El reto que enfrenta el país ante la necesidad de nuevos empleos y de mayor desarrollo en diversos sectores clave para el país confluyeron en la firma de un acuerdo público-privado en favor del desarrollo nacional con una visión de responsabilidad social e inclusión, por parte del gobierno federal y gremios empresariales.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que este organismo empresarial junto con la Federación se comprometieron a trabajar para eliminar la pobreza en seis años, acabar con la corrupción y generar el desarrollo económico y social que requiere la nación, manteniendo un crecimiento de 4% en los indicadores económicos.
Sin embargo, aclaró que las inversiones que se requieren no deben desviarse del objetivo que hoy requiere México, que es dejar en el olvido la “obsesión por el desarrollo macroeconómico” y en su lugar debe apostarse por la economía incluyente con visión social.
Expuso lo anterior al realizar la firma del acuerdo entre el gobierno federal y el CCE para promover la inversión y el desarrollo incluyente.
Este acuerdo busca poner la inversión en las prioridades del país y tendrá dos mecanismos como ejes rectores, que son fomento del empleo y crecimiento económico.
Indicó que el Presidente López Obrador será el encargado de priorizar y evaluar los proyectos, para así establecer la ejecución de los mismos con métricas de seguimiento y evitar todo tipo de acciones de corrupción.
Calificó de esencial el eliminar la pobreza con impulso a inversiones en proyectos productivos que se supediten al desarrollo sustentable para que más mexicanos accedan a la educación, salud, entre otros, teniendo especial atención a los más necesitados.
“Se requiere inversión y cohesión social, debemos apoyar adecuadamente a proyectos rentables en regiones que no han crecido como es el sur sureste del país, así como sectores de la agroindustria y energía e impulsar a empresas medianas y pequeñas”, consideró.
Puntualizó que el sector empresarial tiene el planes de invertir en más de 1,000 proyectos de toda índole en los siguientes dos años, abarcando sectores educativos, salud, asistencia social, medio ambiente, infraestructura de comunicaciones, etc.
Propuso fortalecer cuatro áreas prioritarias que son el sector energético, donde “se deben cumplir los contratos de inversión suscritos entre empresas y el sector público para incrementar la producción de petróleo, gas y energía eléctrica, fomentar las energías limpias y renovables”.
También en infraestructura de transporte, carreteras, puertos, puentes, ferrocarriles y aeropuertos que mejoren la conexión entre las regiones.
El tercero es la inversión social, en educación, salud, agua y saneamiento para lograr un desarrollo incluyente y finalmente apostar al desarrollo del sur sureste en energía, servicios, agroindustria así como en la integración de cadenas productivas.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, declaró que en la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, órgano que representa a 60 importantes empresas en el país, “se hizo el compromiso de invertir este año alrededor de 32 mil millones de dólares, una cantidad importante que va a generar empleos y va a impulsar el crecimiento económico y social del país”.
Agregó que “con el convenio que suscribimos otros sectores de la iniciativa privada del país van también a aportar inversiones en cada una de las ramas de la economía, en el sector agropecuario, en el sector industrial y en el sector de servicios”.
Los presentes y firmantes a este acuerdo subrayaron que el país requiere tener una inversión empresarial equivalente a 25% del Producto Interno Bruto (PIB), que en la actualidad es del 20%, cifra que se ha estancado en los últimos años, por lo que se requiere un trabajo público-privado para garantizar ese crecimiento en ámbitos esenciales que presentan grandes atrasos por falta de inyección de capitales con visión social y responsable.
Pobreza mal endémico de México
El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estimó que aun cuando los ingresos de 40% de la población más pobre en México aumentaran más que la media nacional, como lo sugiere la Organización de las Naciones Unidas, tomaría más de 120 años emparejar la brecha de salarios entre “ricos” y “pobres” en nuestro país.
La desigualdad que existe en el país es extrema porque aun cuando es la economía número 14 del mundo, tiene a 44% de sus habitantes en la pobreza y a 7.5% en pobreza extrema.
Se estima que en México, 74 de cada 100 personas que nacen pobres mueren pobres debido a la desigualdad económica que prevalece en el país, de acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Caos y pérdida millonaria por daños ambientales
En México, la inacción ante el cambio climático podría generar para fin de siglo pérdidas acumuladas comparables a 50% y hasta más de dos veces el PIB actual, que asciende a 1.15 billones de dólares.
Para el año 2020, metrópolis como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey podrían tener pérdidas que rebasarían los mil millones de dólares anuales por mermas en la productividad debido a los problemas climáticos, indica la UNAM.
Infraestructura en salud, en ruinas
En cuestiones de salud, la Secretaría federal del ramo detectó 306 obras de hospitales inconclusas en todo el país, de las cuales 180 se encuentran suspendidas por diversas razones, según informa esta dependencia.
Los resultados del Plan Maestro de Infraestructura indican que de las 180 obras. Suspendidas, 47 son hospitales y 132 centros de consulta externa. La razón por la que se encuentran suspendidas es porque no se garantizaban los requisitos mínimos indispensables para su construcción y/o funcionamiento.
