La mayoría de los trabajadores en México están contratados bajo el esquema de outsourcing, un modelo laboral que ha adquirido gran popularidad en el país.
El outsourcing es conocido también como subcontratación o prestación de servicios. El término se utiliza para designar el proceso mediante el cual una empresa u organización contrata a otra externa para que se haga cargo de cierta actividad o proceso.
Sin embargo, de esta práctica empresarial se podrían derivar prácticas ilegales como el establecimiento de un patrón sustituto, es decir, trabajar para una empresa y cobrar la nómina en otra, el uso de contratos temporales de 30 o 90 días para los empleados que realizan trabajos permanentes, o las diversas formas para evadir el pago total o parcial al IMSS a través de «honorarios asimilables a salarios».
Outsourcing: ¿Una práctica legal que afecta a millones de mexicanos?
De acuerdo con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del colectivo Frente a la Pobreza, «hay que diferenciar el outsourcing ilegal, necesitamos encontrar formas para aplicar la ley».
Recientemente un grupo de empresarios y especialistas en materia laboral, pidieron el apoyo del gobierno federal para que por medio de tecnologías y otras medidas se lleven a cabo inspecciones a empresas. La finalidad es evitar que estas prácticas continúen afectando los derechos laborales de los mexicanos.
Se trata de una iniciativa que encabeza el Observatorio del Trabajo Digno, que hace un llamado a los empresarios para generar empleo que permita a sus colaboradores mejorar sus condiciones de vida y no solo trabajar para sobrevivir.
Jaime Santibáñez, presidente de la Alianza de Responsabilidad Social Empresarial, afirma que una empresa hace suyas ciertas características como generar fuentes de trabajo digno: «no puedo tener empleados o colaboradores si no los tengo bien retribuidos, con desarrollo personal y posibilidades de ascenso”.
¿Una práctica legal o ilegal?
Si una organización cuenta con los elementos materiales necesarios para hacer frente a sus obligaciones laborales, esta figura no viola en absoluto los derechos de los trabajadores. Por el contrario, al no tener dichos elementos, la empresa podría estar violando la Ley Federal del Trabajo.
El debate sobre este esquema surgió desde el momento de su nacimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que esta figura era inconstitucional, ya que consideró que desvirtuaba los derechos laborales; además estableció que el trabajo no podría ser objeto de comercio, y que esta figura representaba un arrendamiento de trabajadores.
No obstante, en los últimos criterios emitidos por el máximo tribunal de nuestro país existe una tendencia de «legalizar» este sistema de trabajo.
Para TallentiaMX —una asociación conformada por empresas de tercerización que impulsa la industria de subcontratación legal en México—, los esquemas de outsourcing ilegal no existen.
«El outsoursing no tiene nada que ver con esquemas de evasión o simulación laboral»
Elías Micha, director general de TallentiaMX, dice que el régimen de subcontratación es legal y se encuentra regulado. Todo aquello diferente o que lastime los derechos de los trabajadores no debe ser llamado o confundido con la subcontratación.
TallentiaMX es una asociación dedicada a impulsar la administración responsable y profesional del talento humano mexicano a través de la promoción de iniciativas, conocimiento y políticas públicas.
Propuestas para mejorar
Se ha propuesto plasmar una definición jurídica clara de la subcontratación, y desarrollar una certificación para las empresas del sector a través de una Norma Oficial Mexicana con 120 variables. De esta forma las organizaciones comprobarían el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el respeto de los derechos de los trabajadores.
Se requiere un marco regulatorio articulado en lo fiscal, laboral y de relaciones entre empresas que ayude a encontrar en la subcontratación un mecanismo de respeto a los trabajadores, fomento del empleo y fortalecimiento a la economía.
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) planteó que los contratos de servicios de tercerización sean certificados y regulados ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
