Un derecho consagrado en la ley que ordene la inclusión de personas con discapacidad, en la práctica no existe.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, se promulgó la Ley Federal para la Inclusión de las personas con Discapacidad en la cual queda claro sobre la dotación de acceso a los programas sociales, de infraestructura, de apoyos a emprendedurismo, o apoyos para vivienda digna, hay poco en cuanto a promover el acceso a servicios financieros.
Personas con discapacidad con servicios financieros, una «utopía»
Tan solo en México, la población con discapacidad representa un 6%, unos 7.5 millones. En su mayoría padecen de discriminación financiera.
De acuerdo con el Reporte sobre la Discriminación en México, Crédito, que en 2012 publicó la Conapred y que coordinó Ricardo Raphael se sugiere a las instituciones y autoridades elaborar “un inventario sobre la infraestructura” que los proveedores de servicios financieros ofrecen a las personas con discapacidad.
Asimismo, recomiendan acciones para que las personas con discapacidad “gocen de servicios eficientes y adecuados a sus necesidades”.
Por su parte, la senadora Ana Lilia Herrera (PRI), quien pugna porque las empresas del sector, además de productos específicos, incluyan sistemas electrónicos, lenguaje escrito, oral, lengua de señas mexicana, visualización de texto en sistema Braille, dispositivos multimedia o auditivos para que ese sector pueda contratar dichos servicios.
En sus recomendaciones para la “Armonización Legislativa en Materia de Discapacidad”, la CNDH ya establecía en su informe anual 2018 que, tras analizar “ocho leyes federales” pidió “visibilizar la capacidad de goce y ejercicio de las personas con discapacidad que debe reflejarse en su acceso, sin discriminación, a servicios financieros como cuentas de banco y crédito, seguros de vida y gastos médicos mayores; en la posibilidad de realizar por sí mismas trámites para la obtención de documentos oficiales; disfrutar de los beneficios de sus creaciones, entre otras actividades”.
En México, refiere el Centro de Capacitación y Desarrollo Integral (CADI), casi 10% de los hogares tiene al menos a un miembro de la familia con discapacidad y una cuarta parte de las personas con discapacidad tienen empleo y alguna fuente de ingresos.
De acuerdo con Center For Financial Inclusion: las instituciones financieras que quieran atender a las poblaciones con discapacidad pueden empezar con la gran oportunidad que ofrece lo más básico: una cuenta de ahorros.
En caso de no diseñar políticas para las personas con discapacidad, las firmas financieras pierden una gran oportunidad de mercado.
Según el Centro para la Inclusión Financiera: “involucrar a las personas con discapacidad (en los servicios financieros) es esencial al desarrollar políticas, estándares o productos, o cuando se seleccionan tecnologías que permitan el acceso. De no hacerlo así, se corre el riesgo de excluir a un sector de la población que puede representar consumidores de esos productos financieros”.
Datos de Forbes dan un ejemplo acerca de Ecuador, quien actualmente es uno de los líderes regionales en la oferta de créditos a personas con discapacidad.
«En 2018, por ejemplo, el gobierno del presidente Lenín Moreno entregó, vía el Banco del Pueblo, casi 140 millones de dólares en créditos a mujeres del hogar, personas con discapacidad y adultos mayores. Es decir, segmentos sociales que, por lo general, no gozan de ese tipo de apoyos en otros mercados emergentes.
Eso se traduce, de acuerdo con datos de BanEcuador, en créditos para más de 15 mil personas con discapacidad».
