Cientos de colaboradores se encuentran contratados bajo el esquema de outsourcing, un modelo laboral que en los últimos años ha adquirido popularidad en todo el país.
Hace unas semanas se decía que este modelo de subcontratación podría derivar prácticas ilegales como el establecimiento de un patrón sustituto, el uso de contratos temporales de 30 a 90 días para los empleados que realizan trabajos permanentes, o múltiples maneras para evadir el pago total o parcial al IMSS a través de honorarios asimilables a salarios.
El sector privado considera que se trata de una iniciativa anticonstitucional, sin embargo, para el gobierno de México significa una medida urgente que necesita regularización.
Por esta razón hizo un llamado a aquellas empresas que recurren a los esquemas no legales de subcontratación laboral. Incluso, advirtió que perseguirá a las agencias de outsourcing ilegal como delincuencia organizada; y a los patrones que las contraten se les aplicará la ley de seguridad nacional. En ambos casos se podrían alcanzar sentencias desde 14 hasta 20 años de prisión.
Outsourcing ilegal será perseguido como delincuencia organizada: STPS
La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, afirmó que la subcontratación ilegal tiene que ver con el lavado de dinero, la defraudación a los trabajadores y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Infonavit.
Esta situación es más que preocupante, ya que son más de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.
Se considera subcontratación ilegal cuando un tercero contrata a una persona para que el patrón evada sus relaciones laborales con ella.
El outsourcing ilegal afecta debido a que se precariza el mercado laboral y la mano de obra, la estabilidad en el empleo, pago de utilidades, antigüedad de los trabajadores, y sus ingresos por prima de antigüedad, así como liquidaciones, según la titular.
Para erradicar estas malas prácticas, el Procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Carlos Romero Aranda, explicó que se castigará a todas aquellas empresas que ofrezcan el servicio de subcontratación ilegal pero también a quienes lo adquieran.
Al que contrata este tipo de servicios corre riesgos. ¿Qué riesgos puede correr? Que se le inicie una investigación, que se presente la querella respectiva, que se gire orden de aprehensión y que pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión.
Carlos Romero Aranda, Procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).
Defraudación fiscal ligada al outsourcing
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dijo que ha presentado 51 denuncias por defraudación: 31 por empresas fachadas, 15 por facturación simulada y 5 por outsourcing ilegal.
Indicó que la UIF identificó a 1,854 empresas sospechosas, de las cuales siete fueron objetivos por esquemas de operaciones irregulares, como triangulación de recursos, accionistas sin información financiera, prestanombres y disparidad entre lo declarado y lo facturado.
Sanciones
Si se llega a hacer caso omiso, la empresa que preste este servicio ilegal podrá ser sancionada con prisión preventiva oficiosa o condenada hasta con 20 años de prisión.
Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, advirtió que habrá una “persecución” desde el gobierno en calidad de delincuencia organizada contra aquellas agencias de subcontratación ilegal de personal.
Por ello, en los próximos días, la Procuraduría recibirá visitas de la Unidad de Inteligencia Financiera, como del IMSS y el SAT, para iniciar investigaciones por defraudación fiscal y presentar las denuncias que acrediten el delito y la delincuencia organizada conforme a lo aprobado el año pasado en la miscelánea fiscal, y que entró en vigor a partir del 1 de enero.
Lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal, y es en la reforma que entró en vigor este año donde podemos ver los riesgos que tienen tanto los contribuyentes que contraten el servicio de outsourcing como las empresas que prestan el servicio.
También se hizo un llamado a las empresas que actualmente se encuentran en esta condición para que se acerquen al SAT y regularicen su situación.
Quien reciba este servicio a partir de este año corre el riesgo de poder ir a la cárcel, que no tenga derecho a fianza, y poder ser sancionado con más de 14 años de prisión.
Indicó que para el caso de los patrones, que son los que contratan el servicio de tercerización o de outsourcing ilegal, se les podría aplicar el delito contra la seguridad nacional.
“El delito contra la seguridad nacional también permite prisión preventiva oficiosa por encima de 7.5 millones de pesos, pero aquí sí se da la oportunidad para que puedan regularizar su situación fiscal, que paguen todo lo que deben, y a cambio de eso no se va a ejercer acción penal. Por eso es muy importante que regularicen su situación”, planteó.
