En Dinamarca, se aprobó una reforma al código penal que permitirá castigar con dos semanas de prisión “la mendicidad” en ciertos lugares del país, si es que se considera que alguien genera “inseguridad”.
Esta modificación, que convierte en forzosa la estancia en la cárcel, va en contra la mendicidad en calles peatonales, estaciones, medios de transporte público y supermercados y elimina el requisito de que los afectados reciban primero una advertencia.
La propuesta del Gobierno en minoría liberal-conservador salió adelante con los votos del xenófobo Partido Popular Danés, aliado del Ejecutivo, y del Partido Socialdemócrata, líder de la oposición.
La reforma se produce pocas semanas después de que varios políticos de Copenhague, incluido su alcalde socialdemócrata, criticaran la abundancia de indigentes extranjeros, muchos de ellos de etnia gitana, y pidieran medidas al Gobierno.
«No vamos a aceptar gitanos que creen inseguridad», dijo el primer ministro danés, el liberal Lars Løkke Rasmussen.
Esta propuesta ha sido calificada como vergonzosa y discriminatoria por parte del gobierno. Por otra parte, un grupo de políticos de centro izquierda han votado contra esa propuesta.
Se espera que esa ley deje de tener efecto dentro de los próximos tres años si el Parlamento no aprueba su extensión.
¿Cuántos irían a la cárcel en México si esto se implementara?
En la Ciudad de México se calcula que existen 4 mil 500 personas en situación de calle y se concentran principalmente en 6 delegaciones, pero más del 40% está en el perímetro del Centro Histórico.
Los indigentes están principalmente en las delegaciones: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Álvaro Obregón e Iztapalapa y provienen de entidades como Hidalgo y el Estado de México.
Durante el 2014 y 2015, el número de indigentes en el país aumentó 0.6%, de acuerdo con datos del Partido Nueva Alianza (PANAL).
De acuerdo con el reporte de la CEPAL, integrantes de 12 de cada 100 hogares en México viven en calidad de indigentes y esta problemática no se resolverá con políticas asistencialistas, sino con una estrategia de reinserción social que incluya medidas de fomento al empleo y educación.
