Los relatores de Libertad de Expresión de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) presentaron hoy una declaración conjunta contra las noticias falsas («fake news»), que presionan a las democracias en todo el mundo.
David Kaye, el relator de la ONU, destacó en la presentación que este fenómeno es un «problema» tanto como lo es la respuesta «endémica» de censurar a los medios para combatir las noticias falsas.
La respuesta a las noticias falsas debe ser «consistente con la libertad de expresión», destacó Kaye.
Las noticias falsas siempre han existido y criminalizarlas contraviene la libertad de expresión. Vemos reacciones excesivas en su contra, que van demasiado lejos», concluyó.
Por su parte, el relator de la OEA, el uruguayo Edison Lanza, destacó que en lugar de hablar de «noticias falsas» habría que hablar de «noticias falsificadas».
Lanza opinó que su intención «no es informar, sino incidir sobre el debate público de forma maliciosa».
El relator de la OEA señaló que en las Américas «preocupa cómo actores privados tratan de incidir sobre el debate público norteamericano con noticias falsas y con un efecto contagio para América Latina».
Criticó, en ese contexto, que algunos políticos, como el presidente de EU, Donald Trump, o el de Venezuela, Nicolás Maduro, «se han apropiado del término ‘fake news’ para desacreditar a la prensa».
Por otra parte, recordó la tendencia de «suprimir» emisoras enteras para silenciar el debate púbico.
En ese sentido, recordó el reciente caso de Venezuela, donde se ha dado de baja la señal de la cadena CNN en Español «porque el Gobierno entendía que existe manipulación de la información».
Esta situación está teniendo una incidencia y una implicación muy fuerte sobre el derecho de la gente de recibir información y también sobre el debate público en la democracia», concluyó Lanza.
Por su parte, la relatora de la OSCE, Dunja Mijatovic, reconoció que «no será posible eliminar las noticias falsas».
Sin embargo, democracias o países abiertos van a poder resistir y serán más fuertes con un flujo abierto de información. La libertad se tiene que imponer», aseguró la relatora.
La declaración conjunta presentada hoy no se limita a expresar «preocupación» y «alarma» sobre las noticias falsas y sobre el abuso que hacen algunos políticos del término para desprestigiar a los medios de comunicación.
Además, el documento de cinco páginas presenta una serie de recomendaciones tanto para los medios de comunicación como para los Gobiernos para tratar este fenómeno.
Entre ellas, destaca que prohibir las noticias falsas y criminalizar su emisión no es la respuesta correcta, ya que eso es «incompatible con los estándares internacionales para la restricción de la libertad de expresión».
La declaración insta a políticos y actores públicos a que no «fomenten o diseminen» declaraciones o afirmaciones «de las que saben o deberían saber que son falsas».
De hecho, los políticos deberían «asegurar que difunden información fiable», en particular sobre asuntos de interés púbico, como la economía, la salud pública y el medio ambiente.
La declaración exige, además, que los Estados promuevan un ambiente de comunicación «libre, independiente y diverso».
Eso debe incluir la presencia de «medios de servicio público fuertes, independientes y adecuadamente financiados», destaca el texto, que será traducido a varios idiomas, entre ellos el español.
Al mismo tiempo, los tres organismos piden a los Estados que mejoren la educación digital y sobre el uso de los medios de comunicación, y la incluyan en el currículum escolar.
Fuente: Excelsior
