El Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, a cargo de la Secretaría de Energía (Sener), pone en duda el cumplimiento del séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) que establece la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de acuerdo con especialistas.
El ODS número 7 subraya que el mundo debe fomentar la energía asequible y no contaminante al 2030, recordando que el sector energético fósil genera 60% de los gases de efecto invernadero (GEI) del planeta.
A nivel internacional, México aceptó cumplir el ODS 7 y modificar su matriz energética para alcanzar 35% de energía renovable al año 2030.
Para alcanzar esto se requiere invertir en fuentes de energía limpia y mejorar la productividad actual en flujo de electricidad, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pierde 10.97% de la energía que distribuye anualmente.
El nuevo acuerdo federal, que modifica estatutos establecidos en el sexenio pasado, inhibe los proyectos de energía renovable y privilegia las centrales de combustibles fósiles.
A pesar de ello, Rocío Nahle García, titular de Sener, justifica esta decisión bajo la premisa de que México tiene actualmente ya una capacidad instalada para generar energía renovable en un 31 por ciento.
Esta capacidad instalada se divide en geotermia: 1.2%, nuclear: 2%, solar: 4.3%, eólica: 7.5% e hidroeléctrica: 16%. Sin embargo, hay que apuntar que las directrices de Naciones Unidas ponen en duda que la energía nuclear deba ser considerada como factor renovable.
Sobre las voces contrarias al acuerdo federal, la funcionaria federal enfatizó que se trata de un grupo de empresarios que tienen una campaña en contra del gobierno, “pero no pueden calumniar o difamar. Nosotros estamos actuando con mucha responsabilidad”.
“Los empresarios tienen derecho a ampararse, sin embargo, debe recordarse que estamos respetando las tres subastas energéticas del sexenio pasado y sus proyectos renovables siguen vigentes”, dijo.
Justificó que México impulsa al sector renovable con las presas hidroeléctricas y los parques solares de la CFE.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dio a conocer la postura de los empresarios y detalló que defenderá sus inversiones en los tribunales para evitar pérdida de empleo, generación de desconfianza de inversionistas y afectaciones de proyectos eléctricos en 18 estados de la República, que representan inversiones por 30,000 millones de dólares.
Actualmente son 28 plantas fotovoltaicas y eólicas privadas en construcción que entrarán en operación en 2024 evitando la emisión de 714,945 toneladas de GEI por mes.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que 23 empresas energéticas se ampararon en relación al nuevo acuerdo federal y seis consiguieron sus respectivos amparos.
Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila (entidad con inversiones importantes en el sector solar), ha detallado que “en estos momentos se tiene gran incertidumbre de las inversiones en energía limpia en la entidad”.
Expresó que tiene diálogo permanente con los empresarios y “estamos a favor de las inversiones privadas y debemos dialogar con el Presidente”.
En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el problema actual en el sector energético se debe a que diversos actores privados estaban apoderados de la generación y venta de energía al sector público. “Buscaban destruir a Petróleos Mexicanos y la CFE, no permitiremos que eso suceda”.
AMLO acotó que “el CCE está en su derecho de acudir a los tribunales, así como nosotros estamos en nuestro derecho de defender el interés de los mexicanos. No estamos en contra de las energías limpias”.
Desde el gobierno piden coherencia
Gemma Santana, directora general de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República, publicó en días pasados un comentario en Twitter señalando que el acuerdo de Sener “no va” con el cumplimiento de las metas sostenibles.
“El Objetivo 7 de la hoja de ruta (de los ODS) a la que se comprometió México con el mundo… claramente señala “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas y todos. Esto no va con la @Agenda2030MX”, escribió la funcionaria acompañando una nota sobre la iniciativa energética de Sener.
Al paso de unos días, volvió a tocar el tema y felicitó al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por posponer sus nuevas reglas energéticas.
Otro actores opinan
Juan Pablo Robert, CEO de la empresa Enlight, indicó que este sector sufre por el desconocimiento generalizado de los compromisos internacionales en energía renovable en México aunque consideró que existen actores públicos que apoyan a la energía renovable, como el gobierno de la Ciudad de México y su proyecto “Ciudad Solar”.
Dolores Barrientos, representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, declaró que AMLO tiene que aceptar que las energías renovables llegaron para quedarse.
“Las renovables no tienen que pedirle permiso a nadie para desarrollarse. Los sectores eólicos y solar son más baratas que la energía fósil, ahora con el nuevo mercado eléctrico a desarrollar en el marco de los ODS se tiene que apostar por la energía renovable”, aseguró.
Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, detalló que «preocupa el estancamiento de México en energías renovables y el retroceso en cuanto al uso de combustóleo; estas decisiones tendrán implicaciones muy graves al futuro cercano”.
Inder Rivera, gerente de Energías Limpias del World Resources Institute en México (WRI México), declaró que “en nuestro país no se puede poner de pretexto la confiabilidad en el suministro energético renovable y se consideré como el pretexto para sacar de operación a la energía limpia”.
Finalmente, Anaíd Velasco, especialista del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, advirtió que “la política energética nacional viola el procedimiento de mejora regulatoria, pues su publicación ignora el derecho a la participación social que por ley debería hacerse para este tipo de actos. Por otra parte, transgrede el derecho humano de acceso a un medio ambiente sano».
