Apple Inc. solicitó a una jueza federal revocar su orden para que la compañía ayude al FBI a hackear un iPhone.
Ello, acusó, por que el Gobierno buscaría con eso un «poder peligroso» a través de los tribunales.
La demanda representa la primera respuesta oficial-legal de Apple desde la orden de la jueza de la semana pasada.
Se basa en argumentos expresados por el director ejecutivo y partidarios de la empresa.
También representa el primer salvoconducto en una disputa judicial que podría sentar un importante precedente y establecer nuevos límites legales en la política entre la seguridad nacional y la privacidad digital.
«Ninguna corte ha autorizado antes lo que el Gobierno pide, ninguna ley respalda un uso tan extenso e ilimitado del proceso judicial y la Constitución lo prohíbe», afirmó Apple.
El Departamento de Justicia propone una interpretación ilimitada de la ley que, de no revisarse, podría provocar repercusiones desastrosas para la privacidad digital, la compañía advirtió en un memorándum presentado a la jueza Sheri Pym.
«El Gobierno dice ‘sólo por esta ocasión’ y ‘sólo para este teléfono’. Pero el Gobierno sabe que esas declaraciones no son ciertas», escribieron los abogados de Apple.
«Si se obliga a Apple a construir el software que quiere el FBI, criminales, terroristas y hackers sin duda verán en el código un gran botín y se esperaría que hicieran casi cualquier cosa por robarlo», señalaron.
Se programó una audiencia para el próximo mes.
La disputa se volvió pública el pasado martes, cuando Pym instruyó a Apple a ayudar al FBI a acceder al teléfono utilizado por uno de los atacantes de la masacre de San Bernardino, California.
Los agentes federales no han podido acceder al teléfono de Syed Farook debido a que no conocen el código de acceso.
El Departamento de Justicia quiere que Apple cree un software especializado para el iPhone con el que podrían saltarse las características de seguridad para que el FBI pueda intentar tantos códigos como le sea posible sin que se borren los datos.
La demanda fue hecha el mismo día en que el director de FBI, James Comey, defendiera la postura del gobierno durante una aparición independiente en el Capitolio, donde dijo a los legisladores que la agencia está buscando software especializado sólo para un teléfono que es parte de una investigación por terrorismo.
Pero Apple alega que el software especializado que quiere el Gobierno no existe actualmente y requeriría de importantes recursos y esfuerzos para su desarrollo, incluyendo el trabajo de entre seis y 10 ingenieros durante dos a cuatro semanas.
Pero la jueza infirió en su fallo que el Gobierno debería cubrir los gastos de Apple.
Fuente: Reforma
