El juzgado segundo de distrito con sede en Cancún concedió una suspensión definitiva a la solicitud de amparo –con número de expediente 86/2016– interpuesta por un ciudadano contra las obras de chapeo, desmonte y relleno en el malecón de Tajamar, en esta localidad turística, informó la abogada Isabel González Glennin.
Con esta medida cautelar, explicó, se suspenden en definitiva el desmonte, relleno y obras relacionadas con la construcción, en tanto se resuelve el juicio que enfrenta a los ciudadanos y las autoridades federales y municipales que otorgaron los permisos –el cual ni siquiera se ha iniciado–, lo que, dijo, es un paso muy importante, pues detiene todo trabajo hasta que se cuente con una sentencia definitiva.
Señaló que lo destacable es que el juez no fijó ninguna garantía, como hizo el juzgado cuarto de distrito, que fijó casi 22 millones de pesos a 113 niños que solicitaron el amparo de la justicia por su derecho a un medio ambiente sano.
Antes, el mismo juzgado dictó improcedente el recurso de queja solicitado por el delegado regional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Luis Fernando Cervantes, en contra de la suspensión provisional concedida a un ciudadano por los trabajos de chapeo y desmonte efectuados el pasado 27 de enero en los predios de Malecón Tajamar.
Al respecto, Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), precisó que las tres suspensiones provisionales, otorgadas por igual número de juzgados de distrito de Cancún, amplían la suspensión de los trabajos de desmonte y relleno en el Malecón Tajamar.
Al encabezar una protesta frente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de esta ciudad e interponer una denuncia colectiva con 917 firmas, manifestó que en Quintana Roo y el país entero se debería declarar luto nacional, en vez de celebrar el Día de los Humedales, que se conmemora cada 2 de febrero en el mundo.
La activista denunció que empresarios siguen violentando la medida de suspensión que dictaron varios jueces y la que dictó Profepa, pues hay trabajadores que siguen afectando el manglar, con machete, todos los días, para evitar que crezca.
Si se concediera a Fonatur la ampliación de la MIA, que vence el próximo 8 de febrero, sería otra irregularidad, porque está en litigio. El modelo de desarrollo que ofrece Fonatur es devastador, inconsistente; atenta contra lo social y lo económico y devasta la naturaleza, sentenció.
Fuente: La Jornada
