Más de 500 empresarios de Santa Catarina pagaron “derecho de piso” a elementos de Seguridad Pública de dicha localidad, denunció Eugenio Clariond Rangel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Caintra) en Nuevo León.
Al término de la reunión mensual de la cámara empresarial que se desarrolló en el Club Industrial, Clariond Rangel señaló una serie de acciones de extorsión que presuntamente llevaban a cabo los preventivos del municipio conurbado de Santa Catarina.
Luego de que el alcalde panista, Gabriel Navarro, anunciara el cese de 200 preventivos y 60 de vialidad por pérdida de confianza al suponerse su participación en hechos delictivos relacionados con el crimen organizado, los empresarios exigieron una investigación a fondo.
Fue en ese marco en el que los comerciantes de dicha localidad denunciaron las extorsiones y pagos de dádivas hechas por los preventivos en los últimos 18 meses.
El líder empresarial dijo que el ayuntamiento también debe aclarar el por qué se mantenían en nómina a 500 preventivos, de los cuales sólo operaban 250.
Dicha situación fue denunciada como “un vacío de poder” en la localidad e indiferencia por parte del alcalde panista, ya que, dicen, actuó tarde en la depuración de sus cuerpos policiacos, y en la determinación de reestructurar la Secretaría de Seguridad y Vialidad de ese municipio. Eugenio Clariond llamó a las autoridades a “asumir sus facultades y apoyar a los empresarios, ya que cada vez son más frecuentes los abusos policiacos en la entidad”.
Por su parte, Guillermo Dillon, director de la Caintra en la localidad, advirtió que los 66 elementos que se encuentran bajo arraigo pudieran ser partícipes de las presuntas extorsiones hechas a los empresarios.
Piden aclarar indagatorias
En tanto, el director del Consejo Cívico de las Instituciones, Miguel Treviño de Hoyos, manifestó que las autoridades de gobierno deben hacer públicas las investigaciones en torno a los más de 200 elementos preventivos retenidos durante el fin de semana pasado, luego de la denuncia hecha por la Caintra sobre el supuesto cobro por “derecho de piso” o “protección” a 500 empresarios para que se les permitieran operar con normalidad.
“Nosotros hemos estado insistiendo en que el estado revele no sólo el estatus de la condición policial estatal, sino también lo que están haciendo los diversos municipios con los dictámenes que se entregan al organismo evaluador estatal.
“Es necesario que se transparente este proceso sabiendo la ciudadanía cuál es el trabajo que se está haciendo en cuestión de depuración y así podamos ejercer presión”, comentó.
De esta forma, añadió, las autoridades deberán de mantener un control en la forma en la que son tratados estos elementos preventivos; evitando con ello un impacto negativo luego de que los elementos no cubren el perfil requerido ni aprueban los controles de confianza.
“El gobierno del estado tiene la posibilidad de concentrar la información y darla a conocer”, añadió Miguel Treviño de Hoyos.
En el país, de 2006 a 2011, se tienen registradas en los ministerios públicos 24 mil extorsiones, de las cuales se estima que 50% pueden ser por cobros de derecho de piso o venta de protección, según Guillermo Velázquez Valadez, subdirector del Centro de Investigaciones Económicas de Administración y Sociales del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Tal cifra es poco representativa, ya que se estima que sólo se denuncia 10% de los casos, por lo que éstos podrían alcanzar hasta los 240 mil.
Estados como Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Michoacán, Sinaloa y Durango aparecen como lugares recurrentes en las denuncias de las víctimas, según declaraciones de líderes empresariales locales.
Fuente: Eluniversal.com.mx
Publicada: 5 de octubre de 2011.
