Fanny Cid, vecina del municipio Atizapán de Zaragoza, y Armando Bautista, diputado local petista, preparan una demanda judicial contra autoridades educativas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, por el delito de tráfico de influencias, del diputado Francisco Gárate, actual asesor jurídico del ITESM, por montar una maniobra legal para donar a la institución privada 130 mil metros cuadrados de dominio público.
A sólo 60 días de que la Contraloría del Congreso local emita la resolución sobre la denuncia interpuesta por los inconformes contra regidores y el acalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón, por la donación irregular del predio, el diputado del PT Armando Bautista advirtió sobre “presiones sutiles” de abogados del despacho del ex procurador general de la República Antonio Lozano Gracia contra el contralor general del Congreso local, Victorino Barrios.
Milenio, Estados, p. 35