El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el Estado tiene un largo camino que recorrer para universalizar el goce efectivo de los derechos humanos, por lo que anunció será presentado un paquete de reformas legislativas en esa materia.
En ese rubro el mandatario instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República (PGR) dar todo su apoyo institucional y coadyuvar en las investigaciones sobre el caso de las mujeres extranjeras violadas en Acapulco y que permitan dar con los responsables, no obstante que esos hechos están en el ámbito estatal.
Tanto en ese como en otros casos se debe ocupar a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno, «asumir plena responsabilidad y sobre todo emprender acciones específicas que permitan que las instituciones encargadas de seguridad pública actúen con mayor eficacia», indicó.
En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto comentó que su gobierno trabaja con las autoridades estatales para dar mejores resultados en materia de seguridad.
Recordó que con ese objetivo se establecieron las cinco regiones, que actuarán al unísono y en coordinación, para que nadie eluda su responsabilidad ante el reto y el desafío en la materia.
Detalló que en estas cinco zonas trabajarán los titulares de las secretarías de Gobernación, Marina y Defensa, la PGR y todas las áreas encargadas en materia de seguridad, que ya han tenido reuniones con gobernadores de todo el país para tener claridad de propósitos, acciones y medidas a asumir, así como los indicadores de evaluación.
Todos deberán actuar al unísono y en coordinación para disminuir los índices de violencia que derivan en secuestro, homicidio y extorsión, expuso el mandatario de la República.
Asimismo refrendó que la protección de los derechos humanos es una prioridad de su gobierno y para fortalecerlo se requieren cambios estructurales, por lo cual anunció un paquete de reformas legislativas que se vienen acordando en el Pacto por México entre el gobierno y distintas fuerzas políticas.
El Ejecutivo federal detalló que entre esas reformas está la reparación de daños, la ley reglamentaria del Artículo 39 para normar y acotar la expulsión de extranjeros, así como la reforma a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para adecuarla a la reciente constitucional.
También las reformas de las constituciones estatales y del Gobierno del Distrito Federal en el ámbito de derechos humanos, la ley de uso legítimo de la fuerza pública, la legislación para prevenir y sancionar con eficacia los actos de tortura y la desaparición forzada de personas, entre otras.
El presidente Peña Nieto declaró que estos son pasos fundamentales para consolidar un Estado democrático, defensor y promotor de los derechos humanos.
En el marco de la presentación del Informe de Labores 2012 del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, el gobernante señaló que el Estado aún tiene un largo camino que recorrer para universalizar el goce efectivo de las garantías fundamentales.
Subrayó que «el compromiso de este gobierno con los derechos humanos es indeclinable», por lo que instruyó a todos los miembros de su gabinete y en especial al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a mantener una estrecha relación institucional con la CNDH para trabajar en la prevención de la violación de esas garantías.
El presidente de la República pidió que los servidores públicos de la Federación sean capacitados en esta materia para hacer de ésta una cultura que permee en el interior del Estado y de sus instituciones.
Aseguró que el gobierno federal ya está dando los pasos en ese sentido y una de las medidas que se han tomado es transitar de la estrategia nacional de seguridad pública a una nueva política de Estado por la seguridad y justicia de los mexicanos.
Esta nueva política tiene como uno de sus pilares la protección y el respeto a los derechos humanos, por lo cual insistió en que el propósito es armonizar la agenda de seguridad y justicia y la de las garantías individuales.
Con esa meta se puso en marcha el Programa Nacional de Derechos Humanos, que prevé fortalecer las áreas del gobierno en esta materia y establecer la instancia federal que dé seguimiento a la aplicación de la reforma a las garantías fundamentales.
Establece igualmente la elaboración de un protocolo de actuación para los cuerpos de seguridad en todo el país, así como la depuración y reestructuración del Instituto Nacional de Migración para procurar el derecho de los migrantes de naciones hermanas y fortalecer la seguridad territorial.
Asimismo decreta el desarrollo de una política pública en materia de personas no localizadas que contemple bases de datos, información genética, protocolos de búsqueda y una fuerza de tareas especializada.
De manera adicional, la Secretaría de Gobernación ya trabaja para establecer el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Fuente: El Economista
