Las ciudades y el sector energético son la respuesta para lograr el desarrollo sustentable y un ambientalismo real que trascienda. ¿Qué pasaría si todos viviéramos en ciudades compactas, verticales, con 100% de energía renovable y que el sector rural se limitara a garantizar la soberanía alimentaria?
Para finales de 2013, poco más de la mitad de la población mundial vivirá en ciudades y, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, éstas consumen 70% de energía, lo que genera más de 70% de las emisiones de GEI. Asimismo, dentro de 50 años, 90% de la población mundial vivirá en urbes, lo que significa que 90% de los problemas ambientales serán generados en y por éstas.
Con dichos números, los esfuerzos por lograr un desarrollo sustentable y combatir el cambio climático debieran enfocarse en la reconstrucción y replanificación de las ciudades. ¿Qué está haciendo México al respecto?
La planeación, urbanización, política de vivienda, densificación, servicios urbanos, transporte y espacio público, así como el acceso a la educación y el esparcimiento, parecieran temas lejos de lo ambiental. Sin embargo, cuando se garantiza todo esto con calidad, los impactos ambientales disminuyen considerablemente. Más gente que viva en un espacio vertical significa una mancha urbana más pequeña, lo que a su vez se traduce en menor impacto en los ecosistemas que proveen de bienes a la población.
Al interior de las ciudades: una ciudad vertical, compacta, significa menos costos en la distribución y provisión de servicios. En otras palabras, es más fácil, barato y sustentable proveer de agua y luz a 20 familias que viven en un solo edificio, que a 20 casas distribuidas horizontalmente y espaciadas.
Las ciudades no son la principal fuente de GEI de manera directa, pero si son la causa de que el sector energético, ubicado o no en ciudades, sea el primer contaminante.
Para mitigar los efectos del cambio climático de manera seria, las ciudades mexicanas, a través de sus presidentes municipales y el jefe de gobierno del DF, tendrían que estar emprendiendo políticas en materia de energía renovable.
La energía, por ser una atribución federal en cuanto a generación, sólo deja a las urbes la posibilidad de fomentar la generación individual a través de incentivos o subsidios. En este caso, lo más viable es la instalación de sistemas fotovo1taicos (por casa o edificio); la realidad es que sólo el DF cuenta con un incentivo mínimo para las construcciones sustentables, que hasta la administración de Marcelo Ebrard alcanzaba un descuento en el impuesto predial de 30%, en caso de contar con ecotecnologías (energía renovable, eficiencia energética, azoteas o muros verdes y captación y utilización de agua pluvial). Lo que hay que acotar es que a casi ningún municipio le interesa cobrar el impuesto predial por lo difícil que resu1ta administrar de manera precisa el catastro y lidiar con problemas de propiedad.
La solución al tema de las energías renovables tiene dos vertientes, ambas de competencia federal. Primero, se requiere una reforma energética con cambios constitucionales y reglamentarios que facilite y permita la generación, compra y venta de energía por particulares, limitada a energía renovable. Esto crearía un mercado que sustituiría a las termoeléctricas y a la generación por carbón. Al ser inversión privada, los costos subirían, por lo que el gobierno debería intervenir y reorientar los subsidios para proteger a los menos favorecidos. Segundo, ligado a lo anterior, para evitar altos costos de la energía renovable producida con capital privado, el gobierno tiene dos opciones: a) subsidiar de manera directa a los consumidores de energía, identificados como población objetivo; b) generar programas de crédito preferenciales para que ésta pueda adquirir kits fotovoltaicos y/o minieólicos que los hagan autosuficientes. Los recursos para una u otra opción se pueden obtener de la reorientación de los subsidios a los combustibles, que para 2012 ascendieron a 200 000 millones de pesos.
El camino que debemos recorrer es amplio. México se encuentra en pañales en cuanto a legislación y producción de energía renovable, a pesar de ser el país número uno en potencial de generación eólica y ser privilegiado para generación solar y geotérmica.
Volviendo a los deberes de nuestros alcaldes: México es un mal ejemplo en cuanto a manejo de residuos sólidos. Así, tenemos a la ciudad de México, que genera cerca de 12000 toneladas diarias de desechos, con un reciclaje
eficaz pero muy ineficiente e informal, y sin aprovechamiento de las corrientes de residuos que, al descomponerse, generan gas metano (CH4), que es 20 veces más poderoso que el CO2 como GEl. Este gas puede ser aprovechado, ya sea quemándolo para convertirlo en CO2, y disminuir el impacto, o utilizarlo como fuente energética. El gran relleno sanitario de residuos del DF, el Bordo Poniente, carece de aprovechamiento, al igual que miles de vertederos y rellenos municipales en el país.
En el tema industrial, los gobiernos estatales y municipales deberían estar implementando incentivos, regulaciones y sanciones claras y estrictas a los procesos industriales para disminuir los impactos ambientales. Por la parte de incentivos, podrían ampliarse programas de sinergia industrial para que lo que es desecho de una empresa, se convierta en materia prima de otra. Estos programas ya existen en México, pero poco les ha importado a los gobiernos multiplicarlos. Podría obligarse a las grandes industrias a utilizar e instalar energía renovable para autoabastecimiento, y aplicar sanciones estrictas a las industrias más contaminantes.
Los cambios de uso de suelo están relacionados con las ciudades, con su tamaño, planeación, y con la política de vivienda. Una ciudad que no planea donde vivirán sus futuros habitantes, se enfrenta a los Asentamientos Humanos Irregulares (AHI) que por lo general surgen donde el suelo es barato, de alto riesgo o propiedad del Estado; estos terrenos suelen ser montañas, márgenes de ríos o barrancas. Los AHI no sólo aumentan la mancha urbana; destruyen áreas verdes y generan deforestación, también liberan CO2 y eliminan la captura de éste, evitan la infiltración del agua de lluvia a los mantos acuíferos en zonas de recarga y tienen descargas de aguas residuales no reguladas a ríos y afluentes que surten a las ciudades. En este caso, la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) tendrá un gran reto: enfrentarse a los gobiernos municipales y delegacionales para poner en orden a los AHI y supervisar y proponer planeación sustentable para las ciudades.
No hemos entendido que la problemática ambiental no sólo es promover el ahorro de agua o reciclaje; nos cuesta trabajo aceptar que para lograr un verdadero desarrollo sustentable, habría que reformar la constitución y transformar nuestro pensamiento revolucionario; habría que tomar las riendas en un gabinete de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático desde Los Pinos de manera seria y contundente, cosa que por ahora, se le ha olvidado al presidente.
Fuente: Revista Equilibrio No. 57
Publicada: Mayo de 2013
La verticalidad hoy en día no debe considerarse un lujo, sino una alternativa de vida, una necesidad de contribuir al medio ambiente y de tener conciencia de la verdadera importancia de preservar la tierra, pues en pocos años hemos destruido a nuestro alrededor, muchas cosas que hacen que la vida en la Tierra siga. Las ciudades han cambiado, la sobrepoblación es una realidad, las viviendas verticales, son la solución.
En la actualidad, las ciudades se encuentran en peligro, pues mucha gente ya no encuentra un hogar en las zonas céntricas de las mismas, así que para aprovechar la tierra, es necesario construir verticalmente y dar esperanza de vida a muchas familias que tienen actividades de trabajo, escuela o de cualquier tipo en estas grandes urbes.
La Política Nacional de Vivienda consiste en un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana; así como a construir y mejorar la vivienda rural. La Sedatu, será la dependencia de Estado a cargo de coordinar la política nacional junto con los gobiernos locales, municipales y con las instituciones encaminadas al sector vivienda. Nuestro país evoluciona día con día y las desarrolladoras deben apegarse a las nuevas necesidades que tiene la población, se necesitan zonas habitacionales verticales, de calidad y sustentables.