La Asociación Latinoamericana de Oxobiodegradables echó “chispas” ante el GDF, académicos y empresarios al no comprobar que su tecnología tiene éxito mundial.
Este nuevo “descalabro” de los comercializadores de aditivos agrupados en la Asociación Latinoamericana que comanda Silvestre Montes, después de las modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos del DF en el 2009, podría evitar que los establecimientos mercantiles cobren por las 15.4 millones de bolsas que entregan diariamente en la ciudad de México.
La semana pasada en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal que encabeza Esther Orozco, los sectores involucrados en la producción de bolsas, analizaban la aprobación de una Norma Ambiental para que la regulación entrara en vigor en el segundo semestre de este año.
Sin embargo, el resultado de la reunión es que no hay manera de sacar la Norma por dificultades técnicas, lo que evidenció que el único fin del uso del aditivo no es la “sustentabilidad ambiental” para beneficio de la población, sino que hay otros intereses económicos de por medio.
Haga cuentas: según el GDF, el aditivo aumentaría el precio de cada bolsa hasta ocho veces en el proceso de producción, sin contar la maquinaria que tendrían que adquirir los productores mexicanos, en su mayoría microempresarios.
Además, la venta de los aditivos oxobiodegradables dejaría alrededor de 100 millones de dólares a empresas como Phoenix Plastics, Willow Ridge Plastics, EPI Environmental Plastics, Wells Plastics, Plastikrom y Symphony.
Lo curioso del asunto es que no se sabe quién está detrás de este jugoso negocio, aunque la Asociación Latinoamericana de Oxobiodegradables buscó después de la reunión a la secretaria de Medio Ambiente, Martha Delgado, para tratar de imponer a la brevedad la norma, la que afectará para bien o para mal a más de 1,000 Pymes mexicanas dedicadas a esta actividad.
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