales
Barack Obama ha enviado esta mañana al Congreso unos presupuestos federales que consolidan la tendencia de reducción del déficit y que incluyen nuevos impuestos y nuevas inversiones en desarrollo, aunque, por primera vez, contemplan recortes en los principales y más costosos programas sociales del país. Su valor fundamental es el servir de plataforma de negociación con la oposición republicana, con cuyos líderes el presidente tiene previsto reunirse esta noche para cenar –en la Casa Blanca esta vez, no en un lujoso restaurante como en la ocasión anterior-.
La política económica de Estados Unidos es una constante incertidumbre desde hace años por culpa del bloqueo político que existe en Washington, donde los demócratas controlan la Casa Blanca y la mitad del Congreso, pero los republicanos son dueños de la otra mitad. Periódicamente el país se ve, como consecuencia, sometido a tensiones que dañan su credibilidad y perjudican su crecimiento.
Como fruto de ese conflicto, en este momento existen en el Capitolio tres propuestas de presupuestos, la de los republicanos de la Cámara de Representantes, que busca una rápida reducción del déficit a toda costa; la de los demócratas del Senado, que preserva la totalidad del gasto social; y la que hoy ha ofrecido la Casa Blanca. Ésta última es, sin duda, la más seria, las más realista y la que con mejor voluntad busca conciliar posiciones diferentes.
Por esa razón, los presupuestos de Obama se han ganado críticas en la derecha, por no ser suficientemente contundentes contra el déficit y por aumentar impuestos a los ricos, y en la izquierda, por atreverse a incluir por vez primera ajustes en las dos grandes estructuras de protección social: Medicare y Seguridad Social.
Esas críticas son, al mismo tiempo, la prueba de que esta propuesta cuenta con algunas posibilidades de ser la base de un acuerdo de largo plazo, un pacto político que, por fin, le de una cierta estabilidad presupuestaria a la mayor potencia económica del mundo por un periodo razonable de tiempo. Empieza ahora, por tanto, una difícil negociación.
“Si queremos seguir reconstruyendo nuestra economía sobre una base más fuerte y más estable, tenemos que ser inteligentes en las prioridades que nos marcamos como nación”, ha advertido Obama al presentar su iniciativa, sugiriendo que unos recortes masivos para reducir el déficit perjudicaría el crecimiento y que una inversión exagerada sin tener en cuenta la deuda pondría en peligro el futuro del país.
“Yo estoy dispuesto a tomar decisiones que no son muy populares dentro de mi propio partido, porque no puede haber vacas sagradas dentro de ningún partido”, ha añadido, “pero no voy a aceptar que la reducción del déficit caiga sobre las espaldas de las familias de clase media”.
En su búsqueda de lo que ha venido en llamarse un “gran acuerdo” (“una gran ganga”, sería el término más adecuado, que parece no materializarse a pesar del deseo presidencial), la propuesta que Obama ha enviado al Congreso contiene un presupuesto de 3,77 billones de dólares que pretende mantener la senda de contención del déficit que ha superado el billón de dólares en cada uno de los últimos cuatro años fiscales. Con el plan de la Casa Blanca para el año fiscal de 2014 –que se extiende desde octubre de 2013 a septiembre de 2014-, la Administración demócrata pretende lograr una reducción del déficit público de 1,8 billones de dólares en la próxima década, según cálculos del Gobierno, y deja el déficit en 744.000 millones. Esta cifra sería equivalente al 4,4% del PIB, y certifica una senda descendente desde el 10% que llegó a alcanzar en los años más duros de la recesión económica. A finales de esta década, el déficit debería de estar en el 1.7%. En la actualidad es del 5,5%.
El plan de Obama – que llega con más de dos meses de retraso, que el presidente atribuye a las largas y estériles negociaciones sobre el abismo fiscal- incluye más de dos dólares de recortes de gastos por cada dólar que el Estado espera recaudar mediante la reducción de beneficios impositivos a los ciudadanos más acaudalados.
Con el objetivo de lograr el ansiado acuerdo con la oposición republicana que saque al país de este impasse, la oferta de Obama incluye un recorte de 400.000 millones de dólares en el programa de salud para ancianos y jubilados conocido como Medicare. También se contempla una reducción de 200.000 millones en subsidios agrícolas, así como otros 200.000 millones en recortes “discrecionales”, el 50% de los cuales se aplicarán en el presupuesto de Defensa.
También se plantea una inversión de 50.000 millones de dólares para proyectos de infraestructura y otra de 1.000 millones para la creación de 15 institutos dedicados a potenciar la producción manufacturera. La propuesta presidencial de establecer un programa federal y estatal para crear un programa de preescolar para los niños de cuatro años de familias con bajos ingresos se financiará con el dinero recaudado de los mayores impuestos que se impondrán al tabaco.
Obama compensará las cuentas con la recaudación de 580.000 millones a través de reformas impositivas, entre ellas la aplicación de la conocida como Regla Buffet –toma su nombre del multimillonario Warren Buffet- que establece que los hogares que ingresen más de un millón de dólares al año deben de tener una carga impositiva de, al menos, el 30%. El presidente plantea limitar los beneficios fiscales a las familias que se encuentran en el tramo de entre el 2% y el 28% más rico de la población.
El quinto presupuesto que presenta el presidente desde su llegada a la Casa Blanca en 2009 incluye una novedad: una nueva fórmula para medir el coste de la vida que reducirá los beneficios de la Seguridad Social, pero sin descuidar la protección a los más vulnerables y a los pobres.
“Nuestra economía está preparada para el progreso, siempre y cuando Washington no se interponga en el camino», ha afirmado Obama en el jardín de la Casa Blanca, en referencia a los continuos desacuerdos entre su Administración y el Congreso, un divorcio político que ahoga al país.
Fuente: El País