Con la determinación de proteger a la población en un mercado en el que han proliferado las prácticas monopólicas y la indefensión del consumidor, el Congreso de la Unión aprobó dos importantes recursos legales.
El Senado de la República ratificó el jueves la propuesta de los diputados para reformar la Ley Federal de Competencia Económica. Las reformas posibilitan que la Comisión Federal de Competencia garantice la neutralidad de sus decisiones y evite presiones cuando actúe en la investigación de casos que involucran a poderosos grupos económicos.
El mismo día, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado sobre la Ley de Acciones Colectivas, que protegerá los derechos individuales y colectivos de los consumidores en las áreas económica, de servicios, financiera y ambiental. Las personas podrán actuar en grupos de 30 ciudadanos o más contra empresas que afecten sus intereses como consumidores o causen daños al medio ambiente. Esta ley reducirá la desventaja de los individuos aislados frente a las grandes empresas en el mercado.
Los beneficios de la Ley de Acciones Colectivas no se limitan a quienes hagan una demanda, sino que se extienden a todos los afectados. Este recurso podrá ser usado por entidades como las procuradurías Federal del Consumidor, de Protección al Ambiente, de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia.
Con las nuevas facultades que se otorgan a las instancias responsables de la competencia y la regulación en el país se trata de evitar los abusos y escaladas de precios que llevan a cabo las empresas monopólicas en detrimento de una población cada vez más empobrecida y sin defensas institucionales. Así, el Estado garantiza un mejor funcionamiento de la economía y fortalece la competencia libre y justa.
Con ese objeto se fortalecen los mecanismos para que la Comisión Federal de Competencia determine si uno o varios agentes económicos han acumulado el poder sustancial conjunto en el mercado, para afectar las condiciones de competencia efectiva y fijar precios o restringir el abasto de bienes y servicios.
Asimismo, la nueva legislación prohíbe que un adquirente concentre bienes para disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia; también consolida la política de verificación para que se puedan requerir informes y documentos que se consideren relevantes para las indagatorias.
Entre las ventajas de esta normatividad destaca la protección a los grupos de menores ingresos que son víctimas de la voracidad de las empresas comercializadoras de productos agropecuarios y que, aprovechando la escasez de éstos, a niveles nacional e internacional, han desatado el alza de precios de los principales productos de la canasta básica.
Los legisladores estamos también de acuerdo en la necesidad de imponer sanciones más fuertes a los agentes económicos que incurran en prácticas monopólicas, con una gradualidad acorde a la gravedad de la falta: la mayor de ellas equivalente a 10% de ingresos del agente económico que no cumpla con la ley.
También se impondrán multas a quienes declaren falsamente, propicien prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, en rangos que van del 8 al 10 por ciento de los ingresos o equivalentes desde 175 mil hasta 200 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, independientemente de las responsabilidades penales a que haya lugar.
De igual manera, se sancionará con prisión de tres a diez años, y con multas de mil a tres mil días de salario mínimo a quien fije, concierte o manipule el precio de venta o compra de productos, obligue a no producir o comercializar bienes, divida segmentos del mercado y acuerde posturas o abstenciones en licitaciones públicas.
Las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica propiciarán una mejor coordinación entre las autoridades de competencia y las instancias reguladoras y favorecen la competitividad, la productividad y el crecimiento económico, mientras que la Ley de Acciones Colectivas fortalecerá la capacidad de las personas para la defensa de sus intereses.
Esta legislación no afecta injustamente a nadie; al contrario, protege a los consumidores de los abusos monopólicos como corresponde a un Estado democrático y equitativo. De esta manera, los legisladores priistas cumplimos con nuestro mandato para proteger de abusos a la población del país.
Fuente: El Universal.com.mx
Articulista: Francisco Rojas, coordinador del PEI en la Cámara de Diputados.
Publicada: 3 mayo de 2011.
