Se discute en México la aplicación de un impuesto al refresco azucarado para combatir la obesidad. Se ha intentando desde hace años. Hubo una primera iniciativa formal en la Legislatura anterior en el 2006, pero fue rechazada.
La industria de bebidas se comprometió entonces a una mayor autorregulación. La realidad es que las políticas autorregulatorias de la industria alimentaria y de bebidas no han sido suficientes para reducir el consumo. Es obvio. ¿A qué empresa le va a interesar trabajar para reducir el consumo de sus productos?
En contraparte, es una realidad que en 12 años las muertes por diabetes en México se han duplicado.
Se han ido aplicando impuestos sobre bebidas endulzadas en Francia, Italia, Rumania, Nueva Zelanda y en algunas regiones en Estados Unidos. Ya era hora de discutirse en México, el primer consumidor de refrescos del mundo. En Nueva York, el alcalde Michael Bloomberg propuso prohibir la venta de bebidas azucaradas en tamaño extragrande, como una manera de reducir el consumo desproporcionado de “golosinas líquidas”, incluido refresco, jugos de fruta y malteadas.
En México, el tema parecía descartado cuando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que no habría nuevos impuestos. Y, en efecto, en el Presupuesto presentado por el Ejecutivo no los hubo, pero el Legislativo sí los está proponiendo.
La iniciativa fue presentada por la panista Marcela Torres el jueves, en el Senado –aunque debe pasar a Diputados, que es donde se discute el Presupuesto-, y en esta causa están de acuerdo tanto PAN como PRD, lo que haría mayoría para su aprobación.
La propuesta es aplicar un impuesto de 20%, lo que implica 1.70 pesos por litro de refresco. Ello implicaría disminuir el consumo de bebidas carbonatadas endulzadas de 163.3 a 120.9 litros por persona al año, es decir, en una quinta parte.
Para ello se propone reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de manera similar al impuesto al tabaco, el cual, por cierto, también se busca elevarlo de 7 a 14 pesos por cajetilla, para cumplir con el compromiso firmado por México ante la OMS desde hace años.
El Centro Rudd sobre Política Alimentaria y Obesidad de la Universidad de Yale tiene una estimación de que la aplicación de un impuesto de 20% al refresco generaría en México el equivalente a no menos de 2,000 millones de dólares anuales.
Serían recursos que caerían perfecto para tantas necesidades. Organizaciones como El Poder del Consumidor, que dirige Alejandro Calvillo, respaldada por 47 organizaciones de la sociedad civil, proponen algo congruente: dedicar una parte de lo recaudado a instalar sistemas de purificación de agua en regiones donde no hay acceso al agua potable –se estima que 10 millones de mexicanos no tienen acceso a agua para tomar-, particularmente en escuelas de educación básica. Otra parte propone destinarla a campañas de prevención y orientación alimentaria, así como a la atención de la obesidad y diabetes, y sus complicaciones. La grave situación que vive México por obesidad y diabetes ha sido señalada por innumerables organismos internacionales. El mismo titular de la OCDE, José Ángel Gurría, ha alertado que ello hace inviable el futuro del país no sólo en términos de salud pública, sino en términos financieros.
El argumento de organismos representantes de la industria de bebidas como la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) y de la misma Canacintra, es que ya está comprobado en otras partes del mundo que el impuesto no es eficaz para reducir el consumo de refrescos.
Aunque ello fuera cierto, lo recaudado ayudaría a cubrir los gastos crecientes por obesidad y diabetes, y a mejorar la entrega de agua potable en zonas pobres donde la compra de refrescos les representa una mayor parte de su ingreso.
Ya veremos qué tanto nuestros legisladores se dejarán influir por el intenso cabildeo de las empresas.
Se quedan Mikel y Pablo Kuri
Muy inteligente decisión la de que Mikel Arriola se quede como titular de la Cofepris, así como Pablo Kuri en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Sin duda seguirá siendo importante la aportación de ambos en el rumbo y las políticas de salud pública y sanitaria del país.
Fuente: El Economista
