El 17 de octubre se conmemora el Día para la Erradicación de la Pobreza, fecha impulsada por las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, se conmemora un año desde la definición de la Nueva Agenda Urbana tras el proceso denominado Hábitat III, el que concluyó con la Conferencia sobre la Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible en Quito, Ecuador, y a la que adhirieron países de la región. Para la organización TECHO, la coincidencia de estas fechas no es menor, cuando se habla que América Latina es la región más desigual y la más urbanizada en el mundo. Una realidad de la que se desprende que 104 millones de personas viven en asentamientos urbanos en situación de pobreza, denominados también asentamientos informales, tugurios, villas, favelas, campamentos, entre otros -según cifras de ONU Hábitat-. Si se estima la cantidad de personas que vive en ciudades en la región, se devela que 1 de cada 4 personas que reside en zonas urbanas, se encuentra en un asentamiento informal.
Según explica Juan Pablo Duhalde, director de las áreas sociales de TECHO Internacional, “los asentamientos son espacios muy sensibles a las problemáticas sociales, económicas, políticas. Es el territorio latinoamericano donde convergen las desigualdades socioeconómicas, la discriminación, incertidumbre política, catástrofes naturales. Cuando estos factores se activan, los asentamientos son el espacio donde golpean en forma más aguda, como una especie de epicentro”. Según el sociólogo, los motivos que acompañan esta realidad se deben a la situación de exclusión, del mercado y hasta del mismo Estado, que desencadena que millones de personas deban vivir en zonas de riesgo, sin el acceso a servicios elementales como el agua y el saneamiento, en construcciones precarias y en permanente incertidumbre sobre su situación habitacional.
En los informes realizados por la organización en países en América Latina, se desprende que entre los asentamientos relevados, en Argentina (2016), el 98% no cuentan con acceso regular a la red cloacal; en Chile (2017) se observa un aumento en el número de familias desde 2011 hasta 2017 con un total de 40.541 familias que viven en asentamientos o campamentos; en Paraguay (2016) el 50,9% tiene a más de cinco kilómetros de distancia un hospital para servicios de internación y otras complejidades; en Guatemala (2016) en el 69% predomina el trabajo informal; en Costa Rica (2014) el 61,7% no cuenta con acceso al agua potable; y en Nicaragua (2015) 9 de cada 10 asentamientos se encuentra en zonas de riesgo o cerca de ellas.
“Lo que nos da esta combinación de factores es una catástrofe en sí misma de vulneración a derechos humanos que se destapa o se vuelve más visible cuando algo se sacude, como lo han puesto de manifiesto las inundaciones en el sur de la región, los deslaves en Colombia y Perú, los huracanes en República Dominicana y Haití y los terremotos en México. La pobreza y desigualdad son catástrofes de nuestra sociedad y en su epicentro están los asentamientos más excluidos”, expresa Duhalde.
Frente a las situaciones de emergencia, TECHO ha desplegado diferentes acciones, donde una de las principales contribuciones busca ser la información que permita definir las acciones a desarrollar en las comunidades en situación de pobreza que fueron afectadas. Esta fase es en la que se encuentra el trabajo en Puerto Rico, tras el paso del huracán Irma y en Costa Rica luego de la tormenta tropical Nate. Un paso similar se espera dar en Nicaragua, también afectada por la misma tormenta. Este insumo aporta también a la articulación con las autoridades locales, organizaciones y ciudadanía. En el caso de Perú, después de los deslaves, algunas de las labores implicaron la limpieza de terrenos, rehabilitación de infraestructura comunitaria y viviendas. Mientras tanto, en México se trabaja en la planificación de construcciones de viviendas de emergencia. Todo resultado del involucramiento del voluntariado en el trabajo junto con las mismas comunidades y articulado con otros actores de la sociedad.
Para la organización, la implementación de la Nueva Agenda Urbana y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben concretarse en forma urgente y puertas abiertas. “La realidad política y social que enfrentamos en la región exige más que nunca un trabajo conjunto como sociedad. Desde el abordaje estructural en la definición de políticas públicas hasta en el día a día de cada ciudadano y ciudadana, de pensar una sociedad para todos y todas”, indica Duhalde. “Hay comunidades trabajando incansablemente para transformar su realidad, que se organizan y movilizan desde el territorio. La mirada tiene que estar puesta allí, donde la desigualdad de América Latina se expresa con más fuerza y pobladores y pobladoras se disponen con sus propias manos a hacerle frente con su trabajo”, concluye.
Comunicado de Prensa.
