Por: Helena Ancos
En estos días en que se ha hablado tanto de la amenaza de una Europa a dos velocidades y en un escenario europeo centrado nuevamente en lo económico con las medidas extraordinarias de un nuevo Acuerdo que trate de poner freno a la montaña rusa financiera, resulta oportuno traer aquí el debate de las RSE a múltiples velocidades, o mejor dicho de la necesidad de avanzar de forma paralela en medidas que resulten permeables para todo tipo de empresas y que incidan en todos los aspectos de la sostenibilidad.
Queremos gestionar una transición hacia una economía sostenible, pero el panorama se vislumbra sin medidas de fomento claras o más bien escasas, con grandes ajustes presupuestarios y recortes del gasto público, y con problemas importantes de competitividad, sobre todo en España.
No se trata sólo de “aplaudir el espíritu empresarial y la voluntad asociada de asumir riesgos” sino de no tirarse a la piscina sin agua. Las pymes generan más de la mitad del valor añadido total del sector no financiero de la economía y a ellas correspondió el 80 % de todos los puestos de trabajo creados en Europa en los cinco últimos años.
¿Cuál es el margen entonces para promover las iniciativas de responsabilidad social en las pymes, con verdadero impacto y sin un marco favorable o más bien hostil?
Y es que las PYME se enfrentan a importantes deficiencias del mercado en el ámbito financiero, en la investigación y la innovación, que socavan las condiciones en que operan y compiten. La situación se ve empeorada por dificultades burocráticas así como por la persistencia de rigideces en los mercados laborales a escala nacional.
La Comisión europea es consciente de que el entorno nacional y local en el que operan las PYME es muy variado, así como la naturaleza de las propias PYME (desde microempresas, pasando por empresas familiares, empresas de la economía social, y empresas con muy variadas actividades). Por tanto, las políticas que abordan las necesidades de las PYME deben tener plenamente en cuenta esta diversidad y respetar íntegramente el principio de subsidiariedad.
No obstante, en estas últimas semanas han visto la luz iniciativas comunitarias de distinto sesgo que pretenden establecer un marco común para el adecuado desenvolvimiento del principio pensar a pequeña escala. Porque a las pymes y a las empresas sociales también les conciernen las normas de competencia, de reglamentación bancaria, de contratación pública, la simplificación de trámites de funcionamiento o el acceso a los Fondos estructurales aparte de hacer frente a dificultades específicas por su tamaño o por su ámbito de actuación.
La primera por orden cronológico ha sido la Iniciativa en favor del emprendimiento social se aprobara el pasado 25 de octubre, el mismo día que la Comunicación de la Comisión sobre la Responsabilidad social de las empresas, recalcando así la complementariedad de los emprendimientos sociales con la RSE.
La necesidad de este paquete venía dada por el hecho de que las empresas sociales por sus propias características presentan un alto grado de responsabilidad social y medioambiental y además tienen el valor añadido para el tejido empresarial europeo del desarrollo de puestos de trabajo de difícil deslocalización ante la amenaza de la competencia internacional, que mejoran la cohesión social y territorial, y en nichos de mercados altamente innovadores tanto a nivel técnico como social; en definitiva, lo que muchos consideramos un auténtico crecimiento inteligente. Fijémonos en un dato curioso: en Francia, las bajas por enfermedad en las empresas sociales son menores que en todas las empresas en su conjunto: el 5,5% frente al 22%!!!!
Entre las medidas clave para apoyar el emprendimiento social en Europa se incluyen
– un marco normativo europeo para los fondos de inversión solidaria,
– el instrumento europeo de microfinanciación Progress,
– la movilización de los fondos europeos FEDER y FSE introduciendo una prioridad de inversión en empresas sociales,
– otorgar más valor al elemento de calidad en la adjudicación de contratos públicos,
– la mejora del entorno jurídico (estatuto de la fundación europea, estatuto de la sociedad cooperativa o la legislación en materia de mutualidades)
– aparte de las ya clásicas de mejora de la visibilidad del emprendimiento social.
El segundo bloque de iniciativas fue aprobado el 23 de noviembre. En un informe presentado por la Comisión se establecen una serie de iniciativas tendentes a aligerar la carga normativa de las pymes. Las PYME afirman que su principal obstáculo es el cumplimiento de las normas administrativas. Las PYME soportan una carga reglamentaria y administrativa desproporcionada con respecto a las empresas de mayor tamaño. Para ellas, cumplir la normativa puede ser diez veces más caro que para las grandes empresas . A partir de enero de 2012 la Comisión:
– tratará, siempre que le sea posible, de eximir a las microempresas del cumplimiento de la legislación de la UE o introducir regímenes especiales para minimizar la carga normativa que se les aplica.
– reforzará los procesos de consulta a las microempresas y otras PYME en la preparación y revisión de la normativa comunitaria
– elaborará anualmente indicadores para evaluar los beneficios reales para las empresas.
Finalmente, el paquete más reciente fue aprobado el pasado día 7 de diciembre, el de la mejora del acceso a los recursos financieros, EU Action Plan: helping SMEs access more financial resources
Básicamente, las medidas propuestas van encaminadas a preservar el flujo de créditos a las PYME y mejorar su acceso a los mercados de capitales, aumentando la visibilidad entre los inversores de los mercados de PYME y las participaciones en PYME y reduciendo los requisitos administrativos y reglamentarios. Entre las medidas que se incluyen destacaremos las siguientes:
– Un reglamento en materia de comercialización de los fondos de capital riesgo: los inversores de capital riesgo podrán captar fondos más fácilmente en toda Europa en beneficio de las empresas de nueva creación. Con el establecimiento de un código normativo único, los fondos de capital riesgo podrán atraer más compromisos de inversión de capital y desarrollarse.
En el contexto actual de crisis, con la asfixia del crédito para las pyme, acceder a este tipo de financiación resulta muy interesante sobre todo cuando según datos de la Comisión, una empresa que cuenta con inversores de capital riesgo a largo plazo obtiene mejores resultados que una que se ve obligada a recurrir a financiación bancaria a corto plazo. Este hecho se explica en general, por el riguroso control que los fondos de capital riesgo efectúan antes de invertir en una empresa. Y además tendrá sin duda un efecto llamada sobre formas de financiación adicionales. Además, el crecimiento de los fondos de capital riesgo redunda en una mayor disponibilidad de capital para cada empresa y permitirá a los fondos especializarse en sectores con gran potencial como la biotecnología o la atención sanitaria.
– garantías financieras por valor de 1 400 millones de euros en el marco del Programa de Competitividad de las Empresa y las PYME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs, COSME).
– El Reglamento de Fondo para emprendedores sociales junto con la promoción de instrumentos financieros en el marco de la política europea de cohesión social (2014-2020), coordinando la iniciativa COSME con las medidas estatales.
– el Banco Europeo de Inversiones mantendrá su actividad de préstamo a las PYME a un ritmo sostenido, próximo al nivel de 10 000 millones de euros registrado en 2011.
– Propuestas legislativas para mejorar el acceso de las pymes a los mercados de capitales que incluyen medidas para hacer más visibles los mercados de las pymes (en la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros) y las participaciones de pymes (en la Directiva de Transparencia)
– O la propuesta para acelerar en los Estados Miembros la implementación de la Directiva 2011/7 sobre morosidad en las transacciones comerciales cuyo plazo límite de trasposición estaba previsto para marzo de 2013.
Para aplicar toda esta ambiciosa agenda política, la Comisión propone una asociación política entre la UE y los Estados miembros que respete los principios de subsidiariedad y proporcionalidad lo que sitúa la carga de las iniciativas del desarrollo de todas estas iniciativas a nivel nacional. Esperamos que el nuevo ejecutivo lo tenga bien presente en su agenda.
www.ucm.es/blogs/ICEIrsc
@helenaancos
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1 “Models to Reduce the Disproportionate Regulatory burden on SMEs”, mayo de 2007.
2“Absence au travail pour des raisons de santé dans l’économie sociale”, Chorum, abril 2011. http://www.cides.chorum.fr
Helena Ancos Franco
Coordinadora del Programa de Trabajo de Responsabilidad Social Empresarial del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Representante en la UCM de la RedUNIRSE, red Iberoamericana de Responsabilidad Social Empresarial y Promotora en la Universidad Complutense de Madrid de la Red Interuniversitaria de Responsabilidad Social Empresarial. Ha sido Abogado y Profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Europea de Madrid y en el Centro Universitario Francisco de Vitoria y en el Centro Universitario de Estudios Financieros de Madrid. Sus actuales líneas de investigación se centran en la búsqueda de modelos jurídicos y económicos que promuevan la rentabilidad de los negocios y el desarrollo social, así como mecanismos de colaboración público-privada para el desarrollo.
