El cumplimiento del Código de Integridad y Ética Empresarial funciona como una medida de control necesaria para que fondos de inversión o bancos decidan si invierten o no en las compañía mexicanas, aseguró Thomas Heather, diseñador el documento.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzó este Código con el objetivo de mejorar las prácticas entre las empresas, como una forma de autorregularse y evitar actos de corrupción en su relación con el Gobierno.
Las empresas adherentes tienen el compromiso de no tolerar la corrupción y el Código es complementario al marco jurídico que debe emanar del Congreso, señaló.
«En la medida que se logren monitorear estas actividades, habrá fondos de inversión que decidan si invierten o no en las empresas mexicanas. Habrá bancos que decidan si van a prestar o no», afirmó.
Añadió que los inversionistas y accionistas de empresas están expuestos a cualquier acto corrupción, como cohecho, con el sector público», destacó.
«Hay fondos de inversión que analizan en base a la información pública y piden a las propias empresas cómo están sus iniciativas en materia de anticorrupción. Hay organismos que hacen una medición y otorga calificaciones en torno del cumplimento de estos objetivos», señaló.
La adopción de este Código llevará consigo el desarrollo de un índice para medir la efectividad de los controles internos en las empresas.
Heather señaló que en el País hay limitaciones para castigar estos actos a diferencia de otros países como Brasil, donde un fiscal independiente contó con los elementos necesarios para perseguir estos delitos en una empresa como Petrobras.
«Padecemos de una serie de limitaciones importantes en el poder Judicial y no hay una estructura de independencia para perseguir estos delitos en el poder Ejecutivo. Es tiempo que el Congreso de la Unión busque la mejor forma de darle credibilidad y que haya una rendición de cuentas y transparencia de manera efectiva. Hay toda una regulación aplicada en el Gobierno a través de la función pública», consideró en entrevista.
Heather señaló que se debe considerar la pertinencia de que un un fiscal independiente sea el encargado de evidenciar actos de corrupción en el Gobierno.
Fuente: El Norte
