Olivier de Schutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, estuvo hace un mes en México invitado por el gobierno; se quedó una semana y, a su partida, dejó una declaración cargada de recomendaciones en políticas de desarrollo rural.
El Relator Especial es un cargo que designa el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo con el cual está obligado el Estado mexicano al haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluido el derecho a la alimentación.
Schutter dedica una amplia sección de su declaración final al cultivo de maíz transgénico que, dice, «tiene una resonancia particular en México, dada la importancia del maíz en la cultura mexicana (… y cuya siembra), podría ser un paso atrás en la realización del derecho a la alimentación en México».
Su enfática recomendación es que el gobierno de México suspenda cuanto antes las pruebas de campo de maíz transgénico y que regrese a la etapa de investigación en entornos limitados. No lo dice el relator, pero hay denuncias de siembras comerciales de maíz transgénico en superficies mucho mayores que las autorizadas a nivel piloto.
Los argumentos de Schutter cubren tres aspectos: los riesgos ecológicos del uso de semillas de maíz genéticamente modificadas; segundo, que las semillas que se producen y venden no sirven para mejorar rendimientos en suelos pobres, como es la gran mayoría del territorio agrícola del país, y tercero, que la venta comercial de las semillas y del paquete tecnológico que las acompaña haría dependientes a los campesinos de compras que ahora no hacen y, en la mayoría de los casos, no podrían hacer.
Sobre el primer tema, Schutter sostiene que «el cultivo de maíz transgénico en México plantea graves riesgos a la diversidad de variedades nativas de maíz», debido a que el polen del cereal puede ser trasladado por el viento a grandes distancias. O sea que no es posible suponer que siembras de maíces genéticamente modificados no vayan a inseminar a los maíces criollos de las parcelas vecinas y a provocar la gradual desaparición de esas variedades, las cuales además de enriquecer la biodiversidad de nuestro territorio son el sustento de la principal actividad campesina.
Como dato curioso, hay que decir que Monsanto ha demandado a cientos de agricultores en Estados Unidos que no compraron sus semillas, pero cuyos genes, llevados por el viento, estaban en sus siembras; la transnacional reclama sus derechos de patente.
El segundo aspecto en el que Schutter basa su recomendación de no permitir la siembra de maíces transgénicos en México es que la gran mayoría de las variedades de ese tipo de semillas tiene una eficacia incierta «en los problemas principales (agrícolas de México), como la resistencia a la sequía o la habilidad para cultivar en suelos pobres».
Por el mal uso de agroquímicos, por la quema del rastrojo, por la deforestación y otras malas prácticas rurales, los suelos agrícolas en la mayor parte de México tienen menos de 2 por ciento de materia orgánica, cuando debería de ser de 6 por ciento para lograr una germinación a plenitud de semillas criollas, certificadas o transgénicas.
El tercer aspecto que expone el relator especial de la ONU también es de la mayor importancia: de llegarse a la comercialización de maíz transgénico a gran escala, «y la consiguiente desaparición gradual de las variedades locales», aumentaría «la dependencia de los agricultores en una tecnología que va a transferir recursos a las empresas de semillas portadoras de las patentes sobre las variedades, que constituyen una industria muy acaparada».
En otras palabras, la propagación de maíz transgénico en México llevaría a los agricultores y campesinos a depender de los muy pocos proveedores de esas semillas y demás insumos con que se venden (Monsanto, Dow-Agrosciences y Phi-México), protegidos por derechos de propiedad intelectual que encarecen la agricultura.
El verdadero problema que debe formularse, dice Schutter, es implantar la vía de desarrollo agrícola que sea más eficaz para reducir la pobreza rural y la desigualdad, y que sea sostenible en el largo plazo.
Desde esa perspectiva, pide proteger la biodiversidad del maíz de posibles riesgos que representan los transgénicos y apoyar a las pequeñas unidades agrícolas en el establecimiento de bancos comunitarios de semillas y otros sistemas de preservación de la agrobiodiversidad en el campo, que complementen la conservación de recursos genéticos a cargo del recientemente creado Centro Nacional de Recursos Genéticos.
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*Profesor de la FCPS de la UNAM
Fuente: El Financiero, Opinión, p. 23.
Por: Guillermo Knochenhauer*
Publicada: 8 de juliod e 2011.
