Funcionarios de las Naciones Unidas y representantes de organizaciones de la sociedad civil exhortaron al Estado mexicano a ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, el cual entró en vigor este lunes y permitiría a menores o a sus representantes llevar sus quejas por violaciones a los derechos humanos directamente a estas instancias internacionales.
La vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Sara Oviedo, explicó en conferencia de prensa que este nuevo Protocolo permite a los niños y adolescentes presentar quejas ante esta comisión relativos a la participación de los infantes en conflictos armados, prostitución de menores y empleo de los pequeños en la pornografía.
Si bien los Estados nación tuvieron desde el 29 de febrero de 2012 para ratificar este mecanismo (fecha de apertura a la firma), México aún no forma parte del mismo, por lo que los infantes mexicanos o sus representantes no tienen la posibilidad de acudir a esta instancia.
En tanto, el representante en México de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, señaló que uno de los problemas existentes en México en materia de atención a la niñez se concentra en la educación.
Explicó que de acuerdo con el censo de población en el país hay casi 39 millones y medio de menores de 18 años, lo que en muchos escenarios se considera como bono demográfico, es decir, la posibilidad de que este contingente de población “sea un motor de oportunidades para México”.
El problema, opinó, es que en el país existen brechas en la atención de la niñez, en particular en materia educativa. Si bien es cierto que en primaria hay 100 % de cobertura, en el bachillerato se reduce a 42.9 por ciento.
Agregó que hay más de 6 millones de mexicanos entre los 13 y 17 años que deben abandonar la escuela por motivos de salud o incapacidad de acceso.
Puntualizó que en el país hay 3 millones de niños que trabajan.
En tanto, el presidente de la Red por los Derechos de la Infancia en México (una de las organizaciones que envía informes alternativos al Comité), Juan Martín Pérez, advirtió que en el país no existe un sistema nacional de garantía de derechos para los menores, de tal manera que temas como vínculos al crimen organizado, trata de menores con fin de explotación sexual o económica, niños trabajadores o que viven en situación de calle, enfrentan la dificultad de que el Estado mexicano no tiene los mecanismos para articularse.
Fuente: El Economista
