La armadora coreana Kia Motors lanzó ayer, por primera vez, un comunicado oficial en el que demanda certeza jurídica al Gobierno de Nuevo León, cumplir los acuerdos firmados con la pasada Administración y respetar los convenios de confidencialidad.
«Kia Motors México reitera su compromiso con la legalidad y el estado de derecho, por lo que respetará los acuerdos que se realizaron con el Gobierno del Estado de Nuevo León», expresa el comunicado.
«Kia Motors México pide certeza jurídica para la inversión de más de 3 mil millones de dólares, que generará alrededor de 14 mil empleos directos y 56 mil indirectos».
Éste es el primer pronunciamiento oficial por escrito de la compañía después de que Fernando Turner, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León, declaró el pasado 18 de noviembre que los incentivos que prometió el ex Gobernador Rodrigo Medina a la armadora carecen de sustento legal y que se buscará un nuevo convenio.
Seong Bae-Kim, presidente de Kia Motors México, pidió la semana pasada en conferencia de prensa a la actual Administración de Jaime Rodríguez que respete los acuerdos firmados con el anterior Gobierno.
Abogados consultados coincidieron ayer en que la armadora coreana puede quedarse con los beneficios que le otorgó la anterior Administración, incluso a pesar de que dichos apoyos pudieran ser hasta 15 veces mayores a lo permitido legalmente.
Fabián Aguinaco, ex presidente de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, explicó que, aunque la anterior Administración estatal se excedió en sus facultades, la automotriz coreana podría mantener el acuerdo mediante un amparo.
El jurista indicó que Kia tiene amplias posibilidades de ganar el caso en primera instancia e incluso ante la Suprema Corte de Justicia, siempre y cuando preparare bien su defensa.
«La empresa puede plantear que, aunque el Gobierno anterior se saltó las trancas, a ella le generó un derecho que ahora está siendo lesionado», explicó.
Enrique Ambriz, socio del despacho legal Grupo HL, coincidió en la perspectiva legal de Aguinaco, aunque agregó que el Estado tiene la opción de solicitar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de Nuevo León que determine los apoyos que rebasan la Ley de Promoción e Inversión extranjera del Estado.
Esto, según Ambriz, podría nulificar los acuerdos, para luego entrar en una fase de renegociación con la armadora.
De acuerdo con el socio de Grupo HL, cualquiera de las dos partes podría ganar el caso, dependiendo de quién tramite primero el asunto.
«Aunque los funcionarios anteriores fueron más allá de sus facultades», indicó Ambriz, «ello no limita el derecho de Kia a reclamar que le cumplan y, si no lo hacen, dada la naturaleza del convenio, puede demandar ante el Tribunal».
El abogado aclaró que, mientras dure el proceso legal, el Gobierno del Estado tiene que cumplir los compromisos.
«Si no los cumplen (los acuerdos) en perjuicio de Kia, el Estado tiene que pagar las penalidades pactadas en el convenio», dijo.
Fuente: Reforma
