Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó la Reforma de Seguridad de México, una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en temas de seguridad. En la que se busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional, una corporación de seguridad con más de 130 mil elementos que López Obrador creó en 2019.
Sin embargo, el pasado martes 24 de septiembre, expertos de la ONU lanzaron un comunicado en el que expresan su preocupación ya que podría “aumentar el riesgo” de abusos contra los derechos humanos, incluyendo tortura, detención arbitraria, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Gracias a las investigaciones e informes elaborados por la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), se sabe que existe vasta evidencia que demuestra cómo el uso de las Fuerzas Armadas es una estrategia de seguridad fallida que, además, ha tenido como efecto el aumento en las violaciones a los derechos humanos y en los índices de violencia, así como el debilitamiento de las instituciones de seguridad civiles, entre otros aspectos.
¿En qué consiste la Reforma de Seguridad en México?
La iniciativa forma parte de un paquete de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de López Obrador, el cual concluye el 30 de septiembre. La primera, y más polémica, fue la de la reestructuración del Poder Judicial.
De acuerdo con el periodico Los Angeles Times, el proyecto de reforma prevé que las investigaciones penales estén en manos del Ministerio Público, pero también se den atribuciones en esa materia a la Guardia Nacional, cuyo personal será de origen militar con formación policial. Más del 80% de los 130.000 integrantes de la Guardia Nacional provienen del Ejército y de la Marina, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La propuesta de reforma enviada desde el Ejecutivo por el presidente, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre y está previsto para esta semana que se someta a votación en el Senado de la República.
Según el informe del Canal del Congreso, la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional se avaló en lo particular, con las modificaciones aceptadas, por mayoría calificada de 353 votos a favor y 126 en contra, por lo que se turnó al Senado para su trámite legislativo.
La ONU en defensa de los Derechos Humanos ante la Reforma de Seguridad de México
En el comunicado de la ONU se expresó que desde hace varios años, los expertos y expertas han advertido que México ha incrementado progresivamente el papel de las Fuerzas Armadas en su modelo de seguridad interior, a través de políticas públicas y diferentes iniciativas de reforma legislativa y constitucional.
«Nos alarma que, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional, ésta asignaría de forma permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. El potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante»
Comunicado de la ONU.
Insisten en que la Guardia Nacional debe seguir dependiendo de las instituciones civiles. Y que es necesario fortalecer sus capacidades desde un enfoque de seguridad ciudadana. Además de instaurar los mecanismos para la transparente rendición de cuentas, ya que solo eso garantizará su eficacia.
De acuerdo con la publicación de Forbes respecto a este tema, el presidente López Obrador negó el pasado 20 de septiembre que la reforma implique “militarismo” y “represión”, pero el pronunciamiento de la ONU recordó “que funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas han sido señalados en el pasado por presuntas violaciones a los derechos humanos”. Sin embargo, en su comunicado la ONU señala que:
“También es importante generar las condiciones para un diálogo reflexivo que analice y discuta las acciones a seguir para avanzar en un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública”.
Comunicado de la ONU.
Finalmente, señalaron que están en contacto con las autoridades en este sentido y expresan al Gobierno su disposición a brindar cooperación y asistencia técnica, con miras a garantizar que se respeten los derechos humanos de las víctimas y que cualquier caso de desaparición forzada sea investigado de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
