Desde que Ursula Von der Leyen fue nombrada como candidata a la Comisión Europea (CE), su presencia ha sido positiva para la región.
Y es que la agenda de Von der Leyen es ecologista, feminista y con democracia, y ante ello, las empresas y gobiernos de esa demarcación se tiene que alinear a estos nuevos ajustes.
Hace unos días, Bruselas anunció la adopción de normas que están encaminadas a favorecer la vida útil de los electrodomésticos, y de esta manera disminuir su impacto ambiental e incrementar el ahorro económico para los ciudadanos.
Para lograr este objetivo, se pondrán en marcha nuevas medidas y obligaciones para los fabricantes: las piezas de recambio de los refrigeradores deberán estar disponibles un mínimo de siete años después de que el consumidor compre el aparato y 10 años en el caso de lavadoras y lavavajillas, que además deberán utilizar menos agua.
La norma española prevé un plazo de tres años menos para la disponibilidad de piezas funcionales de aparatos domésticos.
Esta propuesta entrará en vigor en 2021 y el objetivo principal es disminuir el desperdicio de aparatos electrónicos.
La Comisión quiere evitar que los consumidores compren aparatos nuevos en vez de componerlos y reutilizarlos. Y es que, actualmente, la obsolescencia programada genera más desechos y causa gran impacto climático debido a los gases emitidos en la fabricación de las nuevas máquinas.
La obsolescencia programada ya se encuentra en todos los aparatos electrónicos que adquirimos, esto lo afirma Benito Muros, presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada (Feniss).
A pesar de la sugerencia de eliminar la obsolescencia programada de los aparatos electrónicos, aún no se plantea una penalización por utilizarla en los próximos años.
Datos de El País señalan que los fabricantes aseguran que cumplen esa norma y creen que la renovación de aparatos también se produce, además de porque dejan de funcionar, porque no cumplen sus expectativas, no se ajustan a nuevas tecnologías o prefieren un nuevo modelo.
Con la eliminación de la obsolescencia en lavadoras y lavavajillas, Bruselas calcula que se dejarán de gastar más de 700 millones de metros cúbicos de agua al año.
Además, la Comisión Europea espera un ahorro de 150 euros al año de media por ciudadano —un recorte del consumo de energía anual hasta 2030 equivalente al gasto de Dinamarca— y evitar la emisión de 46 millones de toneladas de dióxido de carbono en poco más de una década.
De acuerdo con una encuesta del Eurobarómetro en 2017, un 77% de los ciudadanos de la UE preferiría reparar sus bienes antes que comprar otros nuevos, pero al final se deshacen de ellos ante las dificultades para subsanar las averías.
La organización europea de consumidores Beuc cree que «los nuevos requisitos de reparación ayudarán a mejorar la vida útil de los electrodomésticos cotidianos, que fallan demasiado rápido».
La nueva norma en contra de la obsolescencia programada normativa afectará a todos los productos que se incluyan.
En los aparatos de uso doméstico, el real decreto ley 1/2007 de defensa del consumidor y el real decreto 58/1988 (artículos 4.5 y 4.6) recogen que «todos los servicios de asistencia técnica están obligados a dar servicio de piezas de repuesto durante al menos siete años» para los componentes funcionales. Este plazo es de cinco para los aparatos con un precio inferior a 60 euros y de dos para los componentes estéticos que no afecten a la operatividad del electrodoméstico.
De esta manera, la norma exige también que los fabricantes, importadores y representantes oficiales de las marcas están obligados a facilitar los repuestos a los servicios de asistencia técnica, oficiales o no, que lo solicitaren, siempre que tengan existencias de los mismos.
Esta es una medida que dará un giro drástico en Europa, se esperan resultados positivos en materia ambiental, y sobre todo en materia económica.
